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EL TIEMPO EN LA CRUZ

29 de noviembre de 2012

La empresa Sertran es investigada en varias provincias por las fotomultas

La Justicia tiene en la mira a Alejandro Abeliansky, apoderado de la firma que monta las cámaras en los municipios y se encarga de la gestión de cobro. La Corte Suprema del Paraguay la declaró ilegal

POSADAS.

Radares, la trampa perfecta. Así tituló el diario El Territorio el informe central del último domingo referido a la multa fotográfica emplazada en Corrientes. Al trascender la información, lectores de este matutino detallaron que la misma empresa, venía operando en otras provincias. De esta manera pudo saberse que en la mayoría de los casos, la firma, estaba siendo investigada por la Justicia. 
Los convenios de locación de servicios con las comunas los firmaba el apoderado de Sertran, Alejandro José Abeliansky. Este establecía que el 70 por ciento de lo recaudado quedaba al empresario y el 30 por ciento restante era para el municipio. De esta manera, se procedió a la instalación de radares en Córdoba, Corrientes, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Jujuy, y la República del Paraguay.  En este último país, la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal el servicio prestado durante cuatro años (Ver: En Paraguay). 
En el municipio santafesino de Calchaquí, la presencia de estos radares se planteó como un presunto interés “desnudadamente delictivo” de parte de la empresa y quedó imputado el jefe comunal.
Sertran nació en la Argentina ofreciendo el servicio de controlar el tránsito para disminuir los accidentes. Poco tiempo después comenzó a ser cuestionada por la aplicación de multas. 
Esto abrió una carpeta de investigación que llevó a comprobar que se creaban infracciones para cobrar exacciones ilegales. Los datos y evidencias llevaron a la Justicia a descubrir el cobro ilegal de infracciones a través de las fotomultas.  
A raíz de ellos, Abeliansky, dueño de Sertran Argentina, es investigado en varias provincias, como ocurrió en Estación General Paz (Córdoba), donde junto al intendente Carlos Borgobello, fueron imputados por asociación ilícita, proceso que permitió que los afectados puedan gestionar la devolución de las multas pagadas.


“Desnudadamente delictivo”
En Calchaquí, municipio del Departamento Vera en la provincia de Santa Fe, uno de los imputados, además de Abeliansky, en el marco de la causa por el presunto cobro ilegal de fotomultas, es el intendente Rubén Cuello. Estiman que fueron aplicadas más de 300.000 multas, cuyos valores iban de los 1.500 a los 2.000 pesos, confeccionadas desde febrero de 2008, cuando comenzó a operar, hasta mediados de 2011, cuando fue dado de baja.  Según publicó el diario El Litoral de Santa Fe, en la citada comuna detectaron “una cuenta millonaria por las fotomultas de Calchaquí”. 
Detalló que se retiraron  4.906.000 pesos en casi tres años. Allí la Justicia descartó el “afán recaudatorio fiscal” del municipio, y postuló un presunto interés “desnudadamente delictivo”. Según pudo constatar, el sistema funcionó “organizada y continuamente desde el 2008 hasta entrado el 2011”.
Según el citado matutino, el más llamativo de todos es el hallazgo de una cuenta corriente en Banco Nación, a nombre de la firma Contactar Telecenter SA, de la que se extrajeron desde septiembre del 2008 a agosto del 2011 la suma de $ 4.906.000 con “destino incierto”.
 La citada firma era operada por Virginia Mónica Guala. La misma persona representa a Extrategic Group SA, la empresa gerenciadora y operadora del sistema junto con Distribuidora Sertran SA, de Alejandro José Abeliansky, este último, socio de Guala.
Luis Octavio Silva, juez de Primera Instancia del Distrito en lo Penal, con asiento en la ciudad de Santa Fe, alertó sobre “una supuesta asociación ilícita u organización mafiosa, imbricada con el aparato del municipio”.
Un dato no menor es la “selección arbitraria y discriminatoria, orientada y direccionada a multar, exclusivamente al universo de usuarios foráneos o nacionales restantes que transitan por el segmento de la  ruta nacional Nº 11 que atraviesa esa ciudad” y une Santa Fe, Chaco y Formosa.


