El discurso del poder económico concentrado asumió el pensamiento del liberalismo neo que reivindica las políticas ofertistas. Estas políticas son las que reducen los costos empresariales para que las ganancias de los propietarios de medios de producción crezcan con el presunto objetivo de que los estimulen a una mayor producción, a partir de lo cual la economía crecería. Este crecimiento sería del tipo profit led (impulsado por las ganancias). Como cuando las ganancias agregadas de la economía crecen en su participación en el ingreso total, la porción que captan los salarios y otros ingresos de los no propietarios cae, un crecimiento de este tipo lleva a una redistribución regresiva del ingreso.

La enunciación de la necesidad de que el crecimiento preceda a la distribución desestima la igualdad como un objetivo esencial de la política económica. En cambio se designa axiomáticamente que el crecimiento es la fuente de la que emanan las virtudes de un programa económico. Subyace la idea de que el crecimiento promueve el aumento de la riqueza nacional y que el bienestar que produce va a impregnar al conjunto social. Nada nuevo, es la teoría del derrame. Si los empresarios ganan más, los sectores subalternos mejorarían su nivel de vida. En realidad el discurso de la derecha respecto a su presunta preocupación por la pobreza omite –con la intención de encubrir— toda referencia a la igualdad. Así la “Economía” a secas, cercenada de su indisoluble vínculo con la política, desplaza un valor constitutivo, junto al de la libertad, de la dignidad humana, de la centralidad de su objeto, para encumbrar un instrumento (el crecimiento) que proveería en el futuro un mayor bienestar disminuyendo la pobreza. La derecha por este rumbo concluye –tácita y encubiertamente— que el aumento de la desigualdad sería el método de la disminución de la pobreza. Común es su ataque a los regímenes populares cuando los descalifica como “socializadores de la pobreza”.

Presión (contra)tributaria

Este es el enfoque por el que se plantea la oposición al “impuesto a las ganancias inesperadas” que hoy intenta implementar el gobierno, frente al cual han reaccionado las organizaciones del empresariado local. Impuesto que alcanzaría a las empresas y productores que hubieran obtenido más de mil millones de pesos de ganancias. La razón de su implementación es el impacto de la guerra sobre los precios de los commodities, que tiene perjudicados a millones de argentinos pero también le ha generado fabulosas ganancias a una plutocracia que no está dispuesta a aceptar, por más tibia que sea, una carga tributaria compensatoria de beneficios cuyo origen no es ningún aumento de la productividad o de la inversión. La AEA (Asociación Empresarial Argentina) ha manifestado que “Argentina debe retomar la senda del desarrollo económico y social sostenible. Para ello resulta esencial generar las condiciones para que las pequeñas, medianas y grandes empresas puedan concretar inversiones que generen empleo y hagan crecer la producción y las exportaciones. La creación de nuevos impuestos —como el recientemente anunciado ‘impuesto a la renta inesperada’— va en la dirección opuesta a lo señalado… En Argentina ya están en vigencia 165 impuestos y la carga tributaria sobre el sector formal de la economía es muy elevada y ha crecido fuertemente en los últimos 20 años, superando holgadamente el promedio de la región. Con menos impuestos generaremos más inversiones y empleo”.  Mientras, la UIA (Unión Industrial Argentina) debatió con “preocupación” por la implementación del impuesto, respecto al impacto sobre la inversión de “un nuevo incremento en la presión tributaria sobre el sector formal de la economía y el impacto negativo que tendrá en la actividad y el empleo”. CIARA, que reúne a los aceiteros, y CEC (centro exportador de cereales), se orientan en el mismo sentido impugnador. Mientras la Sociedad Rural se suma a un “tractorazo” organizado contra el tributo. Como se ve, el enfoque es contra cualquier impuesto que se pretenda instrumentar y crítico del nivel de la presión tributaria existente.

