Por Fabiana Solano 

En las últimas semanas la provincia de Jujuy se ha convulsionado como hace mucho no sucedía, producto de la reacción social y política a las medidas impulsadas por el Gobernador Gerardo Morales. El rechazo a la reforma constitucional exprés aprobada a espaldas del pueblo y el acompañamiento de los docentes en su lucha salarial marcan un antes y un después en la historia de una provincia que se ha convertido, desde la asunción del gobernador, en un laboratorio político y social de lo que podría llegar a ser un posible modelo nacional neoliberal, represivo y anti popular en los próximos años. 

Los puntos más controvertidos de la reforma parcial de la Carta Magna implican en términos electorales la eliminación de los comicios de medio término, por lo que la votación será cada 4 años, y "el partido que obtenga la mayoría de votos en las elecciones para Gobernador (obtendrá) la mitad más uno de las bancas de la Legislatura"; el punto titulado "Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica" incorpora "la expresa prohibición de cortes totales de calles y cortes de ruta, así como toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de los habitantes de la provincia y sus consecuencias legales"; con respecto a los pueblos originarios el artículo 36 sobre "derecho a la propiedad privada" posibilita los desalojos de pueblos indígenas que se encuentran en tierras fiscales; y por último en relación a los recursos, postula una modificación que legaliza el saqueo de recursos nacionales estratégicos como el litio y los minerales.

El reclamo docente y el apoyo popular

El reclamo que inició el proceso actual fue el conflicto docente por la recomposición salarial y las condiciones laborales, encabezado por la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), del Centro de Enseñanza Media y Superior (Cedems) y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados), situación que ya lleva más de 15 días de paro y diversas medidas de fuerza ininterrumpidas como cortes de rutas, radios abiertas, ollas populares, cacerolazos y marchas de antorchas. Los sindicatos rechazaron las diferentes ofertas del gobierno y la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia. Lo que exigen es una negociación paritaria permanente que les permita protagonizar la discusión en medio del contexto inflacionario que erosiona el poder adquisitivo del salario. 

Según Mercedes Sosa, Secretaria General del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), el Gobierno de Morales ha vaciado el sueldo docente desde que asumió: “Nosotros cobramos 110% menos desde 2015, así se ha depreciado nuestro sueldo. Y a partir de ahí los pocos aumentos no redundan en ningún beneficio de ninguna forma. Tenemos sueldos de hambre”. 

Lo que exigen es un salario de bolsillo mínimo de $200.000, que es el valor de la Canasta Básica. Mientras, la oferta del gobierno jujeño para junio, que, ya rechazada, era de $ 175.000, el monto por Título de $ 7.000 y la modificación del cálculo del presentismo. “Rechazamos esa oferta porque sumó un tema que no viene a solucionar nada que es el aumento del presentismo sobre el sueldo básico. Los docentes no quieren el presentismo porque es coercitivo y no es un aumento, porque no es para todos. Siempre por algún motivo se falta, y el que va a clase y no falta para tener esa porción más dentro de sus haberes se sacrifica muchísimo”, explica Sosa.

El viernes 9 de junio encabezaron la Marcha de Antorchas, bajo el lema “arriba los salarios y abajo la reforma” que encendió las calles de San Salvador de Jujuy, y otras localidades. La masividad evidenció el apoyo de la ciudadanía, la adhesión de las familias y la aglomeración de otras organizaciones sindicales, estudiantiles, y de DDHH. Desde Buenos Aires se sumaron los apoyos de referentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), de la CTA de los Trabajadores y del "Frente Milagro Sala". 

La contundencia y masividad del reclamo presionó incluso la decisión de Morales de dar marcha atrás con el decreto 8464 que criminalizaba la protesta, habilitaba la represión policial y castigaba las manifestaciones en las calles con multas, despidos y hasta inhabilitaciones para ocupar cargos.  “Me comprometo a derogar ese decreto, ahora les pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto”, expresó Morales. La respuesta docente no se hizo esperar: "Volveremos a clases cuando tengamos salario digno".

Sin dudas esta semana marcó un punto de inflexión en la vida política jujeña. Lo que nació como una problemática sectorial se transformó en la bandera de lucha de todo un pueblo. Pero, a pesar de que se logró la derogación de dicho decreto, el último jueves Morales logró los votos para aprobar la Reforma Constitucional anti - democrática impulsada por el oficialismo a pesar del rechazo social.  

