21 de julio de 2014
Por la dilatación del proceso, habría caído el juicio político a una concejal de Perugorría
El pasado 15 de abril, el cuerpo deliberativo resolvió iniciar una investigación para determinar si una de sus integrantes habría incurrido o no en un acto pasible de ser sancionado.
La edil aseveró que era inocente pero el efectivo ratificó la denuncia. También hablaron testigos y tras la renuncia de una legisladora suplente nunca asumió su reemplazante.
A mediados de marzo, un video en el que presuntamente una concejal de Perugorría amenazó a un policía, no sólo fue difundido a nivel provincial sino que inclusive lo reprodujeron en diversos canales de la televisión nacional. Esto generó cuestionamientos por parte de los ediles de la oposición y en el medio de una serie de controversias, que continuaron durante el proceso, hace tres meses comenzó el juicio político. Y si bien sólo faltaba un dictamen que determinara si era absuelta o si debía recibir una sanción, la investigación ya habría caído porque estarían vencidos los plazos fijados por la Carta Orgánica.
El controvertido caso que involucraba a la concejal del bloque oficialista, Esther Ayala y a un policía de apellido Alfonso, fue tema de debate en el recinto porque los dos integrantes de la oposición plantearon que se debía iniciar el juicio político basándose en el pedido que habrían realizado por escrito un grupo de pobladores. Sin embargo, el oficialismo consideró que en realidad los legislativos locales habían hecho una denuncia y que por consiguiente, considerando la Carta Orgánica, no podían participar del juicio político, por lo que sus lugares serían ocupados por sus suplentes. Esta medida generó fuertes cruces y también la dilatación del proceso en el medio del cual inclusive se alejó de la banca una de las reemplazantes.
Pese a eso, la investigación continuó y aún con un integrante menos, el cuerpo deliberativo escuchó la versión tanto de los testigos como de los dos protagonistas del supuesto incidente: Ayala y Alfonso. El Litoral informó sobre cada uno de los pasos del proceso, lo cual incluyó las voces de cada uno de los que, de una u otra forma, formaban parte. En ese marco, en reiteradas oportunidades aseveraron a este medio gráfico que ya estaba concluída la investigación por lo que sólo restaba un informe final que sería expuesto en el recinto y en el cual la mayoría definiría si absolvía de cualquier tipo de responsabilidad institucional a Ayala o si debía recibir algún tipo de sanción. Pero fueron pasando las semanas y ante la consulta de El Litoral a algunos integrantes del legislativo, reiteraron en diferentes oportunidades que no había novedades. Paralelamente, pese a los constantes intentos de El Litoral de contactarse telefónicamente con la Presidencia del Concejo, no logró obtener información al respecto.
No obstante, considerando que hace tres meses comenzó el juicio que -según la Carta Orgánica- sólo debía extenderse 30 días hábiles, que sólo hubo una prórroga que ya venció el 18 de junio y que una edil confirmó ayer a El Litoral que no fue notificada de un nuevo aplazo, todo hace indicar que cayó la investigación sin que se emitiera un veredicto.
Fuente:www.ellitoral.com.ar
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