2 de noviembre de 2013
Una ley de la democracia
El máximo tribunal reconoció que los cuatro artículos que cuestionó el Grupo Clarín son válidos. El único juez que rechazó la decisión fue Carlos Fayt. El multimedios buscará artilugios para no desinvertir.
Era otro país. La Presidenta de la Nación, golpeada todavía por el conflicto de las patronales rurales y consumado el rompimiento con un sector del empresariado mediático, se dispuso a dar a conocer el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que venía a subsanar una deuda importante de la democracia. Decidió hacerlo en su tierra natal, La Plata. Fue entonces cuando metió el primer estiletazo político que enfureció aún más a los empresarios que no se resignaban a perder sus privilegios políticos y económicos. “Los bienes de carácter social no pueden ser monopolizados por un sector o una empresa que creen que pueden ser dueños de la expresión de un pueblo”, dijo en presencia de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner, y de varios dirigentes políticos. Cristina Fernández señaló: “Se trata de un instrumento jurídico que va a permitir que todos los argentinos tengan derecho a la expresión”. Esta vieja deuda de la que hablaba la primera mandataria es la que empezó a saldarse el martes 29, cuando la Corte Suprema de Justicia anunció la constitucionalidad plena de la ley 26.522. Una fecha azarosa y no tanto. Por un lado, según lo señaló el ministro Raúl Zaffaroni, se evitó hacer el anuncio antes de las elecciones del 27 para evitarle cualquier connotación política al fallo. Una utopía, si se quiere, pero basada en una decisión acertada, sobre todo para una de las instituciones más respetadas del país.
Aquel 18 de marzo de 2009 la presidenta Cristina Fernández decidió jugar sus cartas. A partir de ese momento, el Grupo Clarín incrementó su ofensiva contra el gobierno kirchnerista. Nunca le perdonó ni le perdonará que el Ejecutivo se le animara a una ley que intentaron todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta De la Rúa, y que debieron desistir de implementar merced a la presión ejercida desde el monopolio mediático.
Una curiosidad adicional, repasando las ediciones de prensa, la constituye el hecho de que el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, haya tenido a su cargo la presentación del anteproyecto en el inicio del acto. Sus declaraciones fueron que la norma excedía los marcos de una ley “porque representa una política de Estado”. “La precariedad de los permisos –agregó– y la irrupción de las nuevas tecnologías imponen un cambio en la ley”. Hoy Massa, huelga decirlo, no sólo es el principal opositor al Gobierno sino que acaba de manifestarse contra la ley que él presentó en el Teatro Argentino de La Plata.
Mucha agua corrió bajo el puente desde entonces. ¿Pero cuáles son los principales puntos de la ley ahora vigente y que motivó al día de hoy casi cuatro años de terrorismo mediático y acoso político sobre un gobierno reelecto con el 54 % de los votos? Repasemos:
- La empresa que se dedica a distribuir, por ejemplo a través del cable, no puede generar contenidos, es decir: no puede tener un canal de aire o más de un canal de cable.
- Se reemplazó el viejo Comfer, que tenía un interventor elegido a dedo, por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), cuyo directorio está integrado también por sectores de oposición.
- La ley establece un mínimo de producción nacional en los contenidos.
- Se reserva un 30 % del espectro audiovisual para entidades sin fines de lucro, y otro tanto para canales como Canal 7 o Encuentro, que se fortalecieron ahora con la creación de otros, como Paka Paka o Incaa TV.
- Las licencias se entregan por 10 años, con opción a renovar por otros 10 y luego se tiene que volver a concursar.
- Se creó la figura del defensor del público, cuyo cargo ocupa hoy Cynthia Ottaviano.
- Se limita la cantidad de licencias que puede tener una empresa.
- Se creó Radio y Televisión Argentina, una empresa del Estado a cargo de todos los medios públicos (como Canal 7). En esta estructura tiene participación la oposición.
La norma ahora tiene plena vigencia y son muchos los problemas a enfrentar. Aún no está clara la estrategia que adoptará el díscolo Grupo Clarín para adaptarse a la ley. No presentó su plan de adecuación (lo presentó su socio Fintech, pero al ser minoritario su propuesta no fue tenida en cuenta) y, según anunció el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, el organismo que dirige iniciará la adecuación de oficio. Los editoriales de ayer de Clarín preanunciaban, de algún modo, cuál será la táctica que adoptarán. Por un lado, sus voceros mediáticos, Elisa Carrió y Pino Solanas, denunciaron un acuerdo espurio entre el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Fernández. Hablaron de sobres con dinero y hasta arriesgaron la posibilidad de un juicio político. Desde el máximo tribunal les contestaron Raúl Zaffaroni y el propio Lorenzetti. Por Radio Continental, el miércoles a la mañana, el presidente del alto tribunal puntualizó: “Lo que quiero que quede claro es que la Corte no hizo ningún pacto con nadie. ¿Cómo vamos a hacer un pacto sobre esto que es tan complejo? Es un fallo de 400 páginas, hemos trabajado muchísimo. Yo quiero darle tranquilidad a la gente de que la Corte sigue siendo la misma y hemos utilizado conceptos históricos sobre propiedad y libertad de expresión”.
En relación con las denuncias, Zaffaroni les quitó trascendencia: “Son cosas de la política, ¿qué se va a hacer? Creo que cualquier juez tiene que estar preparado para estas cosas”, dijo. “Si no está dispuesto a recibir ataques políticos, que no sea juez. Sabemos que en el juego político nos van a tirar un tomate. Es el costo de la profesión, está bien, cada uno hace su juego, de acuerdo a reglas distintas, en las dos actividades, pero sabemos que eso pasa”, agregó.
La estrategia mediática quedó clara de inmediato. Primero el ocultamiento de la información, que trascendió a media mañana del martes y el Grupo Clarín tan sólo se allanó a difundirla pasado el mediodía. Luego la ofensiva de sus socios políticos más encumbrados: Macri, Carrió, Solanas. Posteriormente los editoriales de sus espadas más importantes. Lo que sigue es la estrategia judicial. En este campo parece que el grupo ya eligió: a los tribunales internacionales –de escasa o nula incidencia en lo que hace a la aplicación de la ley, pues el máximo organismo de interpretación constitucional en la Argentina es la Corte Suprema– se le podría sumar una política que el propio diario La Nación caracterizó de “guerrilla judicial”. Ergo, los hombres de Magnetto cuestionarán judicialmente todo lo que haga la AFSCA, pues no le reconocen autoridad, porque a su entender el máximo tribunal también cuestionó el accionar del organismo. El grupo tampoco reconoce la notificación para la adecuación de oficio que inició Martín Sabbatella. Lo que alegan es que estaba vigente la cautelar que los favoreció temporalmente.
A pesar de que todo preanuncia más batallas judiciales –como lo anunció el propio Lorenzetti: “Esto no termina acá”–, existe una luz de esperanza. Y esa luz tiene nombre y apellido: David Martínez, presidente de Fintech Advisory, que controla el 40% de Cablevisión. Fuentes cercanas al Gobierno y a la autoridad de aplicación señalaron que una forma de destrabar la situación y que Clarín se allane a la readecuación voluntaria es tener en cuenta la propuesta de Fintech. A partir de ahí se abriría una negociación que llevaría a la aplicación plena de la ley.
Fuentes del Ejecutivo se entusiasman con esta posibilidad porque el litigio permanente en tribunales lo único que hará es retrasar la aplicación, que de todos modos es irreversible. Por otro lado, para evitar dejar flancos débiles, como los que señaló la propia Corte al dar un tirón de orejas al organismo por retrasar la adecuación para otros grupos, es que desde la AFSCA acelerarán todos los pasos para la readecuación de los demás grupos, de manera de no darle a Clarín el argumento de que la ley sólo rige para ellos y no para los demás grupos. Como dijo Lorenzetti, esto no termina acá. Pero lo que sí termina son 30 años de esperar una norma que rija el espacio audiovisual. Los argentinos tenemos por fin la ley que nos merecemos. Y es justicia.
Cronología de una ley
- 1/3/2009: la Presidenta anuncia ante la Asamblea Legislativa el envío al Congreso de un proyecto para sustituir la ley 22.285 de Radiodifusión creada por la dictadura militar en 1980.
- 18/3/2009: se presenta el anteproyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se debatiría en los Foros Participativos.
- 6/4/2009: comienzan en todo el país los foros.
- 28/8/2009: Cristina presenta el proyecto de ley.
- 17/9/2009: Diputados aprueba la norma.
- 10/10/2009: es sancionada la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- 26/10/2009: el Grupo Clarín acude a la Justicia planteando la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la ley.
- 15 /12/2009: el juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar contra la aplicación de los artículos 41 y 161 de la ley de medios al Grupo Clarín, y dejó en suspenso la obligación de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la ley, que debía realizarse en un año desde su promulgación, en septiembre de 2010. El Estado Nacional apela la medida ante la Sala Uno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que confirma la medida sólo respecto del artículo 161 de la ley 26.522.
- 5/10/2010: el Estado interpone un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, el cual es desestimado por falta de sentencia definitiva.
- 9/11/2010: el juez de primera instancia desestima la fijación de un plazo, pero luego la Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011, impone un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar. El Estado interpone un recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presentación de la queja ante la Corte solicitando la revocación de la cautelar.
- 19/12/2011: el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, emite su dictamen en el que se pronuncia por la revocación de la cautelar.
- 22/5/2012: ante la excesiva extensión que tomó la vigencia de la medida cautelar, la Corte decide poner el 7 de diciembre de ese mismo año como límite a la cautelar presentada por Clarín.
- 14/11/2012: el Congreso sanciona el per saltum, mecanismo que permite elevar determinadas causas conflictivas y/o consideradas como de “gravedad institucional” directamente a la Corte Suprema para su resolución.
- 29/11/2012: Clarín vuelve a pedir una medida cautelar, pero la Corte lo declaró “inadmisible”.
- 6/12/2012: los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extienden la medida cautelar que mantenía suspendido el art. 161.
- 10/12/2012: el Estado pide a la Corte el per saltum, rechazado por “improcedente” al no haber sido interpuesto por un juez de primera instancia.
- 14/12/2012: el juez federal del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declaró constitucionales los artículos de la ley que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín, dejando sin efecto todas las cautelares anteriores.
- 14/8/2013: la Corte convoca a audiencia pública, antes de emitir un fallo que avale o declare inconstitucionales los artículos suspendidos.
- 28 y 29/8/2013: la Corte realiza una audiencia pública para escuchar argumentos de las partes.
- 29/10/2013: la Corte Suprema de Justicia declara la constitucionalidad de la Ley de Medios.
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Opinión
Plazo Vencido Por Graciana Peñafort Abogada, miembro del equipo de Gabriel Mariotto. Representó al Estado nacional en la audiencia a la que convocó la Corte
El fallo pone la ley en el minuto cero, postergado hace cuatro años. Pone a todos los actores en igualdad de condiciones y en cumplimiento de las normas que promueve la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en materia de desconcentración del sector de la comunicación audiovisual argentina. Las pautas han sido anunciadas por el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en el entendimiento que bien señala la Corte en este fallo y ya señaló en fallos como el de mayo de 2012. Los plazos de la adecuación voluntaria establecidos en el artículo 161 se encuentran vencidos para el Grupo Clarín, con lo cual se ordena la adecuación de oficio, que bien vale señalar no es un proceso discrecional sino un proceso reglado en el que efectivamente hay una participación de la autoridad de aplicación que tiene una mayor intervención toda vez que es un proceso establecido para aquellos que no han ejercido el derecho de adecuación voluntaria que establece la ley. De ningún modo se trata de un accionar caprichoso o discrecional en el cual el Grupo Clarín no pueda ejercer todo el derecho que como administrado tenga.
Respecto de eventuales acciones posteriores, está claro que con la contundencia del fallo las acciones dilatorias no harán más que gravosos los incumplimientos del Grupo Clarín, porque hay algo que no puede soslayarse: la ley en particular en los artículos que previenen la concentración mediática ha sido clara en lo que hace a su constitucionalidad, así como a su aplicación al Grupo Clarín.
No hay vuelta atrás Por Gustavo López Subsecretario general de la Presidencia Es tan importante el fallo en si mismo que constituye un acontecimiento político e institucional. Demoró cuatro años, pero finalmente llegó y significa un salto cualitativo de la democracia. Justo en el momento en el que estamos celebrando los 30 años de la recuperación de la democracia, viene a cerrar un círculo de refundación que se inicia en 1983 y que tiene un punto de inflexión en el 2003 y que viene a cerrar estos puntos, con esta sentencia. No sólo estaba en juego la aplicación concreta de la Ley de Medios que con esta sentencia se resuelve, sino que estaba en juego cómo continuaba la democracia en esta lucha entre el sistema institucional y los poderes fácticos. En el ’83, Raúl Alfonsín produce una ruptura con los 50 años anteriores que consolida a la democracia como sistema de valores y convivencia. A partir de allí, cualquier cambio se piensa desde la democracia y a partir de la democracia. Pero no pudo concretar un ciclo porque la globalización le impidió la segunda parte que era que dentro de la democracia “se come, se cura y se educa”. La globalización y el neoliberalismo se lo impidieron.
A partir del 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner recupera el concepto de soberanía popular para el sistema democrático. Con la frase: “No voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno”, le devuelve el poder a la política y se lo quita a los grupos concentrados de la economía. Los gobiernos recuperaron la capacidad de gobernar. Cuando Cristina Fernández de Kirchner decide dar un paso cualitativo en la democratización de los medios, la Justicia frena la ley cuatro años. La tensión era entre los poderes constitucionales y un grupo económico, pero con la sentencia triunfó la democracia.
La aplicación de la ley es inexorable. A partir de acá se consolida la política y lo que viene es la etapa de institucionalización de la política. Ahora la responsabilidad la tiene la AFCSA. Debe institucionalizar las políticas de democratización que la ley determina aplicándola a todos los grupos. Y más allá de las discusiones jurídicas que se puedan dar en el proceso de adecuación, ese proceso es inexorable y este es el cambio fundamental, no hay vuelta atrás en la institucionalización de la democratización de los medios. Llegó la hora de la verdad Por Henoch Aguiar
Abogado y ex secretario de Comunicaciones El fallo obliga a que la ley deje de ser una fantasía y se transforme en realidad, hasta ahora tanto para los privados como para el Estado, la permanencia de este conflicto justificaba la aplicación parcial o el incumplimiento de la ley. A todos les convino que la ley no estuviera plenamente vigente para escudar incumplimientos. Por parte de los grupos privados nada mejor que este conflicto para demorar durante casi dos años la adecuación a los límites que establece la ley. De esto se beneficiaron los grupos Telefónica-Telefé, Vila, Moneta, entre otros. Para el Estado también fue una excusa ideal para justificar el incumplimiento de obligaciones y plazos establecidos por la ley hace cuatro años. No se conocen los censos de medios, no se ha realizado el plan técnico nacional para ordenar el espectro de radiodifusión sonora que continua siendo un verdadero caos. Y se ha lanzado la televisión digital en un esquema de precariedad, sin concursos, a través de meras autorizaciones experimentales. En este momento la ley debería ponerse los pantalones largos y establecer criterios uniformes de adjudicación y de prestación de todos los servicios. Por otro lado el fallo de la Corte no clausura debates sino que abre muchos de ellos. Habrá que decidir si la desinversión de Clarín será voluntaria o forzosa. ¿Cómo se computa el máximo de 24 localidades para los servicios de televisión por cable sabiendo que una licencia puede recubrir una ciudad de 5.000 habitantes y otra de 3 millones? ¿Cómo se separan servicios de cables de la prestación de los servicios de telecomunicaciones que se brindan por las mismas redes y que dependen de un marco regulatorio de las telecomunicaciones que no tienen las restricciones de la radiodifusión pese a que afectan a las mismas redes? Ha llegado la hora de la verdad, de saber si la herramienta que se diseñó en el año 2009 para impulsar la comunicación audiovisual y la pluralidad es apta para incrementar la comunicación o se transforma definitivamente en un juego de trabas recíprocas que debe ser pensada con ojos nuevos. Nosotros creímos Por Roberto Caballero
Periodista. Ex director de Revista Veintitrés
Me pide Cicu que escriba algo sobre el fallo de la Corte a favor de la Ley de Medios. Me lo pide y me recuerda, medio psicopatón él, que cuando era director de esta revista escribí una tapa, “23 razones para apoyar la ley de medios”, que fue una casi una herejía porque era justo después de la crisis de la 125, cuando los periodistas en general competían para ver quién era más antikirchnerista y, por ende, quién estaba más alejado de lo que la ley “kirchnerista” proponía “para controlar a los medios”. Fue en el paleozoico, hoy siento que entramos en la Revolución Francesa, algo es algo, ¿no?
