Por Marcelo Falak

Diez días bastaron para que Javier Milei prendiera todos los motores de sus dos megacarteras: la del ajuste y la de la represión. Este miércoles, cuando los movimientos sociales combativos probarán en la calle cuán en serio va el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, el Presidente realizará su primera cadena nacional para anunciar un controvertido mega decreto de necesidad y urgencia (DNU) que supone, a través de una gran cantidad de reformas y derogaciones de leyes, una desregulación radical de la economía y del mercado de trabajo. En este último sentido, a tenor de lo que ha trascendido, cuesta a priori encontrar una sola medida destinada a mejorar las condiciones de vida de una sociedad que recién se asoma a los rigores del Caputazo.

Si el contenido es controvertido, el mecanismo lo es en una medida todavía mayor.

El plan, de alcance jamás ensayado en democracia y destinado a provocar una tormenta de reacciones, es un nuevo aporte a la patria de un viejo conocido: Federico Sturzenegger.

Uno de los responsables del "megacanje" de 2001 y rostro emblemático de la crisis de ese año, además de presidente del Banco Central de la etapa megaendeudadora de Mauricio Macri, Sturzenegger llegó a la corte paleolibertaria de la mano de Bullrich, para quien había trabajado en este proyecto –lo definió como "un shock de libertad"– junto a un centenar de especialistas.

El DNU, que debe ser remitido al Congreso y que solo caería si las dos cámaras lo rechazaran, apunta, según anticipa Clarín, a un desfinanciamiento de la seguridad social a través de una baja de los aportes patronales; a una extensión del empleo temporario o basura; a una reducción de las indemnizaciones por despido; a la eliminación de multas a quienes contraten personal en negro –de paso, de cualquier posibilidad razonable de denuncia de los trabajadores-; a una desindexación de las deudas por indemnizaciones no pagadas; a la generalización voluntaria del sistema "UOCRA" de seguro de despido y a un recorte de los aportes de los trabajadores a sus sindicatos.

La Nación añade la eliminación de responsabilidades de las empresas tercerizadas en caso de juicio laboral y la distinción entre "salario" y "sueldo" para excluir ciertas bonificaciones de los reclamos indemnizatorios.

Asimismo, contendría cambios a la ley de Empleo Público, la conversión de las empresas del Estado en sociedades anónimas –requisito para su privatización–, el reemplazo de la inversión estatal en obra pública por la privada y –¡por fin!– la reducción de los servicios de choferes y autos oficiales para "la casta". Todo llega, solo es cuestión de tener paciencia.

Legislación de facto

Más allá de la ilegitimidad de la vía elegida, porque nada de lo señalado responde a la tipificación de "necesidad y urgencia" que justifica la gambeta al Congreso que suponen los DNU, sorprendió que desde Presidencia se haya hablado también de la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y de la imposición a nivel nacional de la boleta única de papel. Finalmente, todo indica que eso tendrá la forma de un proyecto de ley. Alguien debe haber reparado en que al Poder Ejecutivo le está expresamente vedado legislar –vía decreto– en materia electoral.

¿A quién se le ocurre que algo de semejante magnitud puede hacerse por DNU, un tipo de decreto que, como se dijo, pasa por el Congreso en condiciones que limitan las potestades del Poder Legislativo? Claramente, a un hombre que en los años previos a su elección como jefe de Estado demostró representar un desafío a la vigencia de las reglas de la democracia.

Lo verdaderamente necesario y urgente sería, en este contexto, que la Corte Suprema le explicara al presidente Milei qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede. ¿Será en previsión de esto que Horacio Rosatti se mostró en TV el lunes a la noche justamente para hablar, entre otras cosas, de los supuestos que justifican los DNU?

Fuente: www.letrap.com.ar