Por: Fabián de Luca

La reciente avanzada judicial y policial contra el abigeato en nuestra región ha abierto un abanico de interrogantes que trascienden lo delictivo. Nadie pone en duda que el robo de ganado es un flagelo que desangra a nuestros productores y que debe ser combatido con rigor. Sin embargo, cuando la balanza parece inclinarse con fuerza solo hacia un lado, surgen preguntas incómodas: ¿Estamos ante una búsqueda genuina de justicia o ante una vendetta política selectiva?

¿Justicia para todos o para los "huérfanos"?

El primer gran interrogante es la selectividad. Combatir el abigeato es una obligación del Estado, pero cuando los procedimientos parecen enfocarse quirúrgicamente en sectores que hoy carecen de "padrinazgo" o apoyo político, la palabra justicia se desdibuja. La sensación de "orfandad política" de algunos actores parece haberlos convertido en el blanco perfecto para mostrar una eficiencia que, en otros casos, brilla por su ausencia. La justicia selectiva no es justicia; es una herramienta de disciplinamiento.

San Martín: El gigante ganadero bajo la lupa

Para dimensionar lo que está en juego, hay que remitirse a los números oficiales: según el último cierre de existencias bovinas de SENASA (diciembre 2024), el Departamento San Martín se consolida como un gigante ganadero con un stock que ronda las 500.000 cabezas.

La paradoja de los "héroes" y el 20% invisible

Sin embargo, hay un factor que muchos prefieren no mencionar, a este registro formal hay que sumarle la “informalidad estructural” que atraviesa al sector. Estimaciones técnicas sugieren que en nuestra provincia el stock informal o “en negro” podría alcanzar hasta un 20% adicional. Estamos hablando de miles de animales que pastan en nuestros campos, pero no existen para el sistema fiscal; una masa de riqueza “invisible” que vuelve al abigeato en un delito prácticamente indenunciable - nadie puede reclamar legalmente lo que no admitió tener - y al frigorífico local una pieza de deseo para quienes buscan blanquear y exportar esa producción ahora que el mercado nacional está totalmente liberado.

Bajo la óptica del discurso nacional actual, donde el presidente Javier Milei sostiene que los evasores son "héroes" por resistir la presión del Estado, surge una contradicción fascinante: Si el gran ganadero que oculta su stock es un "héroe", ¿en qué lugar de la escala de valores queda el cuatrero? En esta pelea de sombras, el Estado parece elegir caprichosamente a qué "infractor" proteger. ¿Es más delincuente el que corta el alambre o el que esconde la vaca para no pagar impuestos?

En La Cruz, la categoría de "prócer" parece depender exclusivamente de la cercanía con el poder.

El Frigorífico: La pieza que falta en el tablero provincial

A diferencia de los grandes polos cárnicos que operan en otros puntos de la provincia —donde predominan gigantes de capitales privados o incluso extranjeros orientados netamente a la exportación—, el frigorífico de La Cruz posee una característica única: es una sociedad mixta ubicada en el epicentro de una de las zonas más productivas de la Mesopotamia. Esta naturaleza jurídica lo hace distinto: es un patrimonio donde lo público y lo privado se cruzan, y es precisamente esa condición la que lo pone hoy en el ojo de la tormenta. Mientras las grandes plantas privadas de Corrientes ya tienen sus dueños y sus reglas, la “joya de la corona” de La Cruz parece estar en una disputa de fondo por quién se quedará con el control de su futuro.

Históricamente, esta planta ha operado en una "zona gris", un espacio donde la transparencia es un lujo y el acceso a la información pública es un laberinto. ¿Cuánto dinero ingresa realmente? ¿Cómo se reinvierte? Hasta hoy, esos datos se manejan con un hermetismo casi de Estado. Esta opacidad hace sospechar que los movimientos judiciales no buscan "limpiar" el campo, sino reacomodar las fichas de un negocio que siempre se manejó entre sombras.

Pero hoy, con la liberación total de exportaciones de todo tipo de cortes (un hecho corroborado tras la caída de las restricciones nacionales), el valor de este activo se ha multiplicado. En otras palabras, como señala la publicación de Letra P, “en Argentina, la ganadería vuelve a ser un gran negocio”.

En este contexto, el rumor de pasillo cobra fuerza: el plan de fondo sería elevar la categoría del frigorífico a Tránsito Federal. De confirmarse, la planta dejaría de ser