Colombi suscribió el Pacto Fiscal

17 de noviembre de 2017

Colombi suscribió el Pacto Fiscal

No hubo revisión al impuesto a los jugos cítricos, que se mantiene en el 17%. De todas maneras, el paquete fiscal irá al Congreso nacional y a las legislaturas provinciales, que deberán aprobarlo para que tenga vigencia.

El gobernador Ricardo Colombi firmó ayer, junto a sus colegas de las demás provincias (excepto San Luis) el Acuerdo Fiscal con la Nación. No se dijo nada sobre uno de los nuevos impuestos establecidos en la reforma tributaria, cual es el del impuesto a los jugos y bebidas azucaradas, que impactará negativamente sobre la economía correntina.

Aunque el acuerdo para la firma de este nuevo Pacto Fiscal se hizo con la intención de bajar la presión tributaria sobre la actividad económica en las provincias, el cuestionado impuesto a los jugos no pareció entrar en esa definición. Consultado ayer por EL LIBERTADOR sobre el tema, el ministro de la Producción, Jorge Vara consideró que el convenio fiscal suscripto incluía el mencionado impuesto, aunque se excusó de opinar al respecto ya que aún no había tomado conocimiento de los pormenores del acuerdo. Recordó que él, como representante de la cartera productiva, vehiculizó la inquietud de los productores hacia el ministro de Hacienda y Finanzas, Enrique Vaz Torres, quien es el asesor natural del Gobernador en materia tributaria y quien los acompañó en las gestiones oficiales en la Capital Federal. "Mañana (por hoy) voy a tener una información más precisa", aseguró Vara. Ante la no mención del tema en el documento final, todo hace suponer que el cuestionado impuesto a los jugos cítricos y demás frutales quedó fijado en el 17 por ciento, tal cual lo propuso el Gobierno nacional desde un primer momento. Ello abre algunos interrogantes: o bien la cuestión no fue planteada; o bien quedó como tema a seguir conversando o a discutirse en el ámbito parlamentario; o bien las autoridades provinciales decidieron aceptar el nuevo impuesto, a cambio de las "compensaciones" que el Gobierno nacional otorgará a las provincias. La Administración nacional sí resignó explícitamente otros puntos de su proyecto original, como los impuestos al vino y otras bebidas alcohólicas, y también al ingreso de productos electrónicos desde Tierra del Fuego, que tiene un régimen especial. Pero -por lo que se sabe- no retrocedió con el impuesto a los jugos. Como parte de las negociaciones (cuyo saldo final el Gobierno nacional exhibe, no sin razón, como un éxito político) la Administración Macri tuvo que comprometerse a la firma de un bono-compensación de la deuda de la Nación con las provincias, por 80.000 millones de pesos de capital, que se emitirá en 2018 con una tasa del 6 por ciento, que se amortizará en diez años, a cambio de que resignen los más de 50 pleitos que existen en la actualidad contra el Estado nacional. "Va a ser entregado a las provincias que adhieran", especificó el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, aclarando que no serán incluidas la provincia de Buenos Aires (que acordó un sistema aparte, para reparar dos décadas de inequidad), Santa Fe y San Luis (que ya ganaron sus respectivas demandas). El hecho es que el gobernador Colombi firmó el Acuerdo Fiscal entre la Nación y las provincias, durante el acto encabezado ayer por el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. De igual modo lo hicieron el resto de los gobernadores, entendiendo que este consenso permitirá iniciar una nueva etapa en la vida del país. LA VERDAD SOBRE LA MESA El Jefe del Estado subrayó que a partir de este consenso "todos vamos a poner la verdad sobre la mesa" para lograr que "la Argentina crezca durante 20 años en forma consecutiva". "Pasaron unas cuantas semanas vertiginosas, pero todos estamos convencidos de estar dando un gran paso adelante", dijo Macri al hablar ayer al mediodía durante el acto de firma del Convenio con los mandatarios provinciales, que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. El Jefe del Estado nacional expresó así a los gobernadores que valora "muchísimo el esfuerzo que han hecho" y sostuvo que tiene la convicción de que "lo hacemos todos convencidos de que los argentinos están demandando esto, que sus dirigentes se sienten, dialoguen y acuerden". Afirmó que "un gran punto que ustedes han levantado es dar fin a la litigiosidad dentro de la política y que las cosas las arreglemos entre aquellos a quienes la gente vota para que, justamente, hagamos eso, ordenar, arreglar los problemas y construir futuro". Aseveró que el acuerdo alcanzado se inscribe en el marco de "esto que hemos llamado reformismo permanente, gradualismo". Macri destacó que "es un pacto fiscal hacia la reducción sistemática del déficit fiscal de la Nación" y precisó que "el 3,2 (por ciento) del año que viene es el punto de partida". "Lo mismo la situación de una parte importante de las provincias que se refleja en la responsabilidad fiscal, en la cual esto que estamos firmando es para cumplirlo", agregó. Dijo que con este acuerdo se inicia "una etapa en la cual las cosas se ponen sobre la mesa y la verdad es lo que vale, lo que se va a informar permanentemente, y esperamos que todos pongan cada vez más información sobre la mesa para que todos los ciudadanos argentinos sepan con claridad qué es lo que hacemos". Resaltó que esta nueva manera de concebir la administración del sector público va a generar estímulos para la inversión y el desarrollo de más obras, porque "cada vez que reduzcamos gastos corrientes vamos a tener más capacidad de invertir".

