15 de diciembre de 2013
“La Argentina está un paso adelante”
El relator de la ONU para la libertad de expresión, Frank La Rue ,vino a la Argentina invitado por Baltasar Garzón. No se arrepiente de haber apoyado la norma porque se resiste a ver la comunicación sólo como negocio
Cuando a mediados de 2009 el relator de las Naciones Unidas para la Libertad de Opinión y Expresión, Frank La Rue, anticipó en el prime time de CNN que la Argentina preparaba un proyecto “de avanzada” para modificar la norma dictatorial que regía los servicios de comunicación audiovisual, la periodista Carmen Aristegui quedó pasmada. “Estuve con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ellos van más lejos que nadie con el planteo que presentarán al Parlamento”, insistió al aire, entusiasmado.
Eran las primeras bocanadas que la ley 26.522 concitaba en el éter, casi una presentación internacional que convirtió a La Rue en el primer promotor internacional. Cuatro años después, el guatemalteco asume en una charla con Veintitrés que aquellas palabras fueron “producto de un enorme entusiasmo. Cuando supe que querían cambiar aquella vieja ley dictatorial, entendí que tenía que apoyar la iniciativa”.
Recién llegado al país para una breve estadía en la que presentó el informe “Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión”, invitado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) que preside el juez Baltasar Garzón, el referente de la ONU analizó: “Muchos países tienen leyes de acceso a la información, eso es correcto, pero las leyes de transparencia casi siempre se vinculan al manejo de recursos públicos, eso no debería ser lo único importante. La gente tiene que saber cómo y por qué se toman las decisiones”. El material que expuso en la ex ESMA versa sobre dos conceptos que le resultan claves en la constitución de la comunicación democrática: el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la información, íntimamente relacionados. “Históricamente los países que experimentaron interrupciones de la vida democrática tuvieron dificultades particulares y, en algunos casos, han elaborado procesos y normas para abordarlas. “Por eso era fundamental cambiar la ley de medios argentina, lograrlo fue un gran primer paso cultural”, dice La Rue.
Desde aquella primera aparición en CNN, el funcionario guatemalteco felicitó varias veces al gobierno argentino por avanzar con una reforma que borrara de cuajo la vieja matriz dictatorial heredada. Abogado y periodista, La Rue bien sabe de qué manera el poder de facto avanza sobre los derechos individuales, algo que a él por su labor en derechos humanos le resultó en un largo exilio en Washington, entre 1981 y 1993, cuando regresó para denunciar la desaparición de 45 mil compatriotas tras décadas de guerra antiinsurgente.
“Las constituciones de nuestros países dicen que el pueblo delega el poder a un gobierno, entonces no puede haber secretos sobre lo que hace o deja de hacer el Estado. La ley de medios que precedió a esta fue creada en un contexto de hermetismo en el que los ciudadanos no tenían voz. Eso pasa en otros países donde la situación se mantiene, por eso fue una sorpresa que en general la reacción fuera muy positiva, esperaba que hubiera algún nivel de escándalo”, sentencia el relator especial de la ONU.
“América latina se ha permitido excederse en la visión comercial de la comunicación, como si la comunicación pudiera ser sólo un negocio. Me rehúso a verla así exclusivamente”, analiza sin restar importancia al sector privado. “Si bien la comunicación comercial ha jugado un papel histórico importante, que siempre defenderé, creo que debe haber diversidad de medios: comerciales, comunitarios, y de servicio público no lucrativo como el que implementan en la Argentina con canales como Paka Paka, Encuentro y la red del sistema audiovisual”.
Precisamente por los estudios de Canal Encuentro paseó un rato antes, esta tarde de sol sin calor. Impresionado por el despliegue que Tristán Bauer le ha dado al primer canal educativo del país, insiste en que este debe ser un modelo de exportación. “Me sigue impresionando cómo hay gobiernos que critican la vocación argentina de rescatar su propia historia. Algunos que preferirían esconder el pasado. En mi propio país pasa ahora y lo único que consiguen es agravar la crisis histórica”, admite molesto.
Sólo los pueblos que tienen la capacidad de asumir plenamente su pasado van a ser totalmente libres para diseñar su futuro. Palabras más, palabras menos, eso es lo que propone el informe del relator de la ONU. Él machaca en el concepto: “Sin pasado no hay futuro. Y el pasado debe asumirse a través de la recuperación de la memoria histórica del pueblo, de las víctimas, de los testigos, pero también hay que asumirlo a través de los archivos y de la información con la que cuenta el Estado”.
