Ya podría afirmarse que existe un acuerdo estratégico entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli. La primera mandataria no podría obstáculos a la candidatura presidencial del Gobernador bonaerense; Scioli a su vez, mantendría su apoyo a la gestión gubernamental.
En cambio, el kirchnerismo haría "una de cal y otra de arena". Algunos de sus voceros criticarán a Scioli y subrayarán sus preferencias por un candidato presidencial que implique la continuidad explícita del "modelo". Otros, sin apoyarlo públicamente, recalcarían empero su derecho a candidatearse por el Frente para la Victoria.
Este acuerdo implica que en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) del Frente para la Victoria del año próximo, Scioli competirá con un precandidato presidencial que aglutinará al kirchnerismo duro, reivindicará a ultranza la "profundización del modelo" y cuestionará al mandatario bonaerense por "tibio".
El tiempo dirá si ese precandidato oficialista será el gobernador entrerriano, Sergio Urribarri o el ministro del Interior, Florencio Randazzo, aunque todavía se mencionen las aspiraciones del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich y del titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. Lo que resulta evidente es que entre esas cuatro figuras emergerá un binomio que participará en las Paso.
Otra cuestión es central en todo esto. El Frente para la Victoria necesita movilizar sus cuadros y la base militante para contrarrestar la formidable que hará Unen.
Y éste -por ahora- es el problema que tienen tanto Mauricio Macri como Sergio Massa. El hecho de ser candidatos únicos de su espacio no los ayuda para una interna abierta y obligatoria cuyas reglas juegan en favor de quienes más precandidatos en la cancha tienen.
Una extraña particularidad de ese arreglo es que Scioli no se diferenciará del kirchnerismo, sino que será el propio kirchnerismo el que se diferenciará de Scioli. De ese modo, no habrá conflicto entre el Gobierno bonaerense y la Casa Rosada, y Scioli logrará, por vía indirecta, la imagen de independencia política que sus asesores le aconsejan como indispensable para enfrentar una casi inevitable segunda vuelta electoral.
Esta fórmula de entendimiento entre la Casa Rosada y Scioli encierra otra ventaja adicional: en la competencia con el ultra kirchnerismo en las Paso, el mandatario bonaerense podría intentar recoger cierto apoyo de una franja del peronismo opositor y, de esa forma, reducir el espacio de Sergio Massa.
En esa delicada tarea milita públicamente José "Pepe" Scioli, el hermano del Gobernador que encabeza el Movimiento de Desarrollo Argentino, pero también se mueve, más en las sombras, un grupo de calificados operadores, entre los que se destaca el bonaerense Eduardo Camaño, quien junto con Alberto Pérez son los que con atención miran el caso Corrientes considerado central en la estrategia sciolista porque la diferencia que aquí pueda lograrse podría ser definitoria en términos de la elección nacional, equiparable a cuatro o cinco provincias del Noroeste.
En este caso, los dirigentes peronistas y no peronistas que estuvieron semanas atrás en la reunión del Abasto escucharon lo que el viernes repitió a instancias de Rodolfo Martínez llano el propio Daniel Scioli, esto es que trabajarán con base en el peronismo y que, si ganan, habría espacios de poder concretos para Corrientes a la vez de un compromiso explícito de contribuir al logro de la Gobernación en 2017.
Ya entonces quedó en claro una cosa. Es tiempo de escuchar, antes de decidir, y como una golondrina no hace verano sólo el apoyo del conjunto del justicialismo correntino en un sentido u otro es el que garantiza mantener el piso electoral logrado en las elecciones provinciales pasadas. Para ello, antes de cerrar acuerdos debe haber compromisos concretos que eviten reeditar experiencias pasadas como las de Carlos Menem, cuando apoyó primero al Pacto y luego al PaNu; y del Néstor Kirchner, cuando apoyó al radicalismo.
En este aspecto no vale la ansiedad. El sciolismo sabe que así como se puede llevar el paquete se puede quedar sin nada representativo a la hora de movilizar estructuras, fiscales, tener presencia en los medios y garantizar la cobertura territorial; y en esto cabe nuevamente remarcar que la redefinición del nuevo liderazgo en el peronismo terminará por encolumnar a todos sin excepción con el ganador, sea Scioli o Massa, con la particularidad muy especial que esta pelea se dará en la Provincia después de ya definida la elección provincial.