El acuerdo llegó tras algunas modificaciones El Gobierno nacional y los gobernadores alcanzaron un acuerdo para la firma de un nuevo Pacto Fiscal, que buscará bajar la presión tributaria sobre la actividad económica en las provincias. El acuerdo fue rubricado por todas las provincias excepto San Luis, dado que la administración de Alberto Rodríguez Saá no aceptó las condiciones planteadas por la gestión de Mauricio Macri. Otra provincia que estuvo en duda hasta el final fue Santa Fe, pero el gobernador Miguel Lifschitz confirmó que finalmente se sumará al entendimiento general. En el marco del acuerdo, la provincia de Buenos Aires dará de baja el reclamo por el Fondo del Conurbano pero recibirá una compensación de parte de la Nación. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que "la provincia de Buenos Aires se compromete a dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense y, como contraprestación, alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley, que la provincia reciba el 10 por ciento del impuesto a las ganancias". La gobernadora María Eugenia Vidal, que no participó de la reunión, consideró "histórico" el acuerdo. Fuentes de la gestión bonaerense destacaron a ámbito.com que la Provincia recibirá 40.000 millones de pesos en 2018 y 65.000 millones de pesos en 2019. Además, las provincias, menos San Luis, aceptaron desistir de sus reclamos judiciales por la coparticipación, y a cambio recibirán bonos por 80.000 millones de pesos a una tasa del 6 por ciento a 10 años. El pacto fiscal entre la Nación y las provincias irá ahora al Congreso y luego deberá ser ratificado por las legislaturas de cada jurisdicción. Al encabezar la firma del acuerdo, el presidente Mauricio Macri sostuvo que es un instrumento "valioso e importante" que permitirá iniciar una nueva etapa en la vida del país. El Jefe del Estado subrayó que a partir de este consenso "todos vamos a poner la verdad sobre la mesa" para lograr que "la Argentina crezca durante 20 años en forma consecutiva". "Pasaron unas cuantas semanas vertiginosas, pero todos estamos convencidos de estar dando un gran paso adelante", dijo Macri al hablar ayer al mediodía durante el acto de firma del convenio con los mandatarios provinciales, que se realizó en el salón Eva Perón de la Casa Rosada. El Jefe del Estado expresó a los gobernadores que valora "muchísimo el esfuerzo que han hecho" y sostuvo que tiene la convicción de que "lo hacemos todos convencidos de que los argentinos están demandando esto, que sus dirigentes se sienten, dialoguen y acuerden". Afirmó que "un gran punto que ustedes han levantado es dar fin a la litigiosidad dentro de la política y que las cosas las arreglemos entre aquellos a quienes la gente vota para que, justamente, hagamos eso, ordenar, arreglar los problemas y construir futuro".