A 30 años de la recuperación democrática, a cuatro de sancionada la ley, me reconforta que la Corte Suprema nos haya dado a razón, me hace sentir mejor, me hace sentir un ciudadano de primera, después de años de sentirme un “ultra”, un “extremista”, un “paraoficial”, un boludo contento, bah, “pagado por la plata oficial”, según opinan respetables columnistas, porque de eso se trata y eso es lo que defendimos a costa de la injuria, de la difamación, de la agresión pavota, del sentido común patotero, de la amenaza de cárcel de Héctor Magnetto, de mi salud y de la angustia de mi propia familia. La soledad de ayer trocó hoy en esta ley constitucional, para todos y todas, y me siento feliz, reconfortado. Es todo lo que puedo decir y me sale del corazón, o de lo me queda de él después de tanta batalla. Se los juro.
Pero conservo un amor muy grande por Veintitrés, el mismo amor que siento por otra criatura que me tocó parir, el diario Tiempo Argentino. Y desde ese amor quiero decirles que creo haber cumplido en todo este tiempo con el mandato básico del oficio: dejar testimonio de lo que vivimos, con la honestidad intelectual del que toma partido en una encrucijada histórica, y yo siento que lo hice, y se siente bastante lindo esto de ser reconocido, contenido, por el fallo histórico de una Corte Suprema a la que nadie puede acusar de “kirchnerista” o de “chavista”. Es la Corte más prestigiosa que tuvimos en todos estos años, aunque a mí muchos de sus fallos no me agraden. Ricardo Lorenzetti no es el subcomandante Marcos. Es, por lo bajo, bastante conservador el hombre, hay que decirlo. Era la esperanza blanca del Grupo Clarín S.A. hace una semana, ahora se convirtió en un bolsero de cometas, según Elisa Carrió y la troupe de políticos corporativos que no pueden ver, ni admitir, que si la democracia tiene sentido, es por leyes como esta. Así es el monopolio, así es la concentración mediática, así es la manipulación informativa.
Yo soy hijo de Jorge Lanata y Página 12. Llegué a dirigir esta revista en su momento gracias a Guillermo Alfieri, uno de los mejores periodistas –y de las mejores personas– que conocí en mi vida. Admiré y admiro a Ernesto Tenembaum, a Marcelo Zlotowiagdza, a Rep y a Martín Caparrós. Llegué a Veintitrés después de haber trabajado durante un lustro en la revista Noticias, y encontré en estas páginas, que ellos hicieron posible desde la fundación de la revista, la libertad que nunca imaginé para decir lo que tenía ganas de decir, sin importarme nada de nada. Aprendí de esa libertad que me facilitaron la alegría de escribir como ahora lo estoy haciendo: libre de ataduras, con la conciencia limpia y la frente bien alta.
Me queda decirles gracias por la oportunidad. Todos ellos fueron generosos conmigo. Lamento que la discusión por la ley de medios nos haya puesto en lugares distintos. No lo veo grave de todos modos, la democracia nunca lo es. Se opina distinto, simplemente. Lo que atravesamos en nada afecta el respeto que les tuve y les tengo. Tengo todos sus libros en mi biblioteca, no resigné ninguno en todo este tiempo. Considero que después de leerlos fui mejor persona y eso es todo lo que puede pedírsele a un libro y a sus autores, y en la vida eso se agradece.
Ahora que la Corte me rescató del pecado de hablar de los monopolios, los oligopolios y otras yerbas. Ahora que puedo mirar a mis hijos a la cara y decirles que la ley de medios, a 30 años de la recuperación democrática, es un legado que les dejo para que lo mejoren, siento que cumplí un ciclo profesional. No sé adónde me llevará el futuro. Sé que el presente me trajo hasta acá y no es poca cosa.
Aprovecho sí estas líneas para recordarles a Manuel, Camilo, Agustín y Victoria, mis hijos amados, mis pelotitas de amor, que cuando googleen el nombre de su papá y lean que toda esta pelea por la Ley de Medios la dimos por plata o para defender un gobierno corrupto, lean el fallo completo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de octubre de 2013, y aprendan que hay peleas que vale la pena dar para sentirnos mejores personas y para vivir en una sociedad mejor, en la que creemos profundamente.
Habrá siempre gente que les diga que todo es lo mismo, que vivimos en el barro perpetuo, que la vida es una mierda, que no servimos para nada. Sepan ustedes que no es así.
Que su mamá llegó tarde esa noche porque estaba creyendo.
Que su papá no estuvo ese día para jugar en la “play” porque estaba creyendo.