LA CARACTERÍSTICA DE LAS PASO

En las Primarias Abiertas y Obligatorias poco valen las bendiciones. Todos sin excepción deben someterse a las reglas de juego que pasan por el voto. Es más, para Scioli quizás la explícita bendición de Cristina en estas circunstancias sea algo así como el abrazo del oso. Lo que sí, debe tratar de que no le juegue ostensiblemente en contra perjudicando la gobernabilidad o la inestabilidad económica.
Lo mismo vale en relación a las Paso a escalas provinciales. Cada candidato lleva distintas listas de legisladores nacionales. Podría darse el caso, si compite Capitanich, que gane en Corrientes y que pierda a escala país con Scioli. Pero ese triunfo tendrá su correlato en los candidatos locales por el efecto arrastre de la boleta. Lo mismo podría darse con Urribarri, que tiene la característica de que si es el candidato de la Casa Rosada llevará gran parte del voto cautivo que tiene el kirchnerismo duro, y contará con financiación que los demás presidenciables no tendrán, desde Massa a Scioli, pasando por Macri.
Estos, si algo les queda, lo reservarán para una hipotética segunda vuelta que es dónde se definirá la elección.
Si la disputa se diera hoy, Massa sería ya el Presidente. Pero no es así, y queda por delante un  largo camino con muchos interrogantes que sólo el tiempo puede develar. La irrupción de Unen y la posible participación de Macri en este espacio genera un nuevo escenario y abre posibilidades muy concretas de que en la dispersión del voto peronista termine Macri llevándose el pozo mayor.
Lo cierto es que hoy hay tres puntos de referencia en el primer pelotón: Massa, Scioli y Macri. Detrás viene una segunda tanda que conforman Julio Cobos y Hermes Binner; y más atrás otros, como Capitanich, Urribarri y el senador Sanz.

LAS RECOMENDACIONES A SCIOLI

Una de las recomendaciones más frecuentes de Scioli a sus colaboradores políticos es la necesidad de no confrontar con los gobernadores oficialistas. De allí que la prioridad en la captación de peronismo opositor esté puesta en los distritos no administrados por el Frente para la Victoria. En ese sentido, cabe puntualizar el énfasis puesto en la Ciudad de Buenos Aires, un lugar en que la hegemonía está hasta ahora disputada entre el PRO de Mauricio Macri y el flamante Frente Amplio Unen (FAU).
En este contexto, la estrategia de Massa se ve amenazada en dos flancos. Por un lado, la aparición del FAU le resta credibilidad a su intento de ubicarse como la única alternativa opositora electoralmente viable, lo que le resta votos en la franja independiente de la sociedad. Por el otro, el hecho de que un sector del peronismo opositor apueste por Scioli le quita espacio en la base electoral del peronismo.
Esa tenaza explica que en las encuestas Massa esté virtualmente estancado, mientras que Scioli y Macri exhiben un cierto crecimiento en su intención de voto, en tanto que el ex vicepresidente, Julio Cobos y el ex mandatario santafesino, Hermes Binner disputan cabeza a cabeza la condición el primer lugar dentro del FAU.

