Edesur es uno de los casos emblemáticos de ese comportamiento nocivo del capital privado en un área tan sensible como el servicio público eléctrico. “Somos dos personas de 75 años que vivimos en un sexto piso. Cuando se corta la luz quedamos atrapados. No podemos bajar y subir por la escalera. Entonces salimos cada vez menos porque tenemos miedo que al volver no haya electricidad”, cuenta a este diario un cliente de Edesur que ve toda su vida alterada por el pésimo desempeño de la empresa.

La concesionaria acumula un largo historial de grandes apagones en cada una de las tres décadas que lleva al frente del servicio. Los casos de personas afectadas se cuentan en millones, con cientos de miles que sufren cortes permanentes, en verano y en invierno, que tienen clavada a Edesur como una piedra en el zapato.

Pero el Estado hasta el momento no le ha quitado la concesión.

En cambio, eso sí ocurrió con otras privatizadas que tampoco cumplieron con las promesas de brindar servicios de calidad, expandir la infraestructura, aumentar la producción, otorgar jubilaciones dignas, mejorar la conectividad o agilizar el transporte.

Los antecedentes

“A partir de 1989 se inició en la Argentina un importante proceso de privatizaciones que abarcó a empresas productivas y de servicios, activos públicos como las reservas petroleras, actividades de regulación y hasta el control social como la emisión de documentos de identidad”, explica la investigadora Viviana Cifarelli en un documento del Taller de Estudios Laborales.

“Una de las particularidades de este proceso fue el rápido ritmo con que se llevó a cabo. Existía un gran interés por parte de los acreedores externos, para los cuales las empresas públicas eran la mejor opción para hacer efectivo una parte del capital adeudado a través de la capitalización de la deuda, abrir nuevas áreas de inversión ocupando mercados hasta ese momento abastecidos por el Estado, y consecuentemente multiplicar sus ganancias”, recuerda.

Ese proceso de privatizaciones se llevó a cabo bajo la dirección técnica y financiera de organismos internacionales, como el Banco Mundial, el FMI y el BID, y fue especialmente intenso no solo en la Argentina, sino en numerosos países de América latina.

Se esgrimieron distintos argumentos en favor de las privatizaciones, que hoy se repiten en boca de dirigentes de la oposición como Mauricio Macri o Javier Milei, o en editoriales como uno de reciente publicación en el diario La Nación titulado “Lo que nos cuestan las empresas del Estado”.

Uno de ellos es la necesidad de reducir el déficit fiscal. Bernardo Neustadt machacaba con esa muletilla desde la televisión, planteando que los ferrocarriles le provocaban graves erogaciones a las arcas públicas.

“El déficit conjunto de las empresas estatales alcanzó en 2022 un monto de 7500 millones de dólares al tipo de cambio oficial, equivalente al 1,5 por ciento del PBI. Ha tomado esa dimensión por tres razones: obviamente porque se han reestatizado muchas empresas antes privatizadas; porque el Gobierno ha mantenido una política de crecientes retrasos tarifarios y porque han aumentado tanto su ineficiencia como sus dotaciones de personal, convenientemente alimentadas con militancia”, señala la editorial de La Nación en la actualidad.

Otro argumento es que el Estado no tenía o no tiene capacidad para financiar las inversiones necesarias en tecnología para encarar las obras de modernización, con lo que el aporte del capital privado aseguraría el mejoramiento del sistema, apunta Cifarelli.

“Por último se afirmaba que el Estado era incapaz de administrar con eficiencia, fomentaba la burocracia y la corrupción y en consecuencia no podía brindar buenos servicios”, completa.

Relato vs. Realidad

Los argentinos experimentaron en carne propia cuánto de esas supuestas razones no eran más que un relato sin sustento para justificar la enajenación de activos públicos en beneficio de intereses privados, nacionales y extranjeros.

La lista puede empezar con la propia Edesur, pero es mucho más extensa. El Correo Argentino bajo el control del grupo Macri aparece como uno de los más escandalosos, con graves incumplimientos en el pago del canon comprometido y hasta la contabilización de las indemnizaciones a trabajadores despedidos como parte de las inversiones que tenían que hacer para mejorar el servicio.

La comprobación de que las cosas resultaron peor con las privatizadas que con la gestión pública terminaron provocando esas y otras estatizaciones. Hasta el gobierno de Fernando De la Rúa tomó ese camino al rescindir el contrato con la alemana Siemens para la confección de los documentos de identidad, bajo múltiples denuncias de pago de sobornos y corrupción.

