31 de mayo de 2013
Rubín evita reconocer fallo de la Corte
El Presidente del Superior busca apoyos, que hasta ahora no logra, para avalar el freno de la división del Ministerio Público que planteó hace 4 años César Sotelo. Pese a que el más alto Tribunal de Justicia de la Argentina falló en diciembre del año pasado a favor de lo resuelto en la Convención Constituyente de 2007, el curuzucuateño quiere darle validez a la reforma propuesta por el Fiscal General. Desde el poder central ven un nuevo gesto institucional en un Poder Judicial que tiene la espada de Damocles encima.
En la Justicia provincial vienen sumando porotos para que desde el poder central definan avanzar con remedios cuya receta representaría un cimbronazo en las bases institucionales de Corrientes. Pero son justamente sus referentes los que emiten señales que agrandan la posibilidad de un análisis expedito del proyecto para la Intervención Federal del Poder Judicial. El titular del Superior Tribunal, Carlos Rubín es quien por estas horas marca la tendencia descripta.
Es que el Presidente se mantiene en sus trece desconociendo el mandato de la Corte Suprema, que decidió a finales del año pasado remover el conflicto por la división del Ministerio Público ocurrida en la reforma constitucional de 2007. En aquella oportunidad, el fiscal general, César Sotelo impugnó el artículo que reasignaba sus facultades y el Superior lo avaló, y cuatro años después el más alto Tribunal de Justicia de la Argentina revocó la medida.
Rubín habría dejado en claro a sus pares que no dará el brazo a torcer, condimentando aún más un caldo de cultivo que podría permitir la instrumentación de un remedio federal.
Por estas horas busca el acompañamiento de los demás ministros de la Corte provincial, encontrando ceños fruncidos por doquier, los que a veces no se dan frente a su persona, pero sí se evidencian cuando el curuzucuateño deja las oficinas donde anda en busca de acompañamientos que hasta el momento no habría obtenido.
En concreto, el Presidente del Superior Tribunal insiste en la constitucionalidad de la reforma y tiene párrafos descalificatorios para con los supremos jueces de la Nación. O sea, apoya una moción que fue en contra de lo actuado por la Convención Constituyente de 2007, cuando se avanzó en la redacción de un artículo que estableció la división en tres del Ministerio Público, quedando configuradas constitucionalmente la Fiscalía General, la Defensoría General y la Asesoría General.
En los corrillos de la Justicia local hablan de una mancha más en un tigre cuyo pelaje va pareciendo al de una pantera. Algo que en Buenos Aires observan y sobre el que trabajan en el Senado de la Nación.
Fuente:www.diarioellibertador.com.ar
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