LA DISCUSIÓN SOBRE LA COLIMBA

Frente a esta situación, Massa intenta reposicionarse agitando el tema de la inseguridad pública. Esto hace que los intendentes massistas estudien la posibilidad de un nuevo golpe de efecto, que consistiría en la convocatoria en sus respectivos distritos de una consulta popular sobre el proyecto oficial de reforma al Código Penal.
Pero repentinamente, el eje de la discusión sobre la inseguridad derivó en una dura controversia acerca de la posible reimplantación del Servicio Militar Obligatorio que acaparó la atención pública. Una idea suelta, lanzada por el ex intendente de José C Paz, Mario Ishii, y respaldada por su colega de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, fue curiosamente retomada por el ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, que llegó a plantear la conveniencia de una consulta popular sobre el tema y generó un debate público que dista de haber terminado y que presenta aristas insospechadas.
La reacción adversa del kirchnerismo duro, que forzó incluso una rápida desmentida de Scioli a su propio Ministro de Seguridad, reveló que detrás de esa polémica iniciativa hay mucho en juego: Granados había destacado que la idea de reintroducir el servicio militar tendría sentido en tanto que la medida sirviera para que las Fuerzas Armadas contribuyan al mantenimiento de la seguridad interior.
Esa apreciación, que motivó una furibunda respuesta de Hebe Bonafini, está vinculada a la percepción de alguien como Granados, que en su condición de Intendente de Ezeiza tiene un olfato muy particular para captar el estado de ánimo del Conurbano bonaerense y que, por tal motivo, llegó a propiciar la realización de una consulta popular sobre la cuestión.
Para el kirchnerismo puro y duro, el hecho de que se admita el empleo de las Fuerzas Armadas en la preservación de la seguridad interior y que en esa modificación se funde la reimplantación del servicio militar es casi una afrenta a la política de derechos humanos puesta en marcha a partir de 2003.
Estas prevenciones ideológicas son cada vez más complicadas políticamente, si se tiene en cuenta que el desafío del narcotráfico, que es por definición un delito de carácter trasnacional, como antes había sucedido con el terrorismo, obliga a redefinir drásticamente los conceptos clásicos de defensa nacional y de seguridad interior y a rever los límites entre ambos.
Al igual de lo que sucedió en la opinión pública en relación al rechazo a la proyectada reforma del Código Penal, cuando la cuestión de la inseguridad ciudadana adquiere el carácter prioritario que le otorgan todas las encuestas de opinión, resulta muy difícil sostener prevenciones de carácter ideológico contra la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el delito.
En ese sentido, es sugestiva la convergencia de criterios de intendentes del Conurbano bonaerense como Granados, Ishii y Cariglino, quienes al margen de sus adscripciones políticas circunstanciales coinciden en la necesidad de concentrar la totalidad de los recursos del Estado en la protección ciudadana.
En cualquier circunstancia, los observadores políticos creen percibir que el debate sobre el servicio militar y la participación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior sirven para quitar espacio a la discusión pública sobre la reforma al Código Penal, en la que Massa pretendería fincar su capacidad de recuperación en las encuestas.

¿QUÉ PASA EN LOS GREMIOS?