“Perdimos el miedo”

La movilización y la firmeza fue progresivamente escalando al tiempo que la respuesta oficial fueron las amenazas y las campañas de estigmatización. “Progresivamente el acatamiento fue mayor y también el nivel de adhesión de la población que vio mucha fuerza en los docentes – relata la secretaria General de CEDEMS - Se fueron sumando otros sectores hasta quedar conformada oficialmente la Intergremial que es una convergencia de gremios estatales yprivados. Nos une la forma mentirosa en la que se vienen dando las paritarias acá en la provincia, porque nos convocan a los gremios por separado, en distintos horarios, exhibimos nuestras demandas y reclamos, y la respuesta es una liquidación. Son trucos perversos en el afán de desestabilizar al otro”. Esta flamante organización conformada por Adep, Cedems, Sadop, Adiunju, Seom, UDA, Apoc, Apuap, Obras Sanitarias, Sopuj, Sieom Jujuy, Aoma y CTA, encabezará de ahora en adelante la lucha docente y el rechazo de la reforma constitucional en curso.

Los niveles de conflictividad social vividos durante las últimas semanas desestabilizaron al gobierno de Morales que durante años ha sabido controlar la provincia por medio de métodos represivos y violentos, tal como revela Sosa: “Hace mucho que este hombre no veía esto. A nuestra lucha se sumaron otros sectores, la familia nos está acompañando, nadie se molesta por los cortes de calle, la gente saca banderas argentinas, los chicos nos acompañan con sus cartelitos. La gente sabe que nuestro reclamo es genuino. Los docentes tomaron coraje y coparon las calles después de años de que no se nos permitía porque inmediatamente te mandaban a la policía, te hostigaban, te metían preso”. 

En la provincia está vigente desde el 1 de enero de 2016 un código contravencional que impone sanciones y multas a las organizaciones que ocupan el espacio público, que cortan calles o rutas. La periodista Gabriela Tijman, editora del diario digital ‘El submarino de Jujuy’, recuerda que dicho código fue el inicio del régimen persecutorio y criminalizador: “Lo que vemos es lo que se viene denunciando desde el principio del gobierno de Morales, la persecución judicial a los dirigentes, a los referentes de organizaciones sindicales y sociales. A Milagro Sala la detienen en enero de 2016 aplicándole este código contravencional que sigue vigente”.

La reforma constitucional como herramienta del laboratorio social

La reforma parcial de la Constitución fue aprobada el jueves a última hora a puertas cerradas y de manera sorpresiva. De esta manera Morales lograba anticiparse al paro general y movilización provincial previstos para el viernes convocada por docentes, las comunidades indígenas, la CGT Regional Jujuy y las dos CTA. La misma había sido presentada por Morales en Casa de Gobierno, con bombos y platillos, a fines de 2022 y empezó a debatirse en la Asamblea Constituyente el miércoles 14 de junio, en medio de una Jujuy turbulenta. 

La iniciativa es fuertemente objetada por las mayorías por varias razones: se trata de un proyecto de carácter regresivo, anti democrático y anti derechos humanos; y al mismo tiempo todo su tratamiento se realizó de forma exprés, discrecional, y de espaldas al pueblo. Y lo paradójico es que el proceso es presentado por el oficialismo como un avance para alcanzar la “paz social” y el “desarrollo”.

La aprobación de la reforma se logró gracias al apoyo de 40 convencionales del oficialismo con el apoyo del peronismo local. Durante la semana habían renunciado 2 convencionales del Frente Justicialista y seis del Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (FIT-U), y hubo otros dos ausentes, sin embargo, el proyecto se aprobó con la presencia del gobernador como convencional constituyente y al frente de la sesión (aunque la propia Constitución provincial lo prohíbe).

“El texto de la nueva constitución tiene un capítulo dedicado a la denominada ‘Paz social’ que es como el Caballito de batalla de Morales desde el día que encarceló a Milagro Sala. La reforma lo que hace es otorgarle carácter constitucional a ese código contravencional inicial que permitió su encarcelamiento – manifiesta Gabriela Tijman- Jujuy fue un laboratorio de política regresivas, antidemocrática, represivas, desde el primer día que asumió Gerardo Morales. Con muchísima más fuerza después de la detención de Milagro”

Jamás se convocó a la ciudadanía a opinar, debatir o proponer cambios, no se incluyó la palabra de los organismos de derechos humanos, los movimientos de mujeres, los pueblos originarios o los sindicatos. La periodista Tijman relata que “el proyecto no contó con participación ciudadana. Se elaboró un borrador, se conformaron las comisiones de la convención, y se invitó a algunos sectores. Pero las reuniones no fueron públicas ni las transmitieron. El pueblo nunca se enteró de nada, no participó de ninguna manera, no hubo ningún tipo de participación”.