En tal sentido la presentación de AEA incurre en una verdadera manipulación de datos. El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) aclara que la cifra de 165 impuestos que invoca el gran empresariado mezcla impuestos con tasas municipales, y otras recaudaciones como derechos de cementerio, otras contribuciones que alcanzan a un universo limitado de ciudadanos. Las contribuciones, las tasas y los derechos que corresponden a contraprestaciones de servicios con destinarios específicos no son impuestos con lo que la cifra se reduce de 164 a 70, tampoco lo son los aportes que realizan los trabajadores al sistema de seguridad social que incluyen. El aporte de las grandes fortunas fue por única vez. Finalmente CEPA señala que algunos impuestos se duplican deliberadamente en el cómputo de AEA. También elaboró un cuadro que se muestra al pie en el que queda claro que el país no tiene una presión tributaria excesiva en un marco internacional comparativo. La otra cuestión señalada es la regresividad del régimen tributario argentino, aunque mitigada durante el gobierno del Frente de Todos.

Esta reacción que se toma es contra un impuesto justo pero insuficiente para la situación de sobre-ganancias provocada por la suba internacional del precio de los commodities y por la decidida acción de las empresas dominantes en la formación de precios, que sumadas provocan y aceleran una inflación de recomposición de ganancias. Ese impuesto debería tener un mínimo no imponible más bajo que le permitiera alcanzar un número mayor de empresas. Si el mínimo fuera el trascendido, el universo de empresas alcanzado no llegaría al centenar. Pero además es urgente cambiar el clima que se ha creado en contra de los derechos de exportación. Es imprescindible acometer el desacople de los precios internacionales de los locales para detener la espiralización inflacionaria, como así también con el mismo objetivo recomponer una intervención del Estado en la cadena de formación de precios en todos los eslabones de los procesos productivos y de distribución. Estamos, en realidad, frente a un proyecto del poder económico de avanzar y consolidar el cambio de relación capital-trabajo en la apropiación del excedente hacia un vuelco a favor del primero de carácter sustancial.

Humanismo económico

Por eso el imperativo es restablecer un criterio humanista en el análisis económico. El problema central que dejaron los neoliberalismos, en el tiempo más reciente el gobierno de Juntos por el Cambio, es la desigualdad. El contrato electoral del Frente de Todos con sus votantes incluyó el ataque a la injusticia social como uno de sus puntos fundamentales. La distribución del ingreso no es endógena a un proceso económico, dicho en otros términos no depende del crecimiento, sino que es de orden. Se dirime en la política. Esta es una cuestión vital de la democracia y los derechos humanos. Detrás de la idea de que las empresas del agronegocio, la minería, el petróleo e insumos difundidos deben recibir estímulos por la vía de la reducción de costos – como sería la disminución de la presión tributaria— mientras se posterga la recuperación salarial de los más de 20 puntos perdidos desde el 2015 hasta el presente, está la lógica del velo encubridor del liberalismo neo que se grafica con la idea de la torta grande para que las porciones crezcan.

Por otro lado, la noción de la pobreza y la indigencia requieren de una convención como es el establecimiento de canastas que constituyen límites de dignidad y subsistencia. El enfoque de la derecha sobre la misma omite la exhibición de la riqueza concentrada en pocas manos como relación dialéctica con aquélla. El discurso del crecimiento presenta la concentración de la riqueza y la eliminación de la pobreza como términos complementarios. Es el colmo de las conclusiones de la corriente principal de la “Economía” con pretensiones de apoliticismo. ¿Un obrero metalúrgico aunque gane por sobre la línea determinada de pobreza estadística no es pobre en relación al dueño de Techint?  ¿Un desocupado estructural no sería pobre frente a ese trabajador? Un rey en el siglo XVIII no tenía luz eléctrica y hoy la tiene un trabajador informal. ¿Quién es el rico y quien el pobre? En cambio la desigualdad no necesita de esas convenciones. Porque es una posición relativa en la sociedad, no una determinación convencional de orden individual y sin relación con su otredad.