Si algún logro concreto puede atribuirse al último paro del sindicalismo opositor es haber sembrado la semilla del encono, aún tenue, pero no por ello menos inquietante dentro de las filas del gremialismo oficial contra la propia Casa Rosada.
No se trata de un quiebre determinante en la relación con el poder ni mucho menos que la dirigencia, que hoy revista dentro de la CGT que comanda Antonio Caló, vaya a saltar de golpe hacia la promesa de consuelo que ofrece el mundo sindical circunscripto a la figura de Hugo Moyano.
Más bien, el escenario revela ciertos síntomas de agotamiento y creciente disconformidad que desde la corporación sindical parecen acompañar como efecto reflejo los movimientos que comienzan a sucederse dentro del propio peronismo, lanzado de lleno a la discusión por el proyecto que disputará la sucesión de Cristina Fernández en 2015.
Las evidencias del malestar de los gremios amigos con el Gobierno han sido recurrentes desde el arranque del año, aunque se mantenían silenciadas por las urgencias mutuas en medio de un complejo cuadro económico y la amenaza concreta de una profundización de las recetas de ajuste.
La huelga moyanista ofreció a la agenda de reclamos sindicales una visibilidad mayúscula y forzó a las centrales aliadas con la administración K a asumir una posición más crítica hacia el poder para no comprometer su propia supervivencia.
Así, el encono contenido salió a la superficie en la reunión de la semana pasada de la CGT caloísta. La excusa perfecta fue la reciente resolución de la Superintendencia de Servicios de Salud por la cual el Ejecutivo se arroga un polémico poder de veto sobre los contratos que suscriben las obras sociales sindicales con sus prestadores médicos.
El jefe metalúrgico y el resto de la conducción de la entidad se enfurecieron con la medida, que interpretaron como un claro avance oficial para hacerse del control de las cajas de sus prestadoras.
De inmediato se hizo patente entre los dirigentes el fantasma del viejo proyecto del titular del Pami, Luciano Di Cesare, para reformular en forma integral el sistema solidario de salud mediante la estatización de todos los servicios, tratamientos y medicamentos que en la actualidad brindan las obras sociales a sus afiliados. La conclusión fue tan unívoca como desafiante: si ese es el objetivo de fondo de la Casa Rosada habrá guerra total.
Semejante amenaza puso en alerta a todos los despachos oficiales, que por distintos medios buscaron llevar tranquilidad a los gremios con la promesa de dejar sin efecto la polémica resolución en los próximos días. Pero los gestos conformaron a medias: el nivel de desconfianza sindical con el Gobierno ha superado cierto límite, que será casi imposible recomponer.
Y no es para menos. Caló estuvo reunido hace pocos días con Cristina en Olivos para agilizar definiciones de los reclamos pendientes, pero no hubo una sola mención presidencial sobre la resolución que apenas horas después se oficializó. José Luis Lingeri tuvo más de una decena de encuentros con la superintendente, Liliana Korenfeld para incrementar los fondos que se distribuyen a las obras sociales y tampoco hubo señales de la polémica medida que preparaba el Ejecutivo.
Cuando estalló el conflicto, la funcionaria buscó desligarse por completo de la decisión, pero nadie en la central oficial le creyó una sola palabra. Esta semana Korenfeld les transmitió a los sindicalistas que ya está listo el texto de una nueva norma para reparar "el error involuntario" de la 601, según sus propias palabras. Y Cristina hasta ahora no volvió a atenderle el teléfono a Caló.
La interpretación coincidente entre la dirigencia es que la resolución fue una muestra de la furia presidencial contenida por el paro de Moyano, aunque en realidad terminó por dinamitar la estrategia de diálogo alentada por los gremios más afines, como alternativa al conflicto total que plantea el moyanismo. "Esquizofrenia pura", ironizaron hasta en los sindicatos más comprometidos con la defensa del modelo y los beneficios de la "década ganada".
Allí sospechan que la relación con la gestión kirchnerista ingresó en una etapa diferente, que en la práctica marcará una ruptura del esquema de alineamiento automático vigente en los últimos años y un reforzamiento de la autonomía sindical del Gobierno. La profundidad con la que el gremialismo oficialista despliegue esa autonomía dependerá en buena medida de la profundidad del ajuste. Y los gestos con los que la Presidenta intente disipar el malestar sindical (rebaja de la carga del impuesto a las Ganancias sobre los salarios, aumento de asignaciones familiares o del reparto de fondos a las obras sociales), al menos en la visión de quienes rodean a Caló sólo postergarán los tiempos del distanciamiento, pero no habrá vuelta atrás. El tenor de la solicitada por el Día del Trabajador publicada por la CGT expresó en parte esa sensación.
Moyano comparte esa misma interpretación, aunque decididamente desde una posición más visceral, que supone superar la instancia del encono para multiplicar el margen de autonomía del sector desde el desafío del abierto conflicto. Sin embargo, tanto empeño del camionero en la confrontación obstaculiza sus propias pretensiones de articular acciones comunes con aquellos gremios que de a poco comienzan a profundizar posturas críticas hacia el Ejecutivo.
También allí la desconfianza y el hartazgo con los métodos de protesta del moyanismo complican cualquier proyecto de unidad sindical. Pero el camionero está convencido que a medida que Cristina ahonde en soluciones de ajuste se justificará su estrategia de conflicto, forzando hasta a sus más críticos adversarios en el mundo sindical a cruzar hacia su vereda.

¿Y EN CORRIENTES?