Los citrícolas se sienten exprimidos La Federación Argentina del Citrus (Federcitrus), apenas se dio a conocer el proyecto de reformas impositivas, se pronunció críticamente a los impuestos internos a las bebidas y economías regionales. En un documento difundido días atrás, Federcitrus la reforma impositiva que elaboró el Gobierno nacional elevará el tributo denominado impuestos internos para las bebidas azucaradas (gaseosas o no). Hoy, esas bebidas pagan un 4 por ciento si tiene un contenido mínimo de jugo de frutas y un 8 por ciento sin este componente. Tras las modificaciones, abonarán un 17 por ciento por ese gravamen todas ellas mientras incluyan el agregado de azúcar. Recordemos primero que la industria de bebidas sin alcohol es un actor fundamental en el desarrollo que ha tenido la industria de jugos y aceites esenciales en las provincias del Norte argentino, e inciden profundamente en el funcionamiento de esas economías regionales, contribuyendo a la industrialización de las producciones primarias, desde el Noroeste, el Litoral, el Valle de Río Negro y Cuyo. El proyecto de reforma tributaria que está remitiendo el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional tiene ganadores y perdedores, y Tucumán y el resto de las provincias productoras de frutas cítricas está claramente entre estos últimos. Hoy la actividad citrícola es la mayor dadora de mano de obra en la provincia más pequeña del NOA y en Entre Ríos y Corrientes (100.000 puestos de trabajo a nivel nacional). El sector citrícola exporta buena parte de su producción y la industria absorbe fruta que no tiene cabida en mercados externo ni interno. La ecuación, industria-mercado fresco externo e interno, ha permitido la supervivencia de la actividad a pesar de políticas que le han restado competitividad a todo el universo exportador argentino y de las dificultades que tiene las economías regionales y que no han sido solucionadas por la actual Administración Nacional Una muestra de ello es la imparable caída de las exportaciones de todas las frutas, salvo el limón, en los dos últimos años. En este contexto se recibe este ingrato anuncio de que se impondrá un impuesto a las bebidas con azúcares agregados, dejando de lado la intención que imperó desde la creación de los Impuestos Internos, en cuanto a impulsar el consumo de jugos naturales a través de su agregado en un porcentaje mínimo en las bebidas para promover el asentamiento de industrias, justamente basadas en el procesamiento de frutas en las zonas productoras. Desde que se conoció el anuncio oficial se suman voces para dar su opinión y expresar malestar. Las bebidas con jugo de frutas (10 por ciento de su contenido - 5 por ciento en el caso de limón), con o sin agregado de azúcar, que tenían un diferencial de 4 puntos de impuestos internos con respecto a una bebida cola o a un polvo para preparar una bebida (totalmente artificial y con conservantes), coincidirán en una tasa única del 17 por ciento. No resulta comprensible que una bebida con jugo y azúcar, productos ambos naturales, se la iguale en cuanto a Impuestos Internos con un producto 100 por ciento artificial y se esgrima razones de protección a la salud. Más aún, es menos comprensible que una bebida sin jugo y con edulcorantes sintéticos va a tener un gravamen del 0 por ciento. Finalmente, las bebidas gaseosas sin contenido de jugo pasarán del 8 al 17 por ciento, pero estas bebidas tienen componentes regionales como el aceite esencial de limón. Por otra parte, la alícuota del impuesto interno a los vinos y sidras subirá de 0 a 10 por ciento; las cervezas del 8 al 17 por ciento y la champaña de 0 a 17 por ciento. (Este comunicado fue redactado antes que el Gobierno decidiera dar marcha atrás en estos impuestos). Es decir que una gaseosa con azúcar, sin alcohol, tributará un Impuesto Interno igual a un vino o una champaña, cuando claramente la gaseosa es consumida en gran parte por estratos poblacionales de menores recursos. La suba de los impuestos internos se trasladará inexorablemente a precios, con el consiguiente encarecimiento del producto, más la pérdida de competitividad de toda la cadena productiva. El menor consumo de cítricos por la industria para abastecer el mercado interno de jugos para bebidas, especialmente en lo que hace a naranjas y mandarinas, provocará una depresión de los precios que las industrias pagan al productor por su fruta, y contribuirá a la sobreoferta de un mercado interno con precios decididamente no rentables. Esta reforma impositiva, que se ve por el momento más clara en su cara tributaria pero no así en lo que hace a lo laboral y al recorte de impuestos y extra costos para las empresas, en principio congelará planes de expansión y producirá una contracción hacia sus cadenas de valor. Esperamos que nuestros legisladores no avalen ningún tipo de impuesto que resienta a la producción de la principal industria de las provincias del Norte argentino.
Rebaja de sueldos Según indicaron algunos medios nacionales, durante su reunión con los gobernadores para firmar el pacto fiscal, el Presidente reclamó a los mandatarios provinciales que rebajen los sueldos de los empleados públicos para que el sector privado pueda "generar la mano de obra que necesita". "Tenemos una paritaria por delante, que siempre nos da una oportunidad", añadió. "Si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento", dijo el presidente Mauricio Macri al instar a los gobernadores a que rebajen los sueldos de los empleados públicos. Lo hizo durante la reunión en el que todas las provincias, excepto San Luis, firmaron el llamado "pacto fiscal". El audio de las palabras de Macri durante la reunión en la Casa Rosada fue publicado por el sitio La Política Online. Allí puede escucharse que el mandatario menciona "cosas que faltan, como ordenar las ciudades, que se han salido del curso y han creado impuestos inconstitucionales que afectan a la actividad" y luego plantea su reclamo por los sueldos en el sector público. "Lo he hablado con varios de ustedes, el tema del empleo público y el nivel de salarios, porque si estamos creando todas estas condiciones para que se genere trabajo en el sector privado, el problema es que si les competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar la mano de obra que necesita para su crecimiento", lanzó Macri. Luego mencionó a la paritaria que se avecina y dijo "siempre nos da una oportunidad". Esas palabras fueron omitidas en el comunicado oficial de Presidencia sobre el encuentro mantenido con los Gobernadores. El texto publicado en el sitio de Casa Rosada hace foco en el pacto fiscal firmado y en el llamado de Macri para achicar el gasto corriente y reducir impuestos como camino para aumentar la inversión.

