Según los datos del censo oficial de 2022, esto implica que aproximadamente 7.685.436 menores de 17 años están en pobreza y, de ellos, 1.979.397 sufren indigencia. La investigación de la UCA, titulada “Trazando el Camino: Privaciones Estructurales, Avances y Desafíos en los Derechos de la Infancia y Adolescencia. Argentina 2010-2023”, presentó una medición multidimensional que contempla cinco aspectos del desarrollo infantil y adolescente.

A diferencia del Indec, que evalúa la pobreza infantil con su propia metodología y un rango etario de 0 a 14 años, la UCA ofrece una visión más amplia. Según el último informe del Indec del segundo semestre de 2023, el 58,4% de los niños del país son pobres.

Desde 2011 hasta 2023, se observó un incremento en la proporción de hogares con dificultades para acceder a una canasta básica alimentaria, con un aumento más pronunciado en la pobreza.

“El esfuerzo de los hogares y la cobertura de las políticas públicas han sido cruciales para mitigar la pobreza, pero persisten desafíos estructurales en la economía que exigen atención y que impactan en las oportunidades de los hogares y sus miembros más jóvenes”, destacaron desde la UCA. La pandemia de Covid-19 tuvo un impacto significativo y regresivo en diversas dimensiones como salud, educación, crianza y socialización. Aunque fue difícil revertir estos efectos en los primeros años de la postpandemia, en 2023 se evidencian mejoras relativas, aunque persisten las desigualdades sociales.

El estudio de la UCA creó un índice de pobreza multidimensional basado en seis dimensiones de derechos: alimentación, saneamiento, vivienda, salud, información y educación. En 2023, el 56,3% de los niños y adolescentes eran pobres multidimensionalmente, es decir, sufrían al menos una privación de los derechos mencionados. Además, el 16,1% enfrentaba pobreza multidimensional severa, una cifra similar a la de indigencia monetaria infantil (16,2%).

Derecho a la alimentación

El 32,2% de los niños y adolescentes en áreas urbanas de Argentina sufren inseguridad alimentaria y no pueden acceder a alimentos nutritivos y variados por limitaciones económicas. Este índice se ha mantenido en torno al 20% entre 2010 y 2017, pero aumentó al 33% en 2018 y no ha descendido desde entonces. En 2020, la inseguridad alimentaria alcanzó un pico del 37,2% debido a la pandemia. En 2023, el 13,9% de los menores experimentaron «hambre» por problemas económicos.

Derecho a la salud

El 55,8% de los niños y adolescentes no cuentan con obra social, mutual ni prepaga, dependiendo exclusivamente del sistema estatal de salud. Este porcentaje se reduce en los estratos sociales más bajos y en el Conurbano Bonaerense. A pesar de esto, la proporción de menores que no realizaron consultas médicas periódicas (17,3%) ni odontológicas (35,9%) se ha reducido casi a la mitad en comparación con 2020.

Derecho a un hábitat digno

En 2023, un 39,5% de los niños y adolescentes sufrió carencias en servicios básicos como agua corriente, cloacas e inodoro con descarga. Además, el 49,4% enfrentó condiciones ambientales deficientes cerca de sus hogares. Las condiciones de construcción deficientes y el hacinamiento afectaron al 18,7% y 18,4% de los menores, respectivamente.

Derecho a la educación

El 23% de los niños de 3 a 5 años no están escolarizados, aunque se ha observado una tendencia positiva en la asistencia a centros educativos desde 2010. El 82,6% de los niños y adolescentes entre 6 y 17 años asiste a escuelas de gestión estatal, sin diferencias significativas entre educación primaria y secundaria.

Fuente: www.corrienteshoy.com