Digan lo que les digan, los ofendan o no, ustedes levanten el mentón y sonrían. Y digan, si es que los joden mucho: “Mis padres creyeron y váyanse a la puta que los parió”, aunque si es posible, por educación, eviten el exabrupto. No corresponde.
Por lo demás, sean libres.
Lo demás no importa nada. Fuente:veintitres.infonews.com
Aquel 18 de marzo de 2009 la presidenta Cristina Fernández decidió jugar sus cartas. A partir de ese momento, el Grupo Clarín incrementó su ofensiva contra el gobierno kirchnerista. Nunca le perdonó ni le perdonará que el Ejecutivo se le animara a una ley que intentaron todos los gobiernos, desde Alfonsín hasta De la Rúa, y que debieron desistir de implementar merced a la presión ejercida desde el monopolio mediático.
Una curiosidad adicional, repasando las ediciones de prensa, la constituye el hecho de que el entonces jefe de Gabinete, Sergio Massa, haya tenido a su cargo la presentación del anteproyecto en el inicio del acto. Sus declaraciones fueron que la norma excedía los marcos de una ley “porque representa una política de Estado”. “La precariedad de los permisos –agregó– y la irrupción de las nuevas tecnologías imponen un cambio en la ley”. Hoy Massa, huelga decirlo, no sólo es el principal opositor al Gobierno sino que acaba de manifestarse contra la ley que él presentó en el Teatro Argentino de La Plata.
Mucha agua corrió bajo el puente desde entonces. ¿Pero cuáles son los principales puntos de la ley ahora vigente y que motivó al día de hoy casi cuatro años de terrorismo mediático y acoso político sobre un gobierno reelecto con el 54 % de los votos? Repasemos:
- La empresa que se dedica a distribuir, por ejemplo a través del cable, no puede generar contenidos, es decir: no puede tener un canal de aire o más de un canal de cable.
- Se reemplazó el viejo Comfer, que tenía un interventor elegido a dedo, por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), cuyo directorio está integrado también por sectores de oposición.
- La ley establece un mínimo de producción nacional en los contenidos.
- Se reserva un 30 % del espectro audiovisual para entidades sin fines de lucro, y otro tanto para canales como Canal 7 o Encuentro, que se fortalecieron ahora con la creación de otros, como Paka Paka o Incaa TV.
- Las licencias se entregan por 10 años, con opción a renovar por otros 10 y luego se tiene que volver a concursar.
- Se creó la figura del defensor del público, cuyo cargo ocupa hoy Cynthia Ottaviano.
- Se limita la cantidad de licencias que puede tener una empresa.
- Se creó Radio y Televisión Argentina, una empresa del Estado a cargo de todos los medios públicos (como Canal 7). En esta estructura tiene participación la oposición.
La norma ahora tiene plena vigencia y son muchos los problemas a enfrentar. Aún no está clara la estrategia que adoptará el díscolo Grupo Clarín para adaptarse a la ley. No presentó su plan de adecuación (lo presentó su socio Fintech, pero al ser minoritario su propuesta no fue tenida en cuenta) y, según anunció el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, el organismo que dirige iniciará la adecuación de oficio. Los editoriales de ayer de Clarín preanunciaban, de algún modo, cuál será la táctica que adoptarán. Por un lado, sus voceros mediáticos, Elisa Carrió y Pino Solanas, denunciaron un acuerdo espurio entre el titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, y la presidenta Cristina Fernández. Hablaron de sobres con dinero y hasta arriesgaron la posibilidad de un juicio político. Desde el máximo tribunal les contestaron Raúl Zaffaroni y el propio Lorenzetti. Por Radio Continental, el miércoles a la mañana, el presidente del alto tribunal puntualizó: “Lo que quiero que quede claro es que la Corte no hizo ningún pacto con nadie. ¿Cómo vamos a hacer un pacto sobre esto que es tan complejo? Es un fallo de 400 páginas, hemos trabajado muchísimo. Yo quiero darle tranquilidad a la gente de que la Corte sigue siendo la misma y hemos utilizado conceptos históricos sobre propiedad y libertad de expresión”.
En relación con las denuncias, Zaffaroni les quitó trascendencia: “Son cosas de la política, ¿qué se va a hacer? Creo que cualquier juez tiene que estar preparado para estas cosas”, dijo. “Si no está dispuesto a recibir ataques políticos, que no sea juez. Sabemos que en el juego político nos van a tirar un tomate. Es el costo de la profesión, está bien, cada uno hace su juego, de acuerdo a reglas distintas, en las dos actividades, pero sabemos que eso pasa”, agregó.
La estrategia mediática quedó clara de inmediato. Primero el ocultamiento de la información, que trascendió a media mañana del martes y el Grupo Clarín tan sólo se allanó a difundirla pasado el mediodía. Luego la ofensiva de sus socios políticos más encumbrados: Macri, Carrió, Solanas. Posteriormente los editoriales de sus espadas más importantes. Lo que sigue es la estrategia judicial. En este campo parece que el grupo ya eligió: a los tribunales internacionales –de escasa o nula incidencia en lo que hace a la aplicación de la ley, pues el máximo organismo de interpretación constitucional en la Argentina es la Corte Suprema– se le podría sumar una política que el propio diario La Nación caracterizó de “guerrilla judicial”. Ergo, los hombres de Magnetto cuestionarán judicialmente todo lo que haga la AFSCA, pues no le reconocen autoridad, porque a su entender el máximo tribunal también cuestionó el accionar del organismo. El grupo tampoco reconoce la notificación para la adecuación de oficio que inició Martín Sabbatella. Lo que alegan es que estaba vigente la cautelar que los favoreció temporalmente.
