El de ayer fue un «día de miércoles» para el Gobierno provincial. Se debió a una fuerte estocada, para algunos inesperada, recibida desde el Superior Tribunal, ante la controversia instalada por el freno aplicado desde el Ejecutivo a la recomposición salarial acordada para los judiciales desde el 1 de este mes, mediante un porcentual de 10 puntos para todo el escalafón.

Los ministros de la Corte provincial rubricaron una resolución en la que dejaron en claro que no darán el brazo a torcer ante el avasallante accionar de parte del Ejecutivo. Es que la autarquía del Poder Judicial quedó en el tapete, demandando acciones concretas que salvaguarden las libertades de los distintos estamentos «de un Estado constitucional democrático y de Derecho», tal cual reza parte del documento emitido ayer desde la ex Casa Nalda.

Si bien los reclamos venían desde hace semanas, de parte del Sitraj y desde la mesa chica de la Justicia vernácula, las gotas que rebasaron el vaso fueron dos. Una, cuando el Departamento de Personal y Liquidaciones informó que no se dio cumplimiento a la actualización salarial dispuesta en el sistema Sisper, que era de un 10 por ciento desde el 1 de septiembre. La otra, ante la moción del Ministerio de Hacienda, en la que dicha mejora se «podría absorber, un 5 por ciento con la liquidación de los sueldos de octubre (…) y un 5 por ciento con la liquidación de los sueldos de noviembre (…)».

Lo de Ministerio de Hacienda decididamente no cayó bien, recuperando los supremos la potestad de manejar su propio presupuesto en línea con la Ley N° 4.420, que consagra la autarquía y que es uno de los pilares de la independencia de los poderes del Estado provincial, como que tiene acogida en la propia Constitución provincial.

Para muchos, un antes y un después. La posición de los jueces no dejó margen para otra interpretación. Parecen decididos a imponer el respeto que les obliga responder no sólo ante la opinión pública, sino ante los empleados y jueces inferiores que decidieron cerrar filas para respaldar una respuesta firme de la cabeza del Poder.

Fue allí donde los integrantes del Superior Tribunal remarcaron «que la independencia del Poder Judicial es un principio garantista que se constituye en uno de los fundamentos esenciales del Estado de Derecho y del imperio de la Ley». Y añadieron que «en razón a las responsabilidades que derivan de la naturaleza misma de las funciones que ejerce este Tribunal, le impone la firme defensa de sus atribuciones, cuya preservación es necesaria para la ordenada subsistencia del régimen republicano imperante».

En la última parte de la resolución, tras otros tantos argumentos contundentes, la cúpula judicial correntina cerró anticipándole al Ejecutivo que «este Superior Tribunal de Justicia, como máximo órgano del Poder Judicial, arbitrará los procedimientos constitucionales y legales a efectos de lograr el cumplimiento de lo resuelto».

Bajo debate legislativo

En el ámbito del Senado provincial, la discusión sobre los recursos disponibles para la Justicia entró en la agenda. Un proyecto de ley presentado por cuatro senadores del peronismo puso en el tapete el debate sobre el alcance efectivo de la autarquía.

La iniciativa tiene por objeto asegurar la independencia del Poder Judicial. Por ello, fundamentaron la posibilidad de «dotar a la Provincia de una herramienta legal» que lo garantice, mediante remisión automática y mensual de recursos.

«El Poder Judicial no puede ni debe estar subordinado en su desempeño a las decisiones de otra autoridad, incluso en el plano económico y financiero», señala además la propuesta parlamentaria de la oposición.

Aprovecharon para describir un procedimiento ya advertido hace años por propios y extraños: «El Poder Ejecutivo viene año a año, ajustando arbitrariamente, el presupuesto del Poder Judicial», remarcaron, considerando que se trata de una situación «que no podemos pasar por alto y debemos corregir».

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar