Viernes 23 de Octubre de 2020

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OPINIÓN

22 de junio de 2014

Ricardo, con la vaca atada

Luego de haber cumplido antes del Día del Padre con el pago del medio aguinaldo, el Gobierno se apresta a cancelar los sueldos de junio antes de fin de mes. Se diferencia así de muchas otras administraciones provinciales que están en emergencia, comenzando por la propia provincia del Chaco. En este contexto dio un mensaje claro al Presidente del Superior Tribunal, cuando en la misma línea que la diputada peronista, Yagueddú dejó en claro que antes de aprobar leyes deben prever de dónde saldrán los recursos. "Después se vuelven inaplicables", remarcó Colombi, poco dispuesto a erogaciones extraordinarias fuera de todo cálculo. Guillermo Semhan había dicho -horas antes- que la cuestión del nuevo Código no era económica, sino que lo importante era su aprobación y que lo demás se vería después. En el Ministerio de Hacienda se encendieron todos los sensores. Meses atrás, el Superior dispuso unilateralmente y sin previsión presupuestaria un aumento del 35% en dos cuotas del 16% que causaron estragos a los números de la Provincia, con el agravante de que generó expectativas difíciles de controlar en el resto de los empleados de la Administración Pública. El tirón de orejas a Semhan se lo dio la diputada Yagueddú que le reclamó responsabilidad.
Por CONFUCIO

En Estados Unidos, el fútbol no es un deporte muy popular. Esto ayuda tal vez a explicar por qué la visión generalizada en la Argentina de que la situación del país entraría en una suerte de tregua durante el desarrollo del campeonato mundial de Brasil haya sido tan categóricamente desmentida por la Justicia norteamericana, cuyas decisiones alteraron el panorama nacional hasta un punto que exige un examen en profundidad de la nueva realidad económica para poder examinar el escenario político que sobrevendrá.
El rechazo de la Corte Suprema de los Estados Unidos al pedido de apelación presentado por la Argentina se produjo sin realizar ninguna consulta al Gobierno de los Estados Unidos, a través de su Procurador General. En consecuencia, puesto que ése era el escenario más probable para el mercado financiero internacional, se produjo un fuerte incremento en las expectativas de riesgo de la Argentina.
Pero ése no fue el único resultado adverso que recibió la estrategia argentina en los tribunales norteamericanos. Simultáneamente, la Corte habilitó también el proceso de descubrimiento (discovery), que les da a los holdouts la capacidad de "descubrir" activos del Estado argentino en el exterior. Para completar la lista de contratiempos, la Corte de Apelaciones de Nueva York levantó la medida cautelar que demoraba la ejecución de la sentencia contra la Argentina y colocó una espada de Damocles que pende amenazante sobre la cabeza de la Casa Rosada.
Más allá de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para criticar lo resuelto por la Corte estadounidense, que calificó de contrario no sólo a los intereses de la Argentina, sino también del 92 por ciento de los acreedores que aceptaron el canje de la deuda, y también que es un fallo en contra del funcionamiento del sistema financiero internacional, lo central del discurso oficial, que no hace ninguna mención a la resolución relativa al descubrimiento de activos, es que el problema no es pagar 1.300 millones de dólares, lo que beneficia a fondos buitres que invirtieron especulativamente y que obtuvieron una ganancia extraordinaria, sino los 15.000 millones de dólares que vendrían detrás, de la mano del reclamo del resto de los acreedores.
Los abogados de la Argentina habían alertado al Gobierno que lo más probable es que no alcance con negociar o pagar a los bonistas que iniciaron esta causa, sino que habría que acordar con todos los bonistas que no fueron reestructurados. La Primera mandataria recalcó que la Argentina ha venido mostrando voluntad de pago. Pero enfatizó que una cosa es negociar y otra aceptar una extorsión, expresión está última que originó algún malentendido, ya que no faltaron quienes se ocuparon interesadamente en interpretarla como el preámbulo de un desacato al fallo judicial.
Si bien se entiende políticamente, la mayoría de los expertos judiciales también evalúa que no fue una buena idea mandar abogados para hablar con el juez Thomas Griesa y, al mismo tiempo, decir que ya se iniciaban los procedimientos para canjear la deuda bajo legislación de Nueva York por deuda bajo legislación argentina, para que se pudieran seguir pagando los bonos del canje, pero en la Argentina, lo que podía interpretarse como una señal de que se intentaría eludir el fallo de los tribunales norteamericanos.
La posibilidad de que la Argentina eludiese el fallo de la Justicia estadounidense ya había trascendió durante las audiencias previas a la sentencia de primera instancia y motivado el enojo tanto de Griesa como de algunos magistrados de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
Vale remarcar además que, aun cuando existiese margen para negociar entre los holdouts y el Gobierno argentino, lo cierto es que economistas que estiman que el país no contaría con demasiado margen para seguir abultando el perfil de vencimientos de deuda en moneda extranjera en el corto plazo, especialmente luego del impacto que tuvieron sobre dicho perfil los acuerdos con Repsol y el Club de París.

UN CAMBIO CON BEMOLES

Por otra parte, el hipotético canje de jurisdicción de los bonos corrientes de la jurisdicción Nueva York a la jurisdicción argentina, sin que este cambio de jurisdicción lleve a un default de los bonos productos del canje, no es algo sencillo. Las cláusulas de acción colectiva, incluidas en el prospecto de emisión de esos bonos, requieren que cuanto menos los bonistas que representan el 85 por ciento del capital acepten el canje.
Las dificultades para alcanzar semejante porcentaje de aceptación radican en varios aspectos. Unos hacen a las limitaciones estatutarias que enfrentan algunos tenedores de deuda argentina (que no pueden invertir en bonos que no tengan jurisdicción Nueva York). Otros se relacionan con la protección de derechos que "a priori" se espera de ambos sistemas judiciales, más aún después de la protección recibida por los holdouts en este fallo.
No está claro que, en función de la escasez de divisas que tiene hoy la Argentina, haya un gran interés en canjear títulos con jurisdicción de Nueva York por otros con jurisdicción local, aún cuando ello implique mayores posibilidades de cobrar los vencimientos en el corto plazo. Asimismo, es muy difícil poder realizar dicho cambio de jurisdicción sin la participación de las entidades financieras que hoy son los agentes pagadores de la Argentina en Nueva York y que no podrán colaborar por cuanto de hacerlo estarían desconociendo el fallo del juez Griesa.
Por consiguiente, de no modificarse la estrategia planteada por el ministro de Economía, Axel Kicillof, el país correría primero el riesgo de quedar en rebeldía con los tribunales de Nueva York, y luego, de que quede en default toda su deuda.
Asimismo, cabe recalcar que si la Argentina no cumple con lo dispuesto por los tribunales norteamericanos e intenta eludir el fallo de Griesa, los fondos buitres pueden ahora "descubrirle" las cuentas bancarias y todo tipo de bienes, en teoría en cualquier parte del mundo conectada a Estados Unidos, al Estado argentino.
La conversación entre Griesa y los abogados de la Argentina certificó el peligro que supone avanzar por el camino inicialmente sugerido por Kicillof. La disyuntiva se reduce a acordar con los "holdouts" o entrar en cesación de pagos. Puesto entre la espada y la pared, el gobierno argentino respondió con una inusual dureza pero no dinamitó todos los puentes de negociación.

CONSECUENCIAS INEVITABLES

Independientemente de lo efectiva que resulte la estrategia enunciada por el gobierno y del resultado de las conversaciones de la semana próxima en Nueva York, la situación planteada por estos dos fallos de la Corte Suprema estadounidense arroja tres consecuencias económicas negativas, cuyos efectos políticos habrá que ponderar.
La primera es que la expectativa de contar con dólares frescos provenientes del endeudamiento en el mercado financiero internacional, que habrían permitido aliviar la restricción externa en la segunda mitad del año, ha dejado prácticamente de existir. Las primeras damnificadas son las administraciones de Buenos Aires y Mendoza, que estaban a punto de lanzar sendas emisiones de títulos públicos. Alentar las expectativas de que hay y habrá dólares suficientes se había erigido en el eje de la política económica llevada adelante por el gobierno desde la devaluación de enero.
Ahora, sin esa posibilidad de recurrir al financiamiento externo, las políticas restrictivas llevadas adelante para preservar dólares hasta tanto ingresaran las divisas de la cosecha primero, durante la primera mitad del año, y los dólares del endeudamiento externo, durante la segunda mitad, probablemente se mantengan y se extiendan por tiempo indefinido. Esto complicaría sobre todo a aquellos sectores de la industria manufacturera que vienen sufriendo las consecuencias de no poder importar o de no contar con los dólares necesarios para pagar sus importaciones.
La segunda consecuencia previsible es que la restricción externa o la escasez de dólares se agravarían frente a la abundancia de pesos que se emiten para financiar el déficit fiscal. Lo ocurrido tornaría aún más imprescindible y urgente que antes encarar un ajuste fiscal que reduzca dichas necesidades de financiamiento en pesos, con el inevitable costo social y político.

La tercera consecuencia es que la escasez relativa de dólares, sumada a la incertidumbre financiera que genera un escenario de probable default, tienen impacto sobre el mercado cambiario formal e informal (presión al alza del dólar "blue" y mayor brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo), sobre las tasas de interés y sobre las expectativas inflacionarias (asociadas a las expectativas de devaluación de la moneda).
Esto quiere decir que, aún en la hipótesis más favorable, o sea que el diferendo culmine en un arreglo con los "holdouts", lo más probable es que la economía se contraiga aún más, lo que tendrá impacto sobre los niveles de empleo y, por ende, también sobre la conflictividad política y social. En caso de default, lo único que cabe anticipar es habría que barajar y dar de nuevo.
En este final con suspenso, que todavía habrá de prolongarse por unos días, conviene consignar que, a través de calificados intermediarios del mundo financiero internacional, existen tratativas reservadas entre emisarios oficiales y representantes de los acreedores. En términos mundialísticos, la pelota está en el aire.

¿Y EN LA CIUDAD?

Con un entusiasmo más evidente de lo que por ahora se observa en el resto de las jurisdicciones del país, la dirigencia política de la ciudad de Buenos Aires ya está lanzada de lleno a la competencia por el sillón que Mauricio Macri dejará vacante el próximo año en la jefatura de gobierno metropolitana.
Los movimientos de las principales fuerzas políticas con inserción en el distrito se multiplicaron las últimas semanas en el afán de consolidar proyectos con expectativas de fuerte performance local, que funcionen a la vez como motores para alimentar el sueño presidencial con el que la mayoría comulga.
En esa búsqueda, la definición de los candidatos y la estrategia de campaña desvelan tanto al oficialismo macrista como a las distintas vertientes en que se encuentra dividida la oposición porteña. Para muchos, la elección en la ciudad, si se confirman los rumores que dentro del PRO ya anticipan la opción del desdoblamiento de la compulsa nacional, será una prueba de fuego para quienes aspiran a pelear en serio la sucesión de Cristina Fernández.
Por ello, aquellos asesores que están abocados de lleno al diseño proselitista advierten que, tanto en el discurso como en la definición de las candidaturas, la oferta local deberá replicar lo máximo posible el eje del debate instalado en la arena nacional.
La cuestión es que no parece existir unanimidad de criterios respecto del núcleo de ese debate: algunos interpretan que el centro de la controversia política estará estrechamente vinculado a la realidad económica, otros creen en la vigencia de la preocupación ciudadana por la inseguridad y no faltan aquellos que, en medio de las complicaciones judiciales que involucran al vicepresidente Amado Boudou, entienden que la corrupción constituirá un elemento central de la campaña.
El PRO y el massismo porteño sobresalen entre aquellos que juzgan oportuno privilegiar la dimensión económica del debate proselitista. Así, sus últimos esfuerzos parecieron encaminarse en la búsqueda de articular una oferta de candidatos que pudieran traducir esa voluntad.
Dentro del macrismo, y a la par de la escalada en la pulseada interna entre la senadora Gabriela Michetti y el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, creció con fuerza la apuesta de aquellos sectores que proponen dotar a la fórmula partidaria local de una figura prominente en el terreno económico.
La estrategia se potenció de la mano de la ronda de contactos que referentes cercanos a Mauricio Macri iniciaron con el histórico operador radical Enrique "Coti" Nosiglia, destinados a evaluar la alternativa de consolidar alguna estrategia conjunta con agrupaciones de la UCR capitalina
En esos diálogos volvió a aparecer el nombre de Martín Lousteau, actual diputado nacional en representación de los sectores del radicalismo que forman el combo UNEN. Según Nosiglia, la ambición de Elisa Carrió de encabezar la boleta local de la alianza de centroizquierda limita cualquier expectativa radical de jugar la figura del joven economista, situación que alienta al centenario partido a avanzar en la alternativa de un entendimiento político con el macrismo.
En realidad, la posibilidad de integrar una dupla conjunta con Lousteau para disputar la jefatura de gobierno de la ciudad ya había sido evaluada por la propia Michetti, quien mantiene desde hace tiempo una estrecha amistad con el ex ministro de Economía del kirchnerismo. Por eso, apenas tomó nota del tenor de las conversaciones con Nosiglia, la senadora le hizo saber a Macri su beneplácito con la idea. Incluso, los colaboradores de Michetti argumentan que el plan ni siquiera complica la pretensión macrista de concurrir a las PASO con candidatos propios, como elemento movilizador de la militancia partidaria, ya que la legislación local permite definir las fórmulas después de la realización de las primarias.
También dentro del Frente Renovador suscriben la idea de impulsar una figura con reconocido perfil económico en su oferta electoral porteña. Con esa convicción, desde hace tiempo los asesores de Sergio Massa comenzaron a blandir una posible postulación del ex ministro de Economía Roberto Lavagna, uno de los principales referentes de los equipos económicos del intendente de Tigre.
Sin embargo, no es la única alternativa que analiza el massismo: en la última semana el propio jefe comunal deslizó la posibilidad de impulsar al ex titular del Banco Central, Martin Redrado, para dar la pelea por la sucesión de Macri. Por ahora, Redrado optó por el silencio, aunque en su entorno sobran las voces da quienes aseguran que está más que listo para saltar al duro terreno de la política.
En el peronismo porteño, en tanto, sigue abierto el debate sobre la dimensión que deberá privilegiar la propuesta partidaria para intentar darle batalla al PRO y a la alianza Unen. En esa indefinición, sigue sumando adhesiones la sorpresiva apuesta por ubicar al secretario de Seguridad, Sergio Berni, al frente de la oferta del PJ local. Los promotores de su postulación  argumentan que el funcionario cumple con creces con esa condición de "bombero", que en el peronismo capitalino interpretan fundamental para dar la pelea electoral del distrito en 2015 y recalan en que su gestión es una de las más valoradas dentro del Gobierno, sobre todo en materia de seguridad, un ítem clave en la agenda del ciudadano medio porteño.
En cambio, otras corrientes del peronismo porteño analizan la conveniencia de apuntalar una figura de neto perfil progresista, con el fundamento de que ninguna de las propuestas motorizadas por las principales fuerzas políticas del distrito privilegia concretamente a ese sector.
Sin embargo, descartada la posibilidad de jugar nuevamente a Daniel Filmus, siguen sin encontrar el candidato con posibilidades de sintetizar esa apuesta.

PANORAMA PROVINCIAL

La política pasó a segundo plano en el orden nacional y también en lo provincial.
Se habla del Mundial y del efecto del fallo de la Corte Suprema americana respecto a los fondos buitres.
Ese último punto quizás esté magnificado más allá de la importancia de la decisión y sus efectos.
El Gobierno tiene claro que no tiene margen y debe negociar. No en la forma que hubiera pretendido, pero debe preservar la necesidad de proseguir en el camino iniciado de reinsertar a la Argentina en el mundo para asegurar que los proyectos de inversión necesarios como la explotación de la riqueza gasífera o los yacimientos de Vaca Muerta sean una realidad generadora de divisas.
Lo que el Gobierno necesita es acordar un plan de pagos que le permita además crear las condiciones para la conclusión del mandato presidencial. Los que vengan después deberán tomar la posta con decisiones acordes a la confianza que genera toda nueva administración que recién empieza.
En el orden provincial, liberales y autonomistas han ensayado un acercamiento. Días atrás Tato Romero Feris sostuvo una prolongada reunión con Josefina Meabe, de la cual nada se dijo, pero que tiene su importancia en el tiempo que se viene.
El sector liberal que conduce "Perucho" Cassani está en operaciones. También lo está el inquieto Presidente del Senado provincial con una serie de acciones que lo muestran ubicado en el centro de la escena provincial, quizás asumiendo que a la hora de la verdad el número uno del Gobierno, encuestas en mano lo termine por convocar para que tome la posta consciente como nadie de que la sucesión no es un tema fácil.
Colombi apunta -como el propio PJ- a conformar una grilla de legisladores provinciales marca líquida en este turno electoral en el que no está en juego ni el Gobierno provincial, ni las intendencias. De hecho, el radicalismo perderá cuatro senadores mientras el PJ sólo uno.
No parece éste un tema menor. El control del Senado de la Provincia podría cambiar de manos en el turno que se viene.
Los partidos menores también tienen el desafío de mostrar lo que tienen para que en el próximo turno sean considerados y pagados a la hora de hacer las alianzas para el nuevo Gobierno.
Esa es la decisión de los liberales. Seguramente también la de los otros partidos. Quizás tampoco sean fáciles alianzas para las legislativas. Lo importante es tener una figura taquillera para el Senado y los recursos económicos necesarios para la elección.
En las últimas horas comenzó a analizarse la posibilidad de anticipar las elecciones legislativas lo más que se pueda, mucho antes incluso de julio, originariamente prevista.
Después vendrán las Paso, que serán un cóctel explosivo desde todo punto de vista, tanto en candidaturas presidenciales como en los alineamientos locales de la dirigencia con aspiraciones a las bancas nacionales.
Cada uno de los precandidatos presidenciales sabe que no tienen la vaca atada. Tanto en Unen como en el Frente para la Victoria habrá varios candidatos, y a su vez cada uno de ellos aspira a poder tener la mayor cantidad de listas locales que impulsen sus propias candidaturas con lo cual queda claro dos cosas. Primero, que no habrá bendiciones; y segundo, que cada uno de los aspirantes deberá tener banca propia para sumar votos no sólo a sus propias nominaciones, sino a las candidaturas nacionales que a su vez no garanticen a los distritos financiación propia.

COLOMBI SENTADO SOBRE LA CAJA

El Gobernador de uno de los mandatarios provinciales que mejor muestra sus números. Cumple antes que nadie con aguinaldos y sueldos, más allá de que los mismos muestran un retraso considerable respecto a otras provincias que, como el Chaco, tiene sueldos muy superiores, pero un descontrol cada vez más evidente tanto en lo económico como en lo político.
En las últimas horas, Colombi sorprendió al hablar de la inminente posibilidad de un encuentro con el Intendente de la Capital. Tras este cambio de posición podría estar algún cambio de actitud del Gobierno nacional que podría estar presionando a través de Jorge Capitanich para que la continuidad de la prometida asistencia nacional esté en línea con una apertura del Gobierno provincial para con las comunas del FpV.
Algo de esto pareció quedar en claro entre las idas y vueltas de la última visita del Jefe de Gabinete, quien dio señales claras de cierta toma de distancia respecto al Gobierno provincial, al punto de quebrar las normas más elementales de protocolo que se esforzó en morigerar el Intendente de Ituzaingó, para quien las diferencias entre la Nación y la Provincia no deberían repercutir sobre su administración.

UN MENSAJE CLARO A LOS LEGISLADORES Y AL PRESIDENTE DEL SUPERIOR

Al promediar la semana, Guillermo Semhan salió a promover la aprobación del nuevo Código Procesal con expresiones que causaron estupor, tanto dentro del propio Tribunal, donde no hay opiniones en común, como en el Poder Legislativo y el Ejecutivo.
La diputada Yagueddú dijo no tener aún en claro si conviene modificar o no el actual código, pero que si esa fuera la idea, promovería la modificación de varios artículos, aunque antes requeriría al Poder Judicial un informe circunstanciado del mayor costo que demandaría en términos económicos su implementación, y luego un marco de análisis entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo respecto a la posibilidad de ampliar las partidas presupuestarias.
Semhan dio la nota al decir que la cuestión no era económica. Que lo importante pasaba por aprobar la norma y que luego se vería. Ni lento, ni perezoso, celoso y responsable como es en el manejo de los números, Ricardo dejó en claro que muchas veces se aprueban leyes que luego resultan inaplicables por falta de fondos, y que antes de aprobar cualquier proyecto era necesario una previsión previa, advertencia si se quiere lógica que de hecho no pasó desapercibido para el pleno de los diputados que por algo derivaron el proyecto no sólo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino a otras dos comisiones que evaluarían el impacto económico.
Evaluaciones preliminares harían subir el presupuesto del Poder Judicial del 6,27 por ciento al 9,10 por ciento, o sea que el mayor costo iría en desmedro de otras áreas, precisamente en momentos en que el Gobernador saca la punta al lápiz para ajustar las economías necesarias para pasar la coyuntura.

EL NUEVO Y EL VIEJO CÓDIGO

Un aspecto que queda claro es que en el análisis no hay una puja entre oficialismo y oposición.
Las posiciones están divididas aun dentro de los mismos bloques. Así se ve en el Senado, donde el peronismo votó dividido como votó ECO al registrarse la abstención de dos senadoras y la ausencia de otros.
Los que especulan con la posibilidad de un nuevo código, algo que podría llegar a ser saludable parten de dos premisas. Una es que debe haber plata, y la segunda debe modificarse en varios artículos para que sea equilibrado.
Los que piensan que por ahora debe quedar el vigente señalan que antes hay que ver qué hace el Congreso de la Nación con el Código Procesal vigente, que es parecido al nuestro. Y que no habría que descartar la sanción de un código para todo el país si finalmente se reglamentan tres artículos de la Constitución reformada del ’94, que establecen el juicio por jurados y que obliga a unificar la legislación en materia procesal.
Aluden también a que, más allá de la conveniencia objetiva de modernizar el código la bondad de la norma debe asociarse estrechamente con quienes serán los encargados de su interpretación y aplicación, poniendo en duda la conveniencia de otorgar mayor poder a los fiscales en detrimento de los jueces, llegando a poner como ejemplo la importancia de lo que sucede en el orden nacional con el juez Ariel Lijo en el Caso Boudou. Qué pasaría si la investigación, en lugar de estar en manos de Lijo estuviera en la de un fiscal; y qué pasaría en Corrientes si algo así sucediera.
La respuesta es obvia. Los legisladores -antes que nada- son políticos. No pecan de ingenuos y saben -a la vez- que el poder con el tiempo cambia de manos de modo que, entendida la justicia como una política de Estado, es necesario establecer reaseguros que hagan a las necesarias garantías para todos los justiciables.

Fuente:www.diarioellibertador.com.ar

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