A pesar de que todo preanuncia más batallas judiciales –como lo anunció el propio Lorenzetti: “Esto no termina acá”–, existe una luz de esperanza. Y esa luz tiene nombre y apellido: David Martínez, presidente de Fintech Advisory, que controla el 40% de Cablevisión. Fuentes cercanas al Gobierno y a la autoridad de aplicación señalaron que una forma de destrabar la situación y que Clarín se allane a la readecuación voluntaria es tener en cuenta la propuesta de Fintech. A partir de ahí se abriría una negociación que llevaría a la aplicación plena de la ley.
Fuentes del Ejecutivo se entusiasman con esta posibilidad porque el litigio permanente en tribunales lo único que hará es retrasar la aplicación, que de todos modos es irreversible. Por otro lado, para evitar dejar flancos débiles, como los que señaló la propia Corte al dar un tirón de orejas al organismo por retrasar la adecuación para otros grupos, es que desde la AFSCA acelerarán todos los pasos para la readecuación de los demás grupos, de manera de no darle a Clarín el argumento de que la ley sólo rige para ellos y no para los demás grupos. Como dijo Lorenzetti, esto no termina acá. Pero lo que sí termina son 30 años de esperar una norma que rija el espacio audiovisual. Los argentinos tenemos por fin la ley que nos merecemos. Y es justicia.
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Cronología de una ley
- 1/3/2009: la Presidenta anuncia ante la Asamblea Legislativa el envío al Congreso de un proyecto para sustituir la ley 22.285 de Radiodifusión creada por la dictadura militar en 1980.
- 18/3/2009: se presenta el anteproyecto de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que se debatiría en los Foros Participativos.
- 6/4/2009: comienzan en todo el país los foros.
- 28/8/2009: Cristina presenta el proyecto de ley.
- 17/9/2009: Diputados aprueba la norma.
- 10/10/2009: es sancionada la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.
- 26/10/2009: el Grupo Clarín acude a la Justicia planteando la inconstitucionalidad de los artículos 41 y 161 de la ley.
- 15 /12/2009: el juez Edmundo Carbone dictó una medida cautelar contra la aplicación de los artículos 41 y 161 de la ley de medios al Grupo Clarín, y dejó en suspenso la obligación de desprenderse de algunas licencias para adecuarse a la ley, que debía realizarse en un año desde su promulgación, en septiembre de 2010. El Estado Nacional apela la medida ante la Sala Uno de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, que confirma la medida sólo respecto del artículo 161 de la ley 26.522.
- 5/10/2010: el Estado interpone un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema, el cual es desestimado por falta de sentencia definitiva.
- 9/11/2010: el juez de primera instancia desestima la fijación de un plazo, pero luego la Cámara de Apelaciones, mediante sentencia del 12 de mayo de 2011, impone un plazo de 36 meses para la vigencia de la cautelar. El Estado interpone un recurso extraordinario, cuya denegación motiva la presentación de la queja ante la Corte solicitando la revocación de la cautelar.
- 19/12/2011: el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, emite su dictamen en el que se pronuncia por la revocación de la cautelar.
- 22/5/2012: ante la excesiva extensión que tomó la vigencia de la medida cautelar, la Corte decide poner el 7 de diciembre de ese mismo año como límite a la cautelar presentada por Clarín.
- 14/11/2012: el Congreso sanciona el per saltum, mecanismo que permite elevar determinadas causas conflictivas y/o consideradas como de “gravedad institucional” directamente a la Corte Suprema para su resolución.
- 29/11/2012: Clarín vuelve a pedir una medida cautelar, pero la Corte lo declaró “inadmisible”.
- 6/12/2012: los jueces Francisco de las Carreras y Susana Najurieta, de la Sala 1 de la Cámara Civil y Comercial Federal, extienden la medida cautelar que mantenía suspendido el art. 161.
- 10/12/2012: el Estado pide a la Corte el per saltum, rechazado por “improcedente” al no haber sido interpuesto por un juez de primera instancia.
- 14/12/2012: el juez federal del Juzgado 1 en lo Civil y Comercial, Horacio Alfonso, declaró constitucionales los artículos de la ley que habían sido cuestionados por el Grupo Clarín, dejando sin efecto todas las cautelares anteriores.
- 14/8/2013: la Corte convoca a audiencia pública, antes de emitir un fallo que avale o declare inconstitucionales los artículos suspendidos.
- 28 y 29/8/2013: la Corte realiza una audiencia pública para escuchar argumentos de las partes.
- 29/10/2013: la Corte Suprema de Justicia declara la constitucionalidad de la Ley de Medios.