Puntos principales Estos son los puntos principales del acuerdo fiscal firmado entre el Gobierno nacional y las provincias: Las provincias se comprometieron a bajar impuestos "distorsivos" (Ingresos Brutos y sellos) por 1,5 por ciento del PBI en los próximos 5 años. Los gobernadores adherirán al proyecto de una nueva ley de responsabilidad fiscal. Mantendrán su gasto constante en términos reales durante los próximos años. Acuerdo por el Fondo del Conurbano: se da de baja el artículo 104 de la ley del impuesto a las Ganancias. Buenos Aires desistirá del reclamo y será compensada con 40.000 millones de pesos en 2018 y 65.000 millones de pesos en 2019. Juicios: todas las provincias, menos San Luis, acordaron desistir de los juicios contra el Gobierno Nacional (340.000 millones las provincias y 400.000 millones de Buenos Aires) Ley de revalúo impositivo: se coparticipará el impuesto. Impuesto al cheque: irá 100 por ciento a la Anses. Jubilaciones: se avanzará en la actualización trimestral y por inflación. Además, se acordó garantizar el 82 por ciento del salario mínimo vital y móvil para quienes hagan un aporte efectivo de 30 años y se eliminarán las de privilegio. Cajas previsionales no transferidas: el Gobierno nacional se comprometió a financiar los déficit. Las provincias se comprometieron a trabajar para aplicar una ley de responsabilidad fiscal en los municipios de cada una de sus jurisdicciones. Las provincias acordaron que las valuaciones fiscales de los inmuebles converjan en el tiempo a las valuaciones de mercado. Fuente:www.diarioellibertador.com.ar