Es Soto Dávila, magistrado Nº 1 en el fuero nacional. Fue denunciado por falsedad ideológica. Colaboradores, también denunciados.

Los fiscales federales de Corrientes Carlos Schaefer y Flavio Ferrini denunciaron por falsedad ideológica al juez federal de esta ciudad, Carlos Soto Dávila, en el mar­co de una investigación en la que fueron imputados dos funcionarios judiciales, dos abogados y un comerciante por una maniobra tendiente a la devolución de un auto de alta gama comprometido en una causa de lavado. Los fiscales Schaefer y Ferrini solicitaron al juez federal Nº 2 de Corrientes, Juan Carlos Vallejos, el requerimiento de instrucción penal contra el titular del Juzgado Federal Nº 1 correntino, Carlos Vicente Soto Dávila, al comprobar que la declaración de un testigo fue presuntamente falseada para beneficiar con la devolución de un auto incautado a un pro­cesado por lavado de ac­tivos. Si bien el pedido de imputación a Soto Dávila no fue aceptado y se halla en instancia de apelación, el juez Vallejos ordenó que se investigue al secretario penal del Juzgado Federal, Pablo Molina, al sumarian­te Zacarías Issolio, como también al monotributista Víctor Manuel Fernández y a los abogados Duylio Barboza y Noelia Agnello. El caso se inició el 24 de junio pasado, cuando Fernández, a través de sus abogados Ag­nello y Barboza, solicitó al juez Soto Dávila que la Jus­ticia le devolviera un auto­móvil marca Mercedes Benz modelo Blue Efficiency, se­cuestrado en un allanamien­to a la concesionaria RRVip de Posadas y cuyo respon­sable era Roberto Rodríguez, hoy procesado por lavado de activos presuntamente pro­veniente del narcotráfico. No obstante, ese vehículo figu­raba inscripto en un registro de la propiedad automotor de la localidad misionera de Eldorado, a nombre del contador Fernando Manuel Gauto, por lo que el juez Soto Dávila, a pedido de la abogada Agnello, lo convo­có a Corrientes a declarar como testigo el pasado 12 de agosto. De las constancias del Juzgado Federal surge que Gauto supuestamente declaró el 11 de agosto, que se presentó como “comer­ciante y comisionista en la compraventa de autos” y que afirmó que el auto se lo había entregado a personas que le habían prestado plata. Como esa declaración no fue notifi­cada al fiscal interviniente en el caso, Flavio Ferrini, y ante la “inusitada celeridad” que le imprimió el juez al trámite de testimoniales, el Ministe­rio Público Fiscal dispuso el inicio de una investigación preliminar que dio con Gau­to, quien negó haber estado en Corrientes el 11 de agosto.

Asimismo, rechazó “por falaz” la supuesta versión que le adjudicaron y que fue sellada por el juez Soto Dávi­la y el secretario Molina, con Issolio como sumariante del expediente. Además, Gauto denunció en su testimonial que la firma aparecida en el expediente correntino no era suya, lo que fue corroborado por un perito de la Gendar­mería que certificó que “las firmas obrantes no guardan relación grafo-estructural” con su supuesto autor, según consta en el expediente. Por su parte, Fernández, quien reclamaba la restitución del auto incautado, afirmó ante el juez que era propietario del Mercedes Benz y que per­manecía en la concesionaria misionera porque pretendía venderlo.

En ese marco, los fiscales Ferrini y Schaefer denun­ciaron que hubo una “ac­tuación conjunta en forma mancomunada y organizada de maniobras simuladas y ardidosas tendientes al re­cupero” del Mercedes Benz, y calificaron el caso como un “hecho grave”. s

Antecedentes y una movida paradigmática

Carlos Vicente Soto Dávila, juez fede­ral de Primera Instancia de Corrientes, acumula cuatro denuncias. Las más antiguas (Nº 255 y Nº 265) que datan de noviembre de 2012, todavía están en etapa investigativa. Las otras dos denun­cias (Nº 111 y Nº 114) fueron presentadas en junio de 2013, y también están en pro­ceso de investigación. La página web del Consejo de la Magistratura consigna seis expedientes relacionados con la pro­vincia de Corrientes, en cuatro de ellos figura como imputado Soto Dávila, que en el transcurso de esta semana habría producido un fallo llamativo en relación a una causa que salpica al gobernador Ricardo Colombi por la adquisición irregular de una mansión. De acuerdo a los trascendidos, el magistrado dictó un sorpresivo sobreseimiento para Her­nán Marcelo Laslo, quien era sindicado como el prestanombre del mandatario en la operación inmobiliaria. El pun­to es que, según fuentes judiciales, en paralelo al sobreseimiento (una suerte de perdón que se concede sin definir la culpabilidad o no), la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes se apres­taba a confirmar el procesamiento del imputado. Hoy habría dos fallos, con­trarios. Insólito y muy grave. Justamen­te la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes fue la que hizo una de las presentaciones contra Soto Dávila en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Ingresó el 18 de junio de 2013 y quedó en manos del consejero Leónidas Moldes, integrante de la Comisión de Disciplina y Acusación.s

Diligencias e indagaciones

El juez Juan Carlos Vallejos ordenó que sean llamados a declarar tanto a Víctor Manuel Fernández como Ma­nuel Gauto, quienes fueron citados para la jornada de ayer y dispuso la realización de nuevos peritajes caligrá­ficos sobre las firmas a un perito de la Prefectura Naval.

Por otro lado, consignaron fuentes judiciales, el ma­gistrado requirió a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura de la Nación que libre un informe sobre los movimientos que registra el usuario perteneciente a Zacarías Issolio en el período compren­dido entre el 4 y el 20 de agosto.

Los resultados de las testimoniales se desconocían aunque probablemente en los próximos días se conoz­can detalles.s

Fuente:www.nortecorrientes.com

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