El reclamo de actualización de haberes se multiplicó entre gremios provinciales en el segundo semestre del año. A través de distintas medidas y por separados, trabajadores de Salud, Educación y la obra social provincial exigen con firmeza reabrir la discusión salarial que, desde el Gobierno se considerada cerrada con los acuerdos y anuncios de aumentos que se instrumentan desde marzo.
Con la Asociación de Profesionales de la Sanidad (ASPROSAC) a la cabeza, médicos y enfermeros de distintos hospitales arrastran desde el segundo trimestre una inconclusa discusión por elevar el básico del sector, que es de $1.995 y también el promedio salarial que no supera los 8.000 pesos mensuales.
Si bien la representación gremial logró abrir canales de diálogo con autoridades del Ministerio de Salud, el ámbito se cerró luego desde dicha instancia que prefirió conversar con agentes que no protestan.
La renovada conducción de ASPROSAC resolvió salir a las calles a manifestarse, con varias marchas locales y dos provinciales desde marzo a esta parte, y que podrían ser tres si concretan la del próximo viernes.
El gremialismo docente realizó varias reuniones y hasta creó el Frente Sindical del sector para reclamar en “tandem” ante Educación.
Las organizaciones denuncian incumplimiento nacional del acuerdo paritario aunque solamente el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTECO) anunció hasta el momento su adhesión al paro nacional del miércoles 31 del corriente y no descarta una acción similar en la provincia, donde junto con el resto de los sindicatos reclama la ampliación del compromiso salarial anual.
A este escenario se sumó recientemente el personal del Instituto de Obra Social de Corrientes (IOSCOR), que demanda a las autoridades del organismo la actualización de un adicional.
El pasado viernes los trabajadores sorprendieron con un paro de una hora por cada turno. Ante la falta de respuestas desde la Intervención, sistematizaron la medida de 10 a 11 y de 17 a 18, todos los días, y podrían añadir una hora más a partir de mañana.
Desde el Gobierno prestan atención al estado de movilización de la dirigencia gremial y aseguran que “no pueden prometer medidas que no se pueden sustentar en el tiempo, sin que se ponga en riesgo toda la política de previsibilidad y orden económico financiero de la administración”.
Recientemente el gobernador Ricardo Colombi y el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, destacaron que el acuerdo con la Nación para el recupero parcial del 15% de Coparticipación permitirá paliar la merma en los ingresos nacionales ordinarios por menor recaudación e impacto de la inflación interanual que conspira contra las financias provinciales.
Vaz Torres destacó que se mantiene “una política financiera y salarial previsible y progresiva que permite avanzar en medidas de protección del ingreso, sin poner en riesgo su sostenibilidad a largo plazo”.

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Mutual pidió fondos retenidos a DPEC

El presidente de la Mutual del Personal de Agua y Energía Eléctrica de Corrientes, Alberto Pischeda, reclamó formalmente unos $6,6 millones “retenidos” por la Intervención de la Dirección Provincial de Energía (DPEC).
A través de carta documento, Pischeda intimó al subinterventor de DPEC, Alfredo Aún, a que “efectivice los fondos retenidos pertenecientes a la mutual” que preside, en un plazo no mayor a 72 horas posteriores a la notificación del funcionario.
Se trata de aportes que la distribuidora no realizó durante varios meses del año pasado y el primer semestre del presente, que totalizan unos $6.686.766.
“Denunciamos la reiterativa maliciosa conducta de atrasos arbitrarios que en su incumplimiento ocasiona serio y grave perjuicio al desarrollo de la actividad de la mutual, lo que se traduce en mayores costos que debe soportar al momento del cumplimiento de pagos con prestadores y corte en los servicios de prestaciones médicas a sus afiliados”, expresa el documento.

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El SOMU Corrientes fue desalojado e intervenido

Acompañados por medio centenar de efectivos de Gendarmería Nacional, funcionarios judiciales desalojaron el pasado martes la sede de la seccional Corrientes del Sindicato Obrero Marítimos Unidos (SOMU) para concretar su intervención, dispuesta por el juez federal, Rodolfo Canicoba Corral, en el marco de una causa abierta contra el ex titular nacional del gremio Omar Suárez.
La orden impartida por el titular del Juzgado Federal 6 de la Capital Federal fue ejecutada por el juez federal de Corrientes Carlos Soto Ávila, en la sede gremial de calle Caá Guazú al 300 de la capital provincial.
Ahora, dicha filial está a cargo de los delegados Griselda Ríos y Diego Francisco Macías, designados por la interventora Gladys González con autorización del juez Canicoba Corral.
En Corrientes, el SOMU registra unos 3.500 afiliados y otros 2.000 de los denominados “marineros golondrinas”, que no son tripulación permanente sino de temporada en los barcos.

Fuente:diarioepoca.com