En Córdoba
En la provincia de Córdoba el fiscal de la Cámara de Acusación, Jorge Leiva, dispuso que la causa judicial iniciada por el cobro de fotomultas en la comuna de Estación General Paz sea investigada por el fiscal en lo Penal Económico y Anticorrupción, Gustavo Hidalgo. Esta decisión representa el agravamiento de los delitos a investigar, ya que incluirá el de asociación ilícita.
El caso fue iniciado de oficio por el fiscal del distrito 3 de Córdoba, Carlos Matheu, quien a principios de junio (de 2010) allanó esa comuna y secuestró cámaras y otros elementos para detectar infracciones sobre la ruta 9 norte, a su paso por esa localidad. 
También allanó el Juzgado de Faltas de la vecina Salsipuedes, donde se labraban las actas, y las oficinas de la citada empresa en Buenos Aires. Allí, los efectivos de la División de Delitos Económicos allanaron dos estudios jurídico-contable: en Viamonte al 1300 y en Roja al 1200. Aunque Setran fijó ambos domicilios como propios, allí sólo atendían abogados y contadores. 
“Se trata de una empresa ficticia que monta la estructura de las cámaras y luego se encarga de toda la gestión de cobro: un negocio varias veces millonarios”, indicó uno de los investigadores de Delitos Económicos. 



El informe
El domingo El Territorio  mencionaba la cantidad de radares ilegales existentes en el tramo de la ruta nacional 14, a 240 kilómetros de Posadas. Se detallaban la existencia de aparatos fijos o móviles colocados en los municipios correntinos de Alvear, La Cruz, Bonpland, Paraje Parada Pucheta y Mocoretá. En todos los casos, el prestador privado era Sertran Sociedad Anónima que operaba mediante convenio con cada una de estas comunas. 
En el país, como se destacó en el informe, estos radares no están avalados por la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo que tiene competencia sobre las rutas nacionales del país. Vialidad aconseja no pagar las multas por ser ilegales e  invita, a los conductores a defenderse de este negocio. El principal argumento de los intendentes de Alvear, La Cruz y Bonplan, es que se busca hacer prevención, bajar la cantidad de accidentes sobre la ruta que pasa frente a sus pueblos, y que la empresa con la que firmaron los convenios tiene autorización de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. El juez de Faltas de La Cruz, Sergio Luis Bereciartua, quien debe impartir justicia y juzgar a los infractores, reconoció que cuando se firmó el convenio con la empresa, uno de los requisitos era que “tenía que entregar su firma escaneada y ellos armaban los fallos, yo nunca hice una sentencia”, aseguró.



En Paraguay intendentes comprometidos

PARAGUAY. Cuatro intendentes se exponen a la cárcel en el negocio con Sertran. Es lo que publicó el diario La Nación del Paraguay, el pasado 30 de abril de 2012. 
El citado matutino detalla que el intendente de Ypacaraí, Raúl Fernando Negrete; de Ñemby, Héctor Lucio Lesme; de Hernandarias, Carmen Álvarez; y el actual jefe comunal de Coronel Oviedo, Jorge Morales, se exponen a la cárcel si se resisten a devolver el dinero de las fotomultas a los 200 ciudadanos que solicitaron la devolución del cobro irregular de las multas, en caso de que así resuelva el Tribunal de Cuentas. 
La Corte Suprema de Justicia, luego de dos años decidió el 23 de abril de este año, declarar como ilegal las fotomultas aplicadas por la firma Sertran que hasta ese entonces llevaba cuatro años de funcionamiento en el país. 
Tras conocerse el fallo, varios sectores se movilizaron para accionar contra los municipios a fin de exigir la devolución de todo el dinero desembolsado en concepto de multas.

 

Fuente: www.territoriodigital.com

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