El Gobierno dispuso ayer, entre una serie de medi­das tendientes a promover la reconversión de planes sociales en empleo genui­no, que el 30 por ciento de la obra pública nacional será otorgada mediante los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado, a cooperativas de la economía popular. Ade­más, estableció que en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empre­sas oferentes que cuenten con un mínimo del 5% de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa "Puentes de Empleo" y dio un plazo de 60 días para la designa­ción de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario. Así lo hizo mediante el Decreto 728/2022 publicado ayer en el Boletín Oficial, que lleva la firma del presidente Al­berto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; y los ministros de Economía, Sergio Massa; de Desarrollo Social; Victoria Tolosa Paz; de Trabajo, Raquel Kismer de Olmos; y de Obras Pú­blicas, Gabriel Katopodis. El Ejecutivo convocó a las organizaciones inscriptas en el Registro de Asocia­ciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica a de­signar los representantes que integrarán el referido Consejo y los encomienda a promover una "Agenda para la institucionalización y el Desarrollo de la Econo­mía Popular" para lograr "el fortalecimiento producti­vo, la formalización de los trabajadores y el fomento del acceso al crédito y del compre estatal para los em­prendimientos de la econo­mía popular". La medida, según los fundamentos de la normativa, también promueve en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el otorgamiento del 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de con­tratación que corresponda, en la realización de obras de hasta $300.000.000, monto que será actualizado conforme a lo que disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas. En todos los casos la obra se realizará bajo la modalidad de con­tratación que corresponda. La Oficina de Contratacio­nes tendrá que incorporar en los pliegos de bases y condiciones generales un margen de preferencia para los oferentes en cuya nómi­na se acredite un mínimo del 5% de trabajadores vin­culados al Programa "Puen­te al Empleo".

También dispone que a partir de la entrada en vigencia del presente de­creto no podrá ampliarse el número de titulares de los siguientes programas: Programa Nacional de In­clusión Socio Productiva y Desarrollo Local "Potenciar Trabajo", "Potenciar Inclu­sión Joven", "Nexo"y "Plus Esencial". Por su parte, la ministra Tolosa Paz sostuvo ayer que el "techo" estable­cido sobre las nuevas altas para los programas Poten­ciar Trabajo, Potenciar In­clusión Joven, Nexo y Plus Esencial apunta a garanti­zar "el sueño de producir bienes y servicios desde la economía popular". "Nos imponemos y autoimpone­mos un techo a seguir in­corporando altas. Esto quie­re decir que el Ministerio va a trabajar con 1.350.000 del Potenciar Trabajo para po­der garantizarles la búsque­da del capital", dijo.

 "No hay una reducción del gasto social"

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos ase­guró ayer que "no hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido", al refe­rirse al decreto firmado por el presidente Alberto Fer­nández para avanzar en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino.

"Es parte de un proceso que busca transformar el sistema de asistencia social para que los trabajadores adquieran cada vez más de­rechos", señaló Olmos en declaraciones a Radio Pro­vincia.

Para Olmos, con la apli­cación de esta iniciativa "se pone un límite a la incorpo­ración de nuevos beneficia­rios, pero no con el objetivo de reducir gastos".

"La intención es que, con todo lo que se ahorre, se en­treguen herramientas y bie­nes de capital a las unidades ejecutoras. Se pasa del gasto corriente al gasto de capital para las unidades ejecuto­ras. No hay una reducción del gasto sino un cambio de sentido, transformándolo en inversión y fortalecimiento de las unidades ejecutoras", precisó.

Olmos destacó que, con la nueva normativa, "se crea un Consejo de la Economía Popular para que el proceso de trabajo sea continuo, con representación de las orga­nizaciones sociales, junto al Ministerio de Desarrollo Social y el de Trabajo". En este sentido, explicó que, con esta nueva modalidad, "se generan instrumentos concretos, como por ejem­plo, una directiva para la re­formulación del sistema de contrataciones".

"La idea es que tengan una preferencia de hasta el 5% en las licitaciones aquellas empresas que absorban, por ejemplo un 5% de per­sonal, a través del Portal Empleo. Estamos viendo de qué manera fortalecer el puente del trabajo in­formal al formal y la eco­nomía popular", subrayó.

JORNADA 

Con respecto a una posi­ble reducción de la jornada laboral a seis horas, la fun­cionaria opinó que "el mun­do debería orientarse en ese sentido" y Argentina tiene "un mecanismo para avan­zar en ese sentido que son los convenios colectivos por sector". "Hoy no podemos hacer una norma de carácter general, pero se puede avan­zar en aquellas actividades donde las condiciones de productividad lo permiten", apuntó.

Fuente:www.nortecorrientes.com