Cuarenta y ocho horas después de su tratamien­to, algunos senadores de la oposición tienen dudas sobre lo que aprobaron: el tratamiento del acuerdo Nación-Provincia por el reintegro del 15% de copar­ticipación, las formas en que ese acuerdo llegará a las co­munas y especialmente a las que tienen el sello del Frente para la Victoria (FpV). En la sesión del pasado jueves el expediente recibió aproba­ción, por un lado el PJ es de­cir el FpV, aprobó en general el convenio pero rechazó que el Poder Ejecutivo pue­da endeudarse a través del mismo acuerdo por medio de un fondo especial de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) (ver aparte).

En la sesión de la Cámara alta se leyeron dos dictá­menes, uno del FpV y otro del oficialismo. Cada uno planteaba modificaciones pequeñas, pero a su vez medulares para las partes. El de la oposición quería que los municipios también puedan endeudarse al igual que el Estado provincial, con una tasa del 15%, algo que el oficialismo no quiso y la oposición respondió entonces bloqueando la po­sibilidad de que el Ejecutivo tome préstamos. Esta parte del tratamiento del acuerdo se definió por voto nomi­nal y el FpV logró imponer su postura. Antes, habían votado en general por el acuerdo. Y según lo expre­sado por los legisladores de la oposición, ahora el Ejecutivo no podrá contraer deudas sin antes ir a solici­tar autorización a la Legis­latura.

Todo este laberinto par­lamentario quedó en una encrucijada debido a una sospecha de que el dicta­men final, luego de las ex­posiciones del último jue­ves, haya sido cambiado en su redacción. Los senadores opositores tienen motivos para sospechar: en diciem­bre pasado ocurrió algo similar con el Presupuesto General de este año. Apro­baron una norma para que el Ejecutivo local tome un préstamo pero las cifras son difusas: plantea un endeu­damiento total por $3.500 millones dividido en dos tramos de $1.800 millones. La suma de esta última cifra da $3.600 millones. La diferencia fue adverti­da por este diario a fines de diciembre de 2015, pero los legisladores que se aprontaban para las fiestas de fin de año, no prestaron demasiada atención.

Con el acuerdo entre Provincia y Nación por el 15% de coparticipación ocurrirá lo mismo, por­que ya tiene incorporado por parte del Gobierno nacional la potestad a la Provincia para contraer deudas a través del Fondo de Garantía de Sustenta­bilidad, conocido con la sigla FGS. El expediente aprobado en el Senado pasó a Diputados para esta semana.s

Los términos del convenio

El convenio firmado el 18 de mayo en Córdoba establece que la Nación comen­zará a pagar en efectivo tres puntos de ese 15% a cada provincia en 2016. Y por el 12% restante ofrecerá un adelanto en préstamo del 6%, es decir la mitad, que saldría del Fondo de Garantía de Susten­tabilidad (FGS) de la Anses. Si todas las provincias tomaran el 9% que les ofrece la Nación para este año el desembolso sería de $37.000 millones. Según el texto, ese crédito se cancelará semestralmente en cuatro años y tendrá una tasa de interés subsidiada del 15% en los primeros dos años, 2016 y 2017, y del orden del 12% en 2018 y 2019.

En forma adicional, la Nación irá dis­minuyendo la detracción del 15% hasta quedar en 0 en 2020. Además del 3% que devolverá en 2016, reintegrará otro tanto en 2017, 2018, 2019 y 2020. El convenio deberá ser refrendado por el Congreso y las legislaturas provinciales. Algunos go­bernadores, los del PJ, querían una devo­lución completa en dinero en efectivo. Su idea nunca prosperó.s

Los intendentes también desean una prerrogativa

Algo que también aprobaron los senadores de los dos bloques en el Senado provincial, el oficialismo y la opo­sición, es que los municipios recibirán fondos en cali­dad de devolución del 15%, pero según sus ingresos co­participables. Las comunas más grandes recibirán más recursos y por ahora no podrán acceder a toma de deu­da, cómo sí podría hacerlo el Estado provincial siempre en el marco del convenio firmado con la Nación. Resta saber qué postura tomarán los diputados cuando abor­den el expediente. El PJ sigue sosteniendo que los inten­dentes tienen igual derecho a endeudarse como lo tiene el Gobernador.

Algunos senadores del justicialismo ya lo expresaron cuando se debatió el tema en las comisiones. Los jefes comunales vienen pagando deudas hace tiempo y el Estado provincial no. Desde fines de 2010, cuando in­gresó al Programa Federal de Desendeudamiento junto a otras 17 jurisdicciones, Corrientes licuó sus pasivos y generó otros que deberá hacer frente la próxima admi­nistración. Sin importar el color político, deberán pagar las deudas generadas en los años del colombismo que termina el 10 de diciembre de 2017.s

Fuente:www.nortecorrientes.com