Aerolíneas Argentinas, primero con Iberia y luego con Marsans, ambas españolas, fue otro caso de reestatización impostergable al poner en serios riesgos la continuidad de la línea de bandera, tras provocarle el desguace de activos acumulados por décadas y ofrecer un servicio desastroso. Gerardo Díaz Ferrán, ex propietario de Marsans, terminó condenado a cinco años y medio de prisión en España por casos de corrupción. Aunque parezca increíble, Alfonso Prat Gay cuando era ministro de Hacienda del gobierno de Cambiemos pidió perdón en España en nombre del Estado argentino por haber estatizado Aerolíneas. Hoy Macri la tiene apuntada como el objetivo número uno para vender o cerrar en caso de volver al gobierno.

Relato y atraso

La privatización de las jubilaciones a manos de las AFJP fue otro fracaso y estafa monumental, que dejó a miles de trabajadores con haberes paupérrimos y necesitados del socorro del Estado, pero que además generó un gigantesco déficit fiscal ya que el Tesoro tuvo que seguir pagando las jubilaciones mientras perdió la recaudación de aportes y contribuciones. Es decir, en lugar de bajar el déficit fiscal, ese negociado lo incrementó significativamente y dio paso a un endeudamiento masivo del Estado. Parte de los prestamistas eran los mismos bancos que manejaban las AFJP.

Tal vez incluso más dañina para las aspiraciones de desarrollo nacional fue la privatización de YPF. "Repsol explotó al máximo las reservas de hidrocarburos que había identificado YPF durante décadas de gestión estatal. Extrajo todo lo que pudo hasta que consideró que la Argentina ya había bajado del pico de petróleo convencional que podía generar sin nuevas exploraciones. Hizo un gran negocio de corto plazo y cuando consideró que se había agotado, se marchó. Mientras tanto, por ejemplo, desmanteló el laboratorio de investigaciones petroleras que había desarrollado YPF y era modelo", refresca Alberto Müller, director del Plan Fénix y docente de la UBA.

Los ferrocarriles del Area Metropolitana de Buenos Aires, los ramales clausurados a las provincias y los servicios de carga también fueron víctimas de la ideologización que enmarcó el proceso de privatizaciones y que reaparece en el presente en mensajes políticos y mediáticos. "Loma Negra operaba uno de los ramales de carga y se cobraba el canon a sí mismo, por transportar su producción. Esa recaudación era la que tenía que entregar al Estado para que supuestamente mantuviera los servicios de pasajeros. Entonces pagó siempre lo menos posible, bloqueó el transporte a otras empresas y el Estado sufrió el desfinanciamiento, agravando el déficit fiscal y afectando el resto de los servicios", detalla Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Una buena parte de esos servicios volvieron finalmente al Estado, que trabajosamente busca reparar las heridas que convirtieron a pueblos enteros en localidades fantasmas y llevaron al país a un atraso desolador.

Las promesas de avance que iban a generar las privatizaciones también resultaron falsas en la operación del espectro radioeléctrico. Argentina fue uno de los tres países del mundo, con Gabón y Burkina Faso, en privatizar las tareas de control del espectro radioeléctrico. La francesa Thales Spectrum no invirtió los 300 millones de dólares comprometidos en el contrato y embolsó una rentabilidad anual promedio del 113 por ciento desde 1997 hasta 2001. El gobierno de Néstor Kirchner recuperó esa tarea para el Estado. Lo mismo hizo con el servicio de agua y cloacas que "prestaba" la francesa Suez a través de Aguas Argentinas, con escándalos de todo tipo que tuvieron a María Julia Alsogaray como protagonista estelar.

La lista puede seguir con los peajes y con la mayoría de los servicios, incluyendo las telecomunicaciones, que, pese al salto tecnológico, siguen sin invertir para llevar la conectividad a pueblos alejados y descargan esa responsabilidad en el Estado, pese a que es su obligación. También en la mayoría de las provincias. Eso no significa que la gestión pública sea garantía o antídoto contra todos esos abusos, sino que el tema requiere un debate profundo. Lo que es claro es que las privatizaciones le han costado y le cuestan enormes dolores de cabeza a las mayorías populares, como se ve, o mejor dicho se corta, con el ejemplo de Edesur.

Fuente: www.pagina12.com.ar