Malka Manestar, integrante de abogados y abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) de Jujuy, denuncia que “es una constitución que se ha escrito a espaldas, con instancias de participación escasas, limitadas, sin tener la letra del proyecto. Es una constitución sin legitimidad social ni consensos suficientes”.

Según Mercedes Sosa, secretaria general de CEDEMS, “la reforma de Morales viene a concretar una política de ajuste, de precarización, de disciplinamiento, de represión, que vino ejerciendo todos estos años en el afán de hacer negocios con los recursos naturales, con el litio. Esta reforma constitucional viene a darle todos los instrumentos para que la gente no tenga resguardo legal”. 

Además para Carolina Heritier, fotógrafa jujeña y estudiante de Comunicación Social, que con su trabajo cubrió las marchas y las demandas sociales, se puede definir esta nueva constitución como “de corte extractivista en relación a los recursos naturales, por lo cual es resistida también por las comunidades originarias,  que se oponen al avance de la industria del litio, que no respeta la legislación indígena, desconociendo la lucha por el agua en relación a las empresas multinacionales mineras”.

La Marcha de las Antorchas y el pueblo en la calle

La postal más icónica de todo este proceso es la de las calles iluminadas por la Marcha de las Antorchas. Miles de educadores y educadoras peregrinaron y se movilizaron por las noches en la capital jujeña y otras localidades bajo el lema “arriba los salarios y abajo la reforma”. El gesto político combinaba el reclamo sectorial docente y la protesta generalizada en contra de la reforma parcial de la constitución. “Ambas cosas se vinculan directamente, porque si la Constitución pretende criminalizar la protesta, entonces todo lo que estamos haciendo los docentes ahora sería penalizado como de hecho pretendió hacerlo con ese decreto que tuvo que retroceder porque era brutal”, explica Sosa.

La Marcha de las Antorchas resulta un tipo de acción muy característico de Jujuy teniendo en cuenta que el NOA es la región más católica de Argentina. La imagen de la peregrinación está muy presente entre los símbolos religiosos y tradicionales, pero también como una forma de protesta pacífica, en contraposición a la campaña de estigmatización impulsada por el gobierno de Juntos por el cambio que intentó vincular a los docentes con la violencia.

La dinámica propia del horario laboral hizo que durante el día se realizaran las protestas y actividades encabezadas por los gremios, y a la noche se sumara el pueblo. Teresa Jordan, comunicadora e integrante del grupo Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy PUAJ cuenta que “la Marcha de las Antorchas se hizo porque propusieron otro horario que terminó siendo super convocante y le permitió a un montón de gente que no participa en organizaciones o gremios pero que quería acompañar y por cuestiones de trabajo no podía, estar presente. Fue impresionante, hacía años que no veía algo así acá en la provincia, ese nivel de movilización”. 

Con respecto a la comunidad y como se apropió de la lucha docente, Fernando Chiri, Secretario de Educación y Cultura de ADEP, señala:  “Nosotros venimos hace 8 años con estas manifestaciones, fue y es porque el maestro toca la sensibilidad de las familias, de los padres. ¿Quién no tuvo un maestro? Cuando el maestro marcha en las calles la familia sale a aplaudir, dar el apoyo. No estamos pidiendo nada que no nos corresponde y vamos a seguir, más allá de las amenazas de descuento por los paros. Morales quiso apagar el fuego con nafta”.

La intempestiva aprobación en secreto significa la coronación oficial de un modelo sociopolítico antidemocrático que le da la espalda a la población. Sin embargo, estas dos semanas en la historia reciente de la provincia han sido un parteaguas. “Nos debatimos entre el dolor por la aprobación de la reforma y el entusiasmo por las calles”, enunció la periodista Tijman. Desde la propia ciudadanía y los sectores en lucha se percibe el inicio de una etapa diferente que encuentra a un pueblo despierto y unido frente a las injusticias. 

Fuente: www.eldestapeweb.com