Con seriedad mayúscula y un rictus que se asienta en el correr de la charla, el guatemalteco admite haber sabido que el tratamiento de una ley “histórica” implicaría una ardua lucha de poderes y el consiguiente debate. Por eso afirma no estar sorprendido por el tiempo que demoró la aprobación final. “La ratificación de la Corte Suprema fue fundamental –analiza La Rue–, ahora es necesario dar rápido los pasos de aplicación. Desde ya lo que se está haciendo con el sistema público de medios me parece un paso importante y debe profundizarse en beneficio de la mayor democratización”. Sobre las presiones que recibió al mostrar un apoyo a la reforma, admite: “Por mi posición sobre la ley de medios argentina recibí la preocupación de algunos grandes medios, incluso ciertos funcionarios de la ONU me advertían si no me estaba acercando demasiado a una posición del gobierno, pero para mí fue fácil responder: yo no avalo a ningún gobierno, sino que estoy apoyando una ley y, como la norma es buena, mi posición se volvió incuestionable”.
Tal vez por eso La Rue tomó con naturalidad aquella audiencia solicitada en noviembre de este año por algunos periodistas para quejarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. En aquella oportunidad Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá pidieron que el organismo se pronunciara en contra de la norma, algo que nunca ocurrió. “Siempre he dicho y lo reitero: estoy dispuesto a reunirme con todos, inclusive con los propietarios de grandes medios. Me reúno regularmente con periodistas de todo tipo, desde medios chicos hasta los monopólicos, esa es mi posición como funcionario de las Naciones Unidas y la mantengo”, acepta el guatemalteco, para quien la ley de medios audiovisuales “respeta absolutamente la normativa internacional. Alguna vez me preguntaron si violaba el derecho a la libertad de expresión y mi respuesta fue absolutamente negativa”.
Allí sentado en uno de los amplios salones del ex centro de detención clandestino, el especialista de la ONU no reserva la sorpresa con la que hace un mes recibió la noticia sobre la aparición de las listas negras de la dictadura militar argentina; 1.500 archivos secretos que incluían a Julio Cortázar, María Elena Walsh y Mercedes Sosa, y órdenes para cambiar de manos Papel Prensa. “Me parece que en la Argentina desde la aprobación de la ley de medios se dieron cambios en la forma de expresarse. Cuando un país pelea como ocurrió aquí por una ley que representa los derechos de las futuras generaciones, muestra una madurez enorme”, afirmó La Rue. “Esta Argentina ha avanzado y el ejemplo más importante es que los archivos de la Junta Militar fueron descubiertos por un oficial de elite. En cualquier otro país, esas actas hubieran sido destruidas, pero ese militar con toda responsabilidad entregó el material al Ministerio de Defensa. Sin dudas la Argentina está un paso adelante y tengo la esperanza de que este ejemplo se mantenga y repercuta en otros países”.
En eso anda, intentando que las réplicas a la iniciativa lleguen. El relator reconoce que en algunos otros países latinoamericanos “comienzan a darse cambios importantes” que buscan dar “transparencia” a la realidad de los medios de comunicación. Entre ellos destaca a Chile y Uruguay. “Recibí la invitación del presidente José Mujica y me reuní con el Parlamento, creo que su proyecto es maravilloso”, sintetiza y agrega que “en comparación, a la ley uruguaya le falta tener un órgano regulador independiente, que aquí es la AFSCA, y que me parece fundamental para la aplicación. Espero que lo enmienden pronto. Tengo la esperanza de que la ley de medios argentina sirva de impulso y ejemplo para los demás países”
Opinión
Una esperanza para otros países Por Baltasar Garzón El derecho a la información, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, es inalienable. A todos nos alcanza la ley, y cuando esto no ocurre debe denunciarse. Por eso desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos defendimos desde el minuto cero la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en la Argentina.
Aunque con el letargo propio de la Justicia, el pronunciamiento de la Corte Suprema no sólo ha dado un paso más hacia la democratización, sino que se consiguió doblar el brazo a las reacciones corporativas. Porque en el análisis, lo que más me sorprende del mapa de medios de la Argentina es la acumulación de poder de determinados grupos que ocupan una cuota demasiado alta de información, convirtiéndose en un instrumento político fuera de los cauces del control democrático. Ese es el problema: no es que no haya libertad de expresión sino que se utiliza la información con una intencionalidad política cuasi partidista, pero fuera del esquema de partidos.
