18 de abril de 2016
Día de definiciones en la disputa judicial de Gobierno y Municipio
Esta semana, el Poder Judicial deberá iniciar el camino de solución de la puja política por los descuentos compulsivos que la Administración provincial ejecuta en cobro de las deudas que tiene la Comuna capitalina.
Todo listo para el largo camino de la conciliación en tribunales. Hoy vence el plazo de tres días hábiles que tiene Pedro César Sotelo, fiscal general de la Provincia, para emitir su dictamen respecto de la competencia que puede, o no, tener en este caso el Superior Tribunal de Justicia (STJ). También hoy se conocería el punto de vista del Fiscal de Estado, Carlos Pila, quien debe responder a la demanda iniciada por el responsable de la oficina de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Justo Pío Sierra, el miércoles pasado para frenar los recortes que ejecuta el Gobierno de Ricardo Colombi sobre la Administración comunal encabezada por Fabián Ríos.
El Municipio capitalino insistió con sus presentaciones judiciales y a la demanda iniciada el miércoles pasado para terminar con los recortes de Coparticipación le sumó un pedido de limitación de esos descuentos al 20%, en razón de que este mes ya llega a una media del 40% de lo que debe recibir.
La presentación que hizo Sierra dejó una ventana de negociación, además del pedido de amparo, para interrumpir los recortes, solicitó una audiencia de conciliación para continuar las negociaciones sin la necesidad de recurrir a la demora de esperar un fallo judicial.
Fuentes judiciales, ejecutivas y legislativas consultadas por periodistas de época coincidieron en señalar que están dadas las condiciones para que el fiscal Sotelo dictamine a favor de la competencia originaria del STJ, en razón de que la demanda iniciada por la Comuna es similar a la anterior puja judicial que ambas jurisdicciones terminaron con un acuerdo en las audiencias de conciliación.
La política metió la cola
Aunque los integrantes del STJ ejercitan la prudencia del hermetismo, es conocido que a sus miembros no les agrada colocarse en el sitial de tener que resolver, por la vía jurídica, un conflicto originado por los vaivenes de la política.
No están equivocados, la declaración unilateral de caducidad del convenio firmado el 29 de febrero entre el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, y el intendente Fabián Ríos tiene su antecedente político en la decisión del bloque de senadores del Frente para la Victoria (FPV) al que incorpora el Partido Nuevo (PANU), que en una suerte de “mojada de oreja” al oficialismo resolvió imponer el número y determinó que la estratégica comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdo y Reglamentos, sea presidida por la esposa del jefe del PANU con el “valor agregado” que decidieron que tenga cuatro integrantes de esa entente contra un solitario representante del oficialista Encuentro por Corrientes (ECO).
Claro está que también se quedaron con la conducción en la mayoría de las comisiones y dejaron unas pocas para el oficialismo. Vale reconocer que ECO se comportó de forma similar en la Cámara de Diputados en la que mantiene una abrumadora mayoría.
El reclamo de ECO es el incumplimiento de acuerdos políticos alcanzados en negociaciones institucionales y políticas que se abrieron el 28 de diciembre de 2014, en una cumbre celebrada entre Ricardo Colombi y Fabián Ríos, y se comprobó en la conformación de comisiones del Concejo Deliberante capitalino que garantiza la “Gobernabilidad”, algo que no ocurrió en el Senado y el oficialismo provincial consideró que eso interrumpe la vigencia de los acuerdos de convivencia.
Esa ruptura se tradujo, en los hechos, en el recorte de los fondos coparticipables, justificados en la falta de homologación del acuerdo del último día de febrero entre Vaz Torres y Ríos, sin la firma del Gobernador, algo que el Concejo Deliberante subsanó al día siguiente de iniciados los recortes, acción que no logró detener la furia descontadora provincial.
Ejecutada la medida y declarado el conflicto, en el oficialismo provincial se ejercita la fundamentación de que los convenios del 29 de febrero no cuentan con homologación legislativa, no fueron girados al Parlamento provincial y si llegan podrían pasar el Senado pero ECO tiene número suficiente en la Cámara de Diputados como para enterrar el expediente en lo más profundo de los cajones de las comisiones.
Desde la Municipalidad se argumenta que el periodo de gracia para sus deudas está homologado por la Ley de Presupuesto 2016, en la que ECO accedió a poner una cláusula sobre la deuda comunal a cambio de los dos tercios del Senado y la unanimidad en la Cámara de Diputados para autorización de endeudamiento por 1.800 millones de pesos para obras de infraestructura, con la posibilidad de ampliar ese monto a un total de 3.500 millones si hiciera falta en los próximos meses. Ahora eso parece improbable.
No es la primera vez que la política lleva sus cuitas a los tribunales. El Superior Tribunal tuvo su cimbronazo con el polémico fallo de 2013 que impidió una segunda reelección de los intendentes y obligó a ensayar enroques entre los candidatos y determinó la salida del por entonces presidente del cuerpo, el veterano Carlos Rubín padre, quien tras votar se jubiló.
También tuvieron que intervenir en recortes de fondos anteriores practicados por el Gobierno provincial a la Comuna, pero se llegó a un acuerdo en las instancias de conciliación que abrió el STJ. Como puede verse hoy inicia un camino que puede derivar en un consenso o en una resolución jurisdiccional de una pelea política que se convirtió en un expediente judicial.
Fuente:diarioepoca.com