La Corte Provincial declaró su competencia originaria y exclusiva para entender en la causa “Municipalidad de la Ciudad de Corrientes c/ Estado de la Provincia de Corrientes s/ conflicto de poderes”. Por ello fijó audiencia para oir a las partes el próximo lunes a las 9 en el Superior Tribunal de Justicia.
La causa fue iniciada por el Municipio Capital que promovió un conflicto de poderes por la retención de fondos coparticipables, a la cual calificaron de arbitraria e ilegal. Solicitaron una declaración de nulidad e inconstitucionalidad de esas retenciones efectuadas en concepto de “refinanciamiento” sobre los montos de coparticipación federal y provincial que corresponden al Municipio Capital.
Desde el Municipio manifestaron que la retención repercutía negativamente en la calidad de los servicios públicos a cargo de la comuna y que de persistir, provocaría suspensiones y hasta paralización de algunos de ellos. Por su parte, el Gobierno planteó ausencia de controversia y negó los hechos, destacando la falta de validez del convenio cuyo cumplimiento se pretendía, ya que el convenio invocado aún no se había celebrado. Se procedió entonces a regularizar las retenciones efectuadas en cumplimiento del convenio suscripto en septiembre de 2010, único vigente y operativo entre las partes.
El Servicio Jurídico Permanente Municipal realizará hoy una presentación en el STJ, solicitando al máximo cuerpo tribunalicio resuelva respecto del pedido de suspensión de las retenciones. Es decir, irá por la premura en la resolución de la primera demanda presentada por la Comuna en los primeros días de abril.
El asesor jurídico del Municipio, Justo Pio Sierra informó a El Litoral que el STJ contestó la primera demanda, no así a la segunda, que aún está en trámite. No obstante, confirmó que los representantes comunales concurrirán a la audiencia.
La primera demanda de conflicto de poderes presentada por el Municipio solicita que el Ejecutivo Provincial cese las retenciones de los fondos coparticipables, que reintegre lo descontado en el marco del Programa Nacional de Desendeudamiento de las Provincias y que la Corte Provincial convoque a una audiencia de conciliación. Alegan que están amparados en un convenio bilateral y en el artículo 20 de la Constitución Provincial. La segunda demanda plantea que se establezca un tope del 20 por ciento a los recortes de coparticipación, quita que se engrosó con las deudas cruzadas.