Finalmente, los liberales  fueron a internas. Votó un alto porcentaje de su padrón y quedó ratificado el liderazgo de Josefina Meabe que, sin jugar directamente, impuso los candidatos a la Presidencia del Comité Ejecutivo y de la Capital. Todo un logro de significación mayúscula.
La Dama de Hierro parece mostrarse entera y con decisión de integrar plenamente a las otras líneas. Tiene decidido ofrecer las dos vicepresidencias, con lo cual cumplirá aquello de que lo de Julián Miranda Gallino no era una candidatura testimonial. Ella misma se reservará un cargo secundario en el Comité y parece dispuesta a dar algo más que señales de que el liberalismo está dispuesto a priorizar su unidad y su estrategia en desmedro de las vinculaciones con los dos grandes frentes.
El pasado viernes recibió -por espacio de dos horas- al jefe del Partido Nuevo, una vieja relación que nunca se cortó y que en el pasado le originó algunos dolores de cabeza, pero que ella supo mantener.
Un dato que no es menor es el anuncio público que la Senadora nacional hizo respecto a que no acompañará en el Senado de la Nación la aprobación de los pliegos elevados por el kirchnerismo para cubrir eventuales vacancias en distintos tribunales del país, incluida la Corte Suprema y la Cámara Federal de Corrientes.
Esta decisión conlleva un mensaje a su propio partido en cuanto a que así como en su momento no acompañó el proyecto de Intervención Federal a la Justicia de Corrientes, es una Senadora con peso propio como para marcar límites a lo que considera algunos excesos del Gobierno nacional.

¿QUIÉN TIENE EL PODER EN CORRIENTES?

Éste ha sido un interrogante que siempre ha existido y que en las cambiantes etapas de la vida institucional parecieron tener respuestas distintas. Las más de las veces el Poder Ejecutivo, otras el Poder Legislativo y muy pocas, el Poder Judicial.
En los últimos meses, los llamados Tres Mosqueteros parecieron pasar a dominar la escena. Impusieron criterios fuertes y mostraron un alto nivel de independencia. Juega a favor de ellos que están abroquelados, y tienen por delante una larga vida útil con una conformación legislativa en la que nadie tiene el poder o la hegemonía como para incidir de manera determinante como ocurrió en otras épocas.
¿Y el cuarto poder? Existe sí, aunque muchas veces los que lo detentan parecieran no ser conscientes de la aptitud que tiene para construir realidades, o para marcar diferencias en un escenario muy sensible donde todo tiene que ver con todo y en el que prima la desconfianza como valor supremo en la relación entre los dirigentes aun del mismo partido.
Lo cierto es que algo parece evidente. El Gobernador está con poco resto, no tanto en lo económico, que ha recuperado con el aporte del Gobierno nacional, sino en lo político. Tiene vedada su continuidad por el impeditivo constitucional y por el hastío de los correntinos que parecieran reclamar un cambio. Puertas adentro del radicalismo, una sórdida cuando no desordenada interna se disputa desde ya la sucesión de Colombi que, falto de reflejos no acierta a ordenar un medio campo donde prima la puja entre las primeras y segundas líneas dispuestas a ganar espacio.
Para colmo, los socios comienzan ya a manejar planes alternativos. Muchos de ellos consideran que el Gobierno no ha cumplido y advierten que ha dejado de generar expectativas de cara al futuro.
Ricardo vive el día a día. Ataja penales y se sienta sobre la caja tratando de mantener el colchón que siempre le ha servido para capear los más fuertes temporales. Pero en el campo de la política parece haber perdido la iniciativa. No acierta a resolver el candente tema de la Justicia, con un Superior que sigue funcionando con tres jueces y que lejos está de controlar siquiera a través de un mínimo diálogo.
No termina de confiar en la relación Flinta-Sotelo, y mirando el día después es consciente de que las cosas que no se hacen a tiempo terminan en que en lugar de manejar las situaciones éstas terminan manejándolo a uno.
En el ABC de todo gobernante está el día después, que tarde o temprano llega tanto como la vejez. El secreto es morir joven lo más tarde posible.

