Lunes 21 de Junio de 2021

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NACIONALES

12 de mayo de 2020

Deuda: tras el pedido de Alberto Fernández, los bonistas aseguran que propusieron firmar ya una extensión de plazos

Surgió luego de que el Presidente y el ministro de Economía Martín Guzmán les solicitaran a los acreedores que dieran a conocer sus propuestas; la intención sería firmar una prórroga mientras se reduce la volatilidad internacional y luego se haría un canje.

Los acreedores comenzaron a responder al llamado del Gobierno a realizar una contraoferta y, entre otras opciones, le plantearon la posibilidad de firmar ya una extensión de plazos y, cuando se reduzca el riesgo por la pandemia, hacer un canje en los próximos meses. Dos fuentes indicaron a Infobae que una forma sencilla de llegar a un acuerdo antes de que el país caiga en default el 22 de mayo es firmar un acuerdo de extensión de plazos (standstill en inglés) que postergue la discusión de fondo por unos meses, mientras se estabiliza la situación financiera internacional. Desde un fondo de inversión indicaron desde Nueva York que es posible llegar a este mecanismo sin muchas dificultades, luego del rotundo rechazo que tuvo el canje ofrecido por la Argentina, cercano al 85 por ciento. La fuente indicó que la idea sería firmar este acuerdo y discutir con más calma las condiciones de una oferta que le resulte conveniente a ambas partes. Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que las conversaciones que se retomaron el fin de semana son constructivas, cautas y reservadas, pero con todas las opciones sobre la mesa. Por lo tanto, si un standstill garantizara el principio de sustentabilidad que guía al equipo del ministro Martín Guzmán, lo analizarían. Nadie en el Gobierno, ratificaron, quiere que haya un default y así se lo manifestó el presidente Alberto Fernández a Guzmán el sábado pasado, cuando el Jefe del Estado se involucró en forma directa en las conversaciones. Fuentes del Palacio de Hacienda indicaron que las conversaciones que se retomaron el fin de semana son constructivas, cautas y reservadas, pero con todas las opciones sobre la mesa. Por lo tanto, si un standstill garantizara el principio de sustentabilidad que guía al equipo del ministro Martín Guzmán, lo analizarían. Nadie en el Gobierno, ratificaron, quiere que haya un default y así se lo manifestó el presidente Alberto Fernández a Guzmán el sábado pasado, cuando el Jefe del Estado se involucró en forma directa en las conversaciones. Esta extensión también le permitiría al Gobierno no mostrar públicamente un cambio muy radical respecto de la oferta original, frente a las demandas de los inversores para aceptar un canje. Si este fuera el camino, habría que ver qué hace el Gobierno respecto del vencimiento de USD 500 millones que debe enfrentar el Gobierno el 22 de este mes. Una posibilidad, comentó una de las fuentes, es depositar este pago en una “escrow account”, hasta que se llegue a un acuerdo definitivo. La idea de un standstill había sido formulada públicamente por el ex secretario de Finanzas Miguel Kiguel y el ex economista jefe del Banco Central Eduardo Levy Yeyati. En aquella propuesta, "la Argentina solicitaría posponer cualquier pago de capital que venciera en los próximos dos años y negociaría una combinación de recortes y capitalización de cupones como una solución provisional para transitar la emergencia sin caer en default”, afirmaron. Ahora, el plazo del standstill sería más corto. Kiguel y Levy Leyati subrayaron que la extensión de los plazos “podría combinarse con la reanudación del acuerdo suspendido de Stand By con el FMI, bajo objetivos fiscales mucho más indulgentes –en línea con los problemas de sostenibilidad que el mismo Fondo acaba de reconocer en sus últimos informes, y que empeorarán drásticamente con la crisis– lo que daría el acceso a los 13 mil millones de dólares restantes del programa, parte de los cuales podría usarse para un pago inicial que hiciera más atractiva la oferta de standstill”. Meses atrás ya advertían que “si un acuerdo definitivo sobre la deuda era improbable el año pasado –en parte debido a que el problema de Argentina es menos el cociente de deuda neta que el crecimiento negativo y el déficit fiscal crónico–, en el contexto incierto de la crisis del coronavirus luce casi imposible”. “Desde el principio, la nueva administración favoreció evitar un default de la deuda externa (aproximadamente USD 66 mil millones, o 15% del PIB), en el entendimiento de que las negociaciones con los bonistas podrían ser largas y desagradables, sobre todo si un default abre la puerta a los fondos buitres y desencadena la aceleración de los bonos –en algunos casos, como el bono Century, con consecuencias fiscales ruinosas. Mientras tanto, el sector privado podría perder el acceso al crédito externo y abortar un repunte de la inversión que es condición necesaria para restablecer el crecimiento después de una década de caída”, indicaron. Kiguel y Levy Leyati subrayaron que la extensión de los plazos “podría combinarse con la reanudación del acuerdo suspendido de Stand By con el FMI, bajo objetivos fiscales mucho más indulgentes –en línea con los problemas de sostenibilidad que el mismo Fondo acaba de reconocer en sus últimos informes, y que empeorarán drásticamente con la crisis– lo que daría el acceso a los 13 mil millones de dólares restantes del programa, parte de los cuales podría usarse para un pago inicial que hiciera más atractiva la oferta de standstill”. Meses atrás ya advertían que “si un acuerdo definitivo sobre la deuda era improbable el año pasado –en parte debido a que el problema de Argentina es menos el cociente de deuda neta que el crecimiento negativo y el déficit fiscal crónico–, en el contexto incierto de la crisis del coronavirus luce casi imposible”. “Desde el principio, la nueva administración favoreció evitar un default de la deuda externa (aproximadamente USD 66 mil millones, o 15% del PIB), en el entendimiento de que las negociaciones con los bonistas podrían ser largas y desagradables, sobre todo si un default abre la puerta a los fondos buitres y desencadena la aceleración de los bonos –en algunos casos, como el bono Century, con consecuencias fiscales ruinosas. Mientras tanto, el sector privado podría perder el acceso al crédito externo y abortar un repunte de la inversión que es condición necesaria para restablecer el crecimiento después de una década de caída”, indicaron. Fuente:www.infobae.com

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