En un sector del kirchnerismo tomaron nota de la fuerte presión que Carlos Rosenkrantz está ejerciendo en favor de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, y ahora analizan activar los juicios políticos contra el presidente de la Corte Suprema, que duermen en la Cámara de Diputados.

Este martes Rosenkrantz jugó una carta fuerte en la interna de la Corte y convocó a un "acuerdo extraordinario" para la próxima semana y tratar los pedidos de per saltum de los magistrados a los que el Senado les anuló el traslado. Lo hizo pese a no tener acuerdo de sus colegas.

Como contó LPO, en el máximo tribunal la mayoría por ahora está inclinada a no tratar los per saltum y esperar que el caso se resuelva en la Cámara en lo Contencioso Administrativo, donde todo indica que el fallo no demorará demasiado. Pero Rosenkrantz quiere evitar un posible fallo adverso -que se sumaría al de primera instancia- y apura la intervención de la Corte.

Es por eso que en un sector del oficialismo empezaron a pensar en alguna represalia y la idea que surgió es activar alguno de los cinco pedidos de juicio político que hay en contra del presidente de la Corte, todos por prevaricato y mal desempeño.

Incluso se habla de una próxima convocatoria a una reunión de la comisión de juicio político de la Cámara de Diputados, que preside la santafesina Josefina González (Frente de Todos). Allí hay acusaciones contra Rosenkrantz por el fallo del 2x1 a genocidas, en 2017. Sin embargo, allegados a la conducción del bloque que lidera Máxicmo Kirchner, afirmaron a LPO que no está en los planes activar el juicio político.

Las acusaciones más pesadas contra Rosenkrantz son por sus intervenciones en causas en las que estaban involucradas empresas para las que había trabajado como abogado defensor. El caso más conocido es el de la causa entre la municipalidad de Quilmes y la petrolera Esso, que el presidente de la Corte inició como abogado. También lo hizo en la disputa de YPF contra La Matanza. Rosenkrantz habría tenido intervenciones clave ya en la Corte, antes de excusarse.

A eso podría sumarse la reciente denuncia de la Tabacalera Sarandí contra Rosenkrantz por su vinculación con las multinacionales Philip Morris (Massalin) y British American Tobacco (Nobleza Piccardo). La empresa argentina reveló que el juez no se apartó del litigio a pesar de que su hija trabaja como abogada en un estudio que defiende a Massalin.

La posibilidad de que el kirchnerismo avance con un juicio político contra Rosenkrantz volvió a enrarecer el clima entre la Corte y el gobierno de Alberto Fernández. La relación ya había quedado muy tirante cuando el presidente presentó la reforma judicial y los magistrados rechazaron la invitación, excepto Elena Highton de Nolasco.

Fuente:www.lapoliticaonline.com