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Opinión
Plazo Vencido Por Graciana Peñafort Abogada, miembro del equipo de Gabriel Mariotto. Representó al Estado nacional en la audiencia a la que convocó la Corte
El fallo pone la ley en el minuto cero, postergado hace cuatro años. Pone a todos los actores en igualdad de condiciones y en cumplimiento de las normas que promueve la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en materia de desconcentración del sector de la comunicación audiovisual argentina. Las pautas han sido anunciadas por el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella, en el entendimiento que bien señala la Corte en este fallo y ya señaló en fallos como el de mayo de 2012. Los plazos de la adecuación voluntaria establecidos en el artículo 161 se encuentran vencidos para el Grupo Clarín, con lo cual se ordena la adecuación de oficio, que bien vale señalar no es un proceso discrecional sino un proceso reglado en el que efectivamente hay una participación de la autoridad de aplicación que tiene una mayor intervención toda vez que es un proceso establecido para aquellos que no han ejercido el derecho de adecuación voluntaria que establece la ley. De ningún modo se trata de un accionar caprichoso o discrecional en el cual el Grupo Clarín no pueda ejercer todo el derecho que como administrado tenga.
Respecto de eventuales acciones posteriores, está claro que con la contundencia del fallo las acciones dilatorias no harán más que gravosos los incumplimientos del Grupo Clarín, porque hay algo que no puede soslayarse: la ley en particular en los artículos que previenen la concentración mediática ha sido clara en lo que hace a su constitucionalidad, así como a su aplicación al Grupo Clarín.
No hay vuelta atrás Por Gustavo López Subsecretario general de la Presidencia Es tan importante el fallo en si mismo que constituye un acontecimiento político e institucional. Demoró cuatro años, pero finalmente llegó y significa un salto cualitativo de la democracia. Justo en el momento en el que estamos celebrando los 30 años de la recuperación de la democracia, viene a cerrar un círculo de refundación que se inicia en 1983 y que tiene un punto de inflexión en el 2003 y que viene a cerrar estos puntos, con esta sentencia. No sólo estaba en juego la aplicación concreta de la Ley de Medios que con esta sentencia se resuelve, sino que estaba en juego cómo continuaba la democracia en esta lucha entre el sistema institucional y los poderes fácticos. En el ’83, Raúl Alfonsín produce una ruptura con los 50 años anteriores que consolida a la democracia como sistema de valores y convivencia. A partir de allí, cualquier cambio se piensa desde la democracia y a partir de la democracia. Pero no pudo concretar un ciclo porque la globalización le impidió la segunda parte que era que dentro de la democracia “se come, se cura y se educa”. La globalización y el neoliberalismo se lo impidieron.
A partir del 25 de mayo del 2003, Néstor Kirchner recupera el concepto de soberanía popular para el sistema democrático. Con la frase: “No voy a dejar las convicciones en la puerta de la Casa de Gobierno”, le devuelve el poder a la política y se lo quita a los grupos concentrados de la economía. Los gobiernos recuperaron la capacidad de gobernar. Cuando Cristina Fernández de Kirchner decide dar un paso cualitativo en la democratización de los medios, la Justicia frena la ley cuatro años. La tensión era entre los poderes constitucionales y un grupo económico, pero con la sentencia triunfó la democracia.
La aplicación de la ley es inexorable. A partir de acá se consolida la política y lo que viene es la etapa de institucionalización de la política. Ahora la responsabilidad la tiene la AFCSA. Debe institucionalizar las políticas de democratización que la ley determina aplicándola a todos los grupos. Y más allá de las discusiones jurídicas que se puedan dar en el proceso de adecuación, ese proceso es inexorable y este es el cambio fundamental, no hay vuelta atrás en la institucionalización de la democratización de los medios. Llegó la hora de la verdad Por Henoch Aguiar
Abogado y ex secretario de Comunicaciones El fallo obliga a que la ley deje de ser una fantasía y se transforme en realidad, hasta ahora tanto para los privados como para el Estado, la permanencia de este conflicto justificaba la aplicación parcial o el incumplimiento de la ley. A todos les convino que la ley no estuviera plenamente vigente para escudar incumplimientos. Por parte de los grupos privados nada mejor que este conflicto para demorar durante casi dos años la adecuación a los límites que establece la ley. De esto se beneficiaron los grupos Telefónica-Telefé, Vila, Moneta, entre otros. Para el Estado también fue una excusa ideal para justificar el incumplimiento de obligaciones y plazos establecidos por la ley hace cuatro años. No se conocen los censos de medios, no se ha realizado el plan técnico nacional para ordenar el espectro de radiodifusión sonora que continua siendo un verdadero caos. Y se ha lanzado la televisión digital en un esquema de precariedad, sin concursos, a través de meras autorizaciones experimentales. En este momento la ley debería ponerse los pantalones largos y establecer criterios uniformes de adjudicación y de prestación de todos los servicios. Por otro lado el fallo de la Corte no clausura debates sino que abre muchos de ellos. Habrá que decidir si la desinversión de Clarín será voluntaria o forzosa. ¿Cómo se computa el máximo de 24 localidades para los servicios de televisión por cable sabiendo que una licencia puede recubrir una ciudad de 5.000 habitantes y otra de 3 millones? ¿Cómo se separan servicios de cables de la prestación de los servicios de telecomunicaciones que se brindan por las mismas redes y que dependen de un marco regulatorio de las telecomunicaciones que no tienen las restricciones de la radiodifusión pese a que afectan a las mismas redes? Ha llegado la hora de la verdad, de saber si la herramienta que se diseñó en el año 2009 para impulsar la comunicación audiovisual y la pluralidad es apta para incrementar la comunicación o se transforma definitivamente en un juego de trabas recíprocas que debe ser pensada con ojos nuevos. Nosotros creímos Por Roberto Caballero
Periodista. Ex director de Revista Veintitrés
Me pide Cicu que escriba algo sobre el fallo de la Corte a favor de la Ley de Medios. Me lo pide y me recuerda, medio psicopatón él, que cuando era director de esta revista escribí una tapa, “23 razones para apoyar la ley de medios”, que fue una casi una herejía porque era justo después de la crisis de la 125, cuando los periodistas en general competían para ver quién era más antikirchnerista y, por ende, quién estaba más alejado de lo que la ley “kirchnerista” proponía “para controlar a los medios”. Fue en el paleozoico, hoy siento que entramos en la Revolución Francesa, algo es algo, ¿no?