Comparada con aquella estructura existente y sostenida a fuerza de una norma vetusta y ligada a las peores décadas de este país, la ley 26.522 no cercena los derechos de libertad, información veraz y de expresión, sino todo lo contrario, y que exista en la Argentina es una esperanza para otros países. Fuente:veintitres.infonews.com
Eran las primeras bocanadas que la ley 26.522 concitaba en el éter, casi una presentación internacional que convirtió a La Rue en el primer promotor internacional. Cuatro años después, el guatemalteco asume en una charla con Veintitrés que aquellas palabras fueron “producto de un enorme entusiasmo. Cuando supe que querían cambiar aquella vieja ley dictatorial, entendí que tenía que apoyar la iniciativa”.
Recién llegado al país para una breve estadía en la que presentó el informe “Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión”, invitado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH) que preside el juez Baltasar Garzón, el referente de la ONU analizó: “Muchos países tienen leyes de acceso a la información, eso es correcto, pero las leyes de transparencia casi siempre se vinculan al manejo de recursos públicos, eso no debería ser lo único importante. La gente tiene que saber cómo y por qué se toman las decisiones”. El material que expuso en la ex ESMA versa sobre dos conceptos que le resultan claves en la constitución de la comunicación democrática: el derecho a la verdad y el derecho de acceso a la información, íntimamente relacionados. “Históricamente los países que experimentaron interrupciones de la vida democrática tuvieron dificultades particulares y, en algunos casos, han elaborado procesos y normas para abordarlas. “Por eso era fundamental cambiar la ley de medios argentina, lograrlo fue un gran primer paso cultural”, dice La Rue.
Desde aquella primera aparición en CNN, el funcionario guatemalteco felicitó varias veces al gobierno argentino por avanzar con una reforma que borrara de cuajo la vieja matriz dictatorial heredada. Abogado y periodista, La Rue bien sabe de qué manera el poder de facto avanza sobre los derechos individuales, algo que a él por su labor en derechos humanos le resultó en un largo exilio en Washington, entre 1981 y 1993, cuando regresó para denunciar la desaparición de 45 mil compatriotas tras décadas de guerra antiinsurgente.
“Las constituciones de nuestros países dicen que el pueblo delega el poder a un gobierno, entonces no puede haber secretos sobre lo que hace o deja de hacer el Estado. La ley de medios que precedió a esta fue creada en un contexto de hermetismo en el que los ciudadanos no tenían voz. Eso pasa en otros países donde la situación se mantiene, por eso fue una sorpresa que en general la reacción fuera muy positiva, esperaba que hubiera algún nivel de escándalo”, sentencia el relator especial de la ONU.
“América latina se ha permitido excederse en la visión comercial de la comunicación, como si la comunicación pudiera ser sólo un negocio. Me rehúso a verla así exclusivamente”, analiza sin restar importancia al sector privado. “Si bien la comunicación comercial ha jugado un papel histórico importante, que siempre defenderé, creo que debe haber diversidad de medios: comerciales, comunitarios, y de servicio público no lucrativo como el que implementan en la Argentina con canales como Paka Paka, Encuentro y la red del sistema audiovisual”.
Precisamente por los estudios de Canal Encuentro paseó un rato antes, esta tarde de sol sin calor. Impresionado por el despliegue que Tristán Bauer le ha dado al primer canal educativo del país, insiste en que este debe ser un modelo de exportación. “Me sigue impresionando cómo hay gobiernos que critican la vocación argentina de rescatar su propia historia. Algunos que preferirían esconder el pasado. En mi propio país pasa ahora y lo único que consiguen es agravar la crisis histórica”, admite molesto.
Sólo los pueblos que tienen la capacidad de asumir plenamente su pasado van a ser totalmente libres para diseñar su futuro. Palabras más, palabras menos, eso es lo que propone el informe del relator de la ONU. Él machaca en el concepto: “Sin pasado no hay futuro. Y el pasado debe asumirse a través de la recuperación de la memoria histórica del pueblo, de las víctimas, de los testigos, pero también hay que asumirlo a través de los archivos y de la información con la que cuenta el Estado”.
