La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional los cuatro artículos de la Ley de Servicios Audiovisuales impugnados por el grupo Clarín.  El máximo tribunal ya había demostrado su independencia del poder político fallando en reiteradas oportunidades contra distintas iniciativas del gobierno nacional, la más resonante fue la reforma judicial. Con esta sentencia demostró su independencia del poder económico. Es unagran noticia para la democracia argentina que acaba de cumplir tres décadas.

La Corte le señaló al grupo mediático más importante del país que no logró demostrar con sus reclamos que la norma sancionada en 2009, por amplias mayorías legislativas, afecte con su aplicación la libertad de expresiónni sus derechos adquiridos y que por eso la considera válida en todos sus aspectos. El argumento de mantener la posición dominante como garantía de libertad –expresado por los abogados de la empresa en la audiencia pública– fue destrozado en la sentencia firmada por los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi.

La ley pone límites a la concentración de medios en pocas manos, una aspiración que tuvieron antes los presidentes Raúl Alfonsín, Carlos Menem y Fernando De la Rúa. Todos elaboraron proyectos similares al convalidado el martes pasado, pero no lograron sancionarlos.

Vale aclarar que la CSJ no hace una evaluación de la calidad de la ley sino de su legitimidad. Tampoco se expidió sobre su conveniencia u oportunidad. Por eso se permite en el mismo fallo solicitar que se regule la publicidad oficial –el gobierno hasta ahora la utilizó como un sistema de premios y castigos–, pidió unatransparente política de subsidios, independencia en el organismo de aplicación de la ley (Afsca) y que el gobierno no coloque los medios públicos a su servicio.

Le ley debe garantizar la pluralidad de medios, de voces y de actores de la comunicación. Ése es el sentido original. Si no se cumple con las recomendaciones del Alto Tribunal será imposible cumplir con ese objetivo y se terminará malbaratando el espíritu de la norma. A esta altura el gobierno tiene la obligación ética de propiciar una norma que regule la publicidad oficial.

Algunas voces de dirigentes opositores formaron una suerte de coro de los descontentos. Las andanadas másvirulentas las lanzó Elisa Carrió desde el canal TN. Sin exponer un solo dato, habló de un acuerdo espúreoentre el Secretario Legal y Técnico del gobierno, Carlos Zanini y hasta pidió juicio político al presidente del tribunal. Carrió recorre un camino del que alguna vez será difícil volver. Cuando la CSJ emitió fallos que le agradaban, destacó la probidad e independencia de sus miembros. Ahora que no concuerda con la sentencia, lanza graves denuncias.

El presidente de la CSJ, Ricardo Lorenzetti, quien en principio no iba a responder las denuncias “por ridículas”, decidió dar algunas entrevistas para rechazar tajantemente tal afirmación. “Este fue un proceso transparente y público”, afirmó.

Algo parecido hicieron desde el gobierno nacional cuando la CSJ falló contra la Reforma Judicial. Aquella CSJ era “corrupta” y “sumisa al poder corporativo”. El senador Aníbal Fernández señaló: “Es una Corte opositora no independiente”. Ahora que emitió una sentencia favorable a sus planteos pasó a convertirse en un dechado devirtudes e independencia.

La democracia argentina no sólo debe cuidarse de los autoritarios, también debe protegerse de losirresponsables. Y son una legión que actúa en política y en el periodismo.

Las palabras más racionales fueron de Ricardo Alfonsín: “hay que acatar la decisión del tribunal”. Los fallos están para cumplirlos. Con todo, el grupo empresario podrá exigir indemnizaciones cuando se considere afectado en sus intereses económicos o realizar otros planteos. También se reservó la vía internacional para un eventual reclamo. Lo que quedó clausurado es la impugnación constitucional.

Por lo pronto, con los plazos vencidos, tendrá que vender unas doscientas licencias de tevé por cable (sólo puede tener 24) y resolver si conserva Canal 13 o Cablevisión, ya que la ley expresamente prohíbe tener un canal abierto y una proveedora de televisión paga en la misma ciudad. También ajustar al 35 por ciento su número de abonados, entre otras adecuaciones que deberá hacer a la normativa legal. La incógnita es si lo hará en consenso con las autoridades (algunos hablan de reflotar el plan de adecuación que presentó, en su momento, el socio minoritario del grupo) o en un proceso compulsivo ejecutado por los funcionarios.

Ahora bien, ¿esto sólo es para Clarín? De ninguna manera. El Afsca vino demorando la aplicación de la ley con el discutible argumento de no afectar a otros grupos empresarios hasta que el mayor jugador del mercado se someta a la norma general. Ya no hay excusas. Existe una decena de grupos mediáticos que deben ajustarsea los límites impuestos por la ley. El fallo de la CSJ habla de tratamiento justo. La ley debe aplicarse a todos y con similares parámetros. Algunos de los planes presentados al Afsca hasta el momento son amañados ytramposos. La credibilidad del gobierno está en juego y los que apoyaron la sanción de la ley deberían ser sus principales custodios.

La Corte Suprema de Justicia emitió una señal a toda la sociedad: “se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes”. De eso se trata.

Fuente:www.reynaldosietecase.com.ar