La idea de que la redistribución y la búsqueda de la igualdad por vía de la política resulta inconveniente para el estímulo inversor en la economía resulta desmentida comparando los datos duros del período democrático, nacional y popular de los doce años de kirchnerismo con los períodos de los gobiernos de Menem, De la Rúa y Macri, por más que el presidente de la AEA se esmere por mostrar cuan alta es la presión tributaria actual respecto de la del período 1990-2002 (dice él 30,7% contra 20,6%, aunque CEPA en base a OCDE muestre que la de hoy es de 28,6%). El cuadro que sigue demuestra que con mayor presión tributaria la inversión tuvo un crecimiento cualitativo. Esto estaría demostrando que en las sociedades con el tejido social como el argentino, y  sus características culturales y comportamientos económico-sociales, la inversión estaría mucho más vinculada al nivel de la demanda agregada que a la tasa de ganancia. Los estímulos ofertistas a los grandes empresarios no serían el camino para aumentar la inversión, sino que el crecimiento de ésta estaría ligado al impulso del consumo y el gasto autónomo del Estado. Entonces, no son políticas adecuadas ni la prudencia en la recomposición salarial ni el empeño por la moderación en el crecimiento del gasto público.

Otra cuestión a considerar respecto del objetivo matriz de la política económica de un gobierno nacional y popular es que no es el mismo tipo de estructura productiva y de composición de la oferta en un modelo profit led (impulsado por las ganancias) que en otro wage led (impulsado por los salarios). Mientras que en el primero predominaría la producción de bienes dirigidos a un volumen menor de población con altos ingresos, en el segundo estaría dirigida a un mercado mucho más grande de ingresos medios. La cuestión no es menor, se trata de apoyarse en el crecimiento para agrandar la torta o de hacerlo en la igualdad para promover el desarrollo económico.

En este marco analítico la política de austeridad que impone el FMI apunta a moderar (veladamente reducir en términos relativos) el gasto público y contener los salarios para impulsar una política export led (crecimiento impulsado por las exportaciones), para lo que el estímulo de la ganancia – la lógica profit led— es el estímulo indicado. El camino de estructurar la economía desde el impulso exportador, basado en lógicas de competitividad espuria como el tipo de cambio alto, la disminución de la presión tributaria o el permiso para la apropiación privada de abultadas rentas diferenciales sin capturarlas con los derechos de exportación (retenciones), conduce a la profundización de la desigualdad y un diseño estructural de mediano plazo a medida para ese proyecto político.

Revanchismo

El poder económico y su formación política Juntos por el Cambio se niegan a crear y a subir impuestos y, también, a aumentar el gasto público eliminando la opción secundaria para redistribuir el ingreso. El poder económico usa al mercado como espacio para consolidar una tendencia de despojo a los no propietarios de los espacios alcanzados en la distribución del ingreso en el año 2015. Es urgente detener esta cruzada antipopular. Sin desmercantilizar, la distribución del ingreso resultará un objetivo inalcanzable. La conducción de la economía debe ser recuperada para el Estado y eso requiere desbaratar el papel de los formadores de precios. En la vida económica de la Argentina actual estos son la mano visible que construye y controla los movimientos del mercado. Así es la inflación de hoy. Viene por el lado de la oferta.

La multicausalidad –siempre hay concurrencia de razones— no es un argumento político que conduzca a resolver el problema porque disipa responsabilidades. Hay una conducta empresarial de consolidar una revancha clasista y antipopular contra lo conseguido durante el período 2003-2015; una ofensiva incesante de acciones preventivas contra la recuperación de los ingresos populares, acompañada de una intensa acción político-corporativa para destruir al kirchnerismo, como en otras instancias históricas la oligarquía se obsesionaba y conspiraba para liquidar al peronismo. No es la hora de consensualismos ni de pactos de la Moncloa porque no hay disposición democrática del poder concentrado, y resulta muy diferente ser una formación política que actúa en democracia respecto a ser una formación política democrática. El contubernio entre Juntos por el Cambio y la maniobra de la Corte Suprema exhiben esa diferencia que califica a la alianza política que expresa mayoritariamente a la derecha argentina, sin autonomía relativa alguna con las expresiones de la plutocracia empresarial. Son tiempos de dar todas las peleas que sean necesarias.

Fuente:www.elcohetealaluna.com