A 30 años de la recuperación democrática, a cuatro de sancionada la ley, me reconforta que la Corte Suprema nos haya dado a razón, me hace sentir mejor, me hace sentir un ciudadano de primera, después de años de sentirme un “ultra”, un “extremista”, un “paraoficial”, un boludo contento, bah, “pagado por la plata oficial”, según opinan respetables columnistas, porque de eso se trata y eso es lo que defendimos a costa de la injuria, de la difamación, de la agresión pavota, del sentido común patotero, de la amenaza de cárcel de Héctor Magnetto, de mi salud y de la angustia de mi propia familia. La soledad de ayer trocó hoy en esta ley constitucional, para todos y todas, y me siento feliz, reconfortado. Es todo lo que puedo decir y me sale del corazón, o de lo me queda de él después de tanta batalla. Se los juro.
Pero conservo un amor muy grande por Veintitrés, el mismo amor que siento por otra criatura que me tocó parir, el diario Tiempo Argentino. Y desde ese amor quiero decirles que creo haber cumplido en todo este tiempo con el mandato básico del oficio: dejar testimonio de lo que vivimos, con la honestidad intelectual del que toma partido en una encrucijada histórica, y yo siento que lo hice, y se siente bastante lindo esto de ser reconocido, contenido, por el fallo histórico de una Corte Suprema a la que nadie puede acusar de “kirchnerista” o de “chavista”. Es la Corte más prestigiosa que tuvimos en todos estos años, aunque a mí muchos de sus fallos no me agraden. Ricardo Lorenzetti no es el subcomandante Marcos. Es, por lo bajo, bastante conservador el hombre, hay que decirlo. Era la esperanza blanca del Grupo Clarín S.A. hace una semana, ahora se convirtió en un bolsero de cometas, según Elisa Carrió y la troupe de políticos corporativos que no pueden ver, ni admitir, que si la democracia tiene sentido, es por leyes como esta. Así es el monopolio, así es la concentración mediática, así es la manipulación informativa.
Yo soy hijo de Jorge Lanata y Página 12. Llegué a dirigir esta revista en su momento gracias a Guillermo Alfieri, uno de los mejores periodistas –y de las mejores personas– que conocí en mi vida. Admiré y admiro a Ernesto Tenembaum, a Marcelo Zlotowiagdza, a Rep y a Martín Caparrós. Llegué a Veintitrés después de haber trabajado durante un lustro en la revista Noticias, y encontré en estas páginas, que ellos hicieron posible desde la fundación de la revista, la libertad que nunca imaginé para decir lo que tenía ganas de decir, sin importarme nada de nada. Aprendí de esa libertad que me facilitaron la alegría de escribir como ahora lo estoy haciendo: libre de ataduras, con la conciencia limpia y la frente bien alta.
Me queda decirles gracias por la oportunidad. Todos ellos fueron generosos conmigo. Lamento que la discusión por la ley de medios nos haya puesto en lugares distintos. No lo veo grave de todos modos, la democracia nunca lo es. Se opina distinto, simplemente. Lo que atravesamos en nada afecta el respeto que les tuve y les tengo. Tengo todos sus libros en mi biblioteca, no resigné ninguno en todo este tiempo. Considero que después de leerlos fui mejor persona y eso es todo lo que puede pedírsele a un libro y a sus autores, y en la vida eso se agradece.
Ahora que la Corte me rescató del pecado de hablar de los monopolios, los oligopolios y otras yerbas. Ahora que puedo mirar a mis hijos a la cara y decirles que la ley de medios, a 30 años de la recuperación democrática, es un legado que les dejo para que lo mejoren, siento que cumplí un ciclo profesional. No sé adónde me llevará el futuro. Sé que el presente me trajo hasta acá y no es poca cosa.
Aprovecho sí estas líneas para recordarles a Manuel, Camilo, Agustín y Victoria, mis hijos amados, mis pelotitas de amor, que cuando googleen el nombre de su papá y lean que toda esta pelea por la Ley de Medios la dimos por plata o para defender un gobierno corrupto, lean el fallo completo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 29 de octubre de 2013, y aprendan que hay peleas que vale la pena dar para sentirnos mejores personas y para vivir en una sociedad mejor, en la que creemos profundamente.
Habrá siempre gente que les diga que todo es lo mismo, que vivimos en el barro perpetuo, que la vida es una mierda, que no servimos para nada. Sepan ustedes que no es así.
Que su mamá llegó tarde esa noche porque estaba creyendo.
Que su papá no estuvo ese día para jugar en la “play” porque estaba creyendo.
Digan lo que les digan, los ofendan o no, ustedes levanten el mentón y sonrían. Y digan, si es que los joden mucho: “Mis padres creyeron y váyanse a la puta que los parió”, aunque si es posible, por educación, eviten el exabrupto. No corresponde.
Por lo demás, sean libres.
Lo demás no importa nada. Fuente:veintitres.infonews.com
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