Marcelo Pardo, Gustavo Ifrán y Marcelo Fleitas son jueces de segunda instancia y forman parte del Tribunal Oral de Paso de los Libres. Hace unos meses se plantaron ante lo que consideraron excesos del Fiscal General y pusieron en jaque al propio Superior Tribunal, que no encontró mejor remedio que poner en duda su competencia, desautorizando sus decisiones, con el agravante de avanzar con acciones coercitivas que luego concluyeron en la insólita decisión de sancionar a los camaristas en una determinación aún no firme que será resuelta por el más Alto Tribunal de la Nación, ámbito en el cual las acciones del Superior Tribunal correntino cotizan en baja.
Hasta ahora, las denuncias fueron de particulares. A muchos de ellos se los intentó descalificar aludiendo a supuestos problemas con la Justicia: fueron los casos del senador José María Roldán, de Fernando Carbajal, Raúl Romero Feris, Amílcar Paladini y otros, que impulsaron en total una veintena de denuncias que siguen cajoneadas en el ámbito de la Cámara de Diputados de la Provincia.
Ahora la situación es distinta. El pedido de juicio político lo firman tres jueces prestigiosos del Interior provincial, que además son de jerarquía ya que pertenecen a la instancia inmediata a la de los jueces supremos. La cuestión adquiere otra dimensión, otra significación y pone en alerta al Poder Legislativo, que ahora ha mostrado un virtual bloqueo institucional al no despachar el trámite de los juicios políticos retenidos en Secretaría.

LAS DUDAS EN
LA COMISIÓN DE
ASUNTOS
CONSTITUCIONALES

Frente a la directiva de la Casa Rosada de avanzar en el análisis de la grave situación creada en el ámbito de la Justicia correntina, en la Comisión de Asuntos Constitucionales se analizaron distintas variantes. Una de ellas, finalmente aceptada, fue la de convocar a rendir cuentas a los titulares del Superior y del Ministerio Público. Las otras eran las de emitir derechamente el dictamen propiciando la intervención o dirigirse previamente a la Legislatura pidiendo una definición respecto a la veintena de juicios políticos que aún no han sido tratados.
En la óptica de algunos senadores no se considera lógico que el Congreso de la Nación asuma el costo político de una intervención, habiendo pendiente instancias de resolución locales que aún no han sido activadas. Según esta variante, el Poder Legislativo de Corrientes debe asumir la responsabilidad de los correctivos institucionales dentro del libre juego de las instituciones locales. Recién agotada esta posibilidad, se abriría la instancia del tratamiento en el Senado de la Nación. Se evaluó, incluso, extender la citación a los presidentes de ambas cámaras legislativas de la Provincia o cursar una nota a los diputados, poniendo de manifiesto que el virtual bloqueo institucional que muestra la Cámara baja hace procedente que el Congreso Nacional, de persistir la situación de impotencia de los poderes locales, esté obligado a acudir en auxilio del servicio de justicia de Corrientes.