Con seriedad mayúscula y un rictus que se asienta en el correr de la charla, el guatemalteco admite haber sabido que el tratamiento de una ley “histórica” implicaría una ardua lucha de poderes y el consiguiente debate. Por eso afirma no estar sorprendido por el tiempo que demoró la aprobación final. “La ratificación de la Corte Suprema fue fundamental –analiza La Rue–, ahora es necesario dar rápido los pasos de aplicación. Desde ya lo que se está haciendo con el sistema público de medios me parece un paso importante y debe profundizarse en beneficio de la mayor democratización”. Sobre las presiones que recibió al mostrar un apoyo a la reforma, admite: “Por mi posición sobre la ley de medios argentina recibí la preocupación de algunos grandes medios, incluso ciertos funcionarios de la ONU me advertían si no me estaba acercando demasiado a una posición del gobierno, pero para mí fue fácil responder: yo no avalo a ningún gobierno, sino que estoy apoyando una ley y, como la norma es buena, mi posición se volvió incuestionable”.
Tal vez por eso La Rue tomó con naturalidad aquella audiencia solicitada en noviembre de este año por algunos periodistas para quejarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA. En aquella oportunidad Magdalena Ruiz Guiñazú y Joaquín Morales Solá pidieron que el organismo se pronunciara en contra de la norma, algo que nunca ocurrió. “Siempre he dicho y lo reitero: estoy dispuesto a reunirme con todos, inclusive con los propietarios de grandes medios. Me reúno regularmente con periodistas de todo tipo, desde medios chicos hasta los monopólicos, esa es mi posición como funcionario de las Naciones Unidas y la mantengo”, acepta el guatemalteco, para quien la ley de medios audiovisuales “respeta absolutamente la normativa internacional. Alguna vez me preguntaron si violaba el derecho a la libertad de expresión y mi respuesta fue absolutamente negativa”.
Allí sentado en uno de los amplios salones del ex centro de detención clandestino, el especialista de la ONU no reserva la sorpresa con la que hace un mes recibió la noticia sobre la aparición de las listas negras de la dictadura militar argentina; 1.500 archivos secretos que incluían a Julio Cortázar, María Elena Walsh y Mercedes Sosa, y órdenes para cambiar de manos Papel Prensa. “Me parece que en la Argentina desde la aprobación de la ley de medios se dieron cambios en la forma de expresarse. Cuando un país pelea como ocurrió aquí por una ley que representa los derechos de las futuras generaciones, muestra una madurez enorme”, afirmó La Rue. “Esta Argentina ha avanzado y el ejemplo más importante es que los archivos de la Junta Militar fueron descubiertos por un oficial de elite. En cualquier otro país, esas actas hubieran sido destruidas, pero ese militar con toda responsabilidad entregó el material al Ministerio de Defensa. Sin dudas la Argentina está un paso adelante y tengo la esperanza de que este ejemplo se mantenga y repercuta en otros países”.
En eso anda, intentando que las réplicas a la iniciativa lleguen. El relator reconoce que en algunos otros países latinoamericanos “comienzan a darse cambios importantes” que buscan dar “transparencia” a la realidad de los medios de comunicación. Entre ellos destaca a Chile y Uruguay. “Recibí la invitación del presidente José Mujica y me reuní con el Parlamento, creo que su proyecto es maravilloso”, sintetiza y agrega que “en comparación, a la ley uruguaya le falta tener un órgano regulador independiente, que aquí es la AFSCA, y que me parece fundamental para la aplicación. Espero que lo enmienden pronto. Tengo la esperanza de que la ley de medios argentina sirva de impulso y ejemplo para los demás países”
Opinión
Una esperanza para otros países Por Baltasar Garzón El derecho a la información, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, es inalienable. A todos nos alcanza la ley, y cuando esto no ocurre debe denunciarse. Por eso desde el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos defendimos desde el minuto cero la creación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual promulgada en la Argentina.
Aunque con el letargo propio de la Justicia, el pronunciamiento de la Corte Suprema no sólo ha dado un paso más hacia la democratización, sino que se consiguió doblar el brazo a las reacciones corporativas. Porque en el análisis, lo que más me sorprende del mapa de medios de la Argentina es la acumulación de poder de determinados grupos que ocupan una cuota demasiado alta de información, convirtiéndose en un instrumento político fuera de los cauces del control democrático. Ese es el problema: no es que no haya libertad de expresión sino que se utiliza la información con una intencionalidad política cuasi partidista, pero fuera del esquema de partidos.
Comparada con aquella estructura existente y sostenida a fuerza de una norma vetusta y ligada a las peores décadas de este país, la ley 26.522 no cercena los derechos de libertad, información veraz y de expresión, sino todo lo contrario, y que exista en la Argentina es una esperanza para otros países. Fuente:veintitres.infonews.com
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