LA PELEA JUECES VS LEGISLADORES

Ante el desgaste que muestra el Gobierno y la falta de control sobre la Legislatura y el Poder Judicial, con encuestas que lo desfavorecen, muchos podrían pensar que el poder ha pasado a manos de la Justicia. De hecho, el desembarco de la plana mayor de la Justicia del país no es un dato menor como no lo es la seguidilla de fallos de alto impacto que sorprendieron al oficialismo gobernante.
Aun así, nunca en Corrientes está dicha la última palabra. ¿Quién puede -a esta altura- descartar un mega acuerdo entre oficialismo y oposición para darle una impronta nueva al Poder Judicial de Corrientes? Seguramente nadie podrá hacerlo en una provincia en la que acérrimos enemigos del ayer vuelven a transitar con desenfado caminos comunes con objetivos puntuales.
En otros tiempos el poder pareció residir en la Legislatura. Se removió a jueces, se suspendió a ministros del Superior Tribunal, y del propio Poder Ejecutivo, se intervino la Comuna de Corrientes, se desplazó a la fórmula gobernante. Y hasta se llegó a arrestar al Jefe y Subjefe de la Policía de la Provincia.
Hoy en verdad el poder parece diluido. Lo saludable es que se llegue a un nuevo equilibrio que se funde en la vigencia de la Ley y el libre funcionamiento de las instituciones, con los contrapesos que la Constitución marca para lo cual es necesario que se den algunos ajustes que apunten a revalorizar el rol de la Justicia con un Tribunal que funcione a pleno, sin las sospechas de manipulación ni digitación y en el que la práctica de que sean tres los ministros que decidan sea definitivamente desterrada.
La pelea de los últimos días entre el Presidente del Superior y el Presidente de la Cámara de Diputados por el lugar en el que se llevaría a cabo una reunión de ministros de la Corte provincia con legisladores dejó mucha tela para cortar. El Superior debe entender que la invitación y la iniciativa provinieron de la Legislatura, en cuyo ámbito hay preocupación por reencauzar el funcionamiento del Poder Judicial, dando los instrumentos necesarios a tal efecto.
En esto hay que saber diferenciar lo que es la familia judicial de lo que es la cofradía de la corporación que a su vez nada tiene que ver con las naturales actitudes corporativas de un poder que, a la hora de la verdad, sabe replegarse como lo hace el clero o las fuerzas armadas,  hoy en proceso de recuperación a partir del liderazgo del nuevo jefe del Ejército, el general Milani.
En este marco, una decisión parece incólume en el ámbito de la política. Y es que en esta transición aún no ordenada no están dadas las condiciones, por razones de oportunidad, para la sanción de un nuevo código de procedimientos en materia penal. Las opiniones están fuertemente divididas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, al punto que difícilmente una decisión de esta naturaleza logre el consenso necesario como para su aprobación.
Por un lado, el radicalismo, que apunta las pretensiones de la llamada corporación judicial y el pedido del Fiscal General; por el otro, una amplia constelación de fuerzas políticas que parecen coincidir en la necesidad de no dar un cheque en blanco brindando instrumentos en cuya aplicación muchas veces no existe la cuota de racionalidad necesaria.
Si hay lógica, el proyecto no logrará prosperar. El oficialismo en el Senado, de la mano de Flinta y Breard intentará ir a fondo por enésima vez ¿Coincidirá en ello Ricardo? Algunos dicen que sí, otros que duda. Un hecho no pasó desapercibido. Días atrás, la senadora Seward tuvo una posición distinta a la de los senadores que comandan el bloque radical. En los hechos, Colombi tiene razón para ello. La ingenuidad en política es un pecado y el que se quema con leche una vez, ve la vaca y llora. Lo mejor son los reaseguros y el equilibrio, y siempre mirar más lejos o, si se puede, bajo el agua. Es que en Corrientes muchas de las cosas que suceden se desarrollan tras las cortinas y bajo las alfombras. Hay que estar con la guardia alta para no sorprenderse con el disparo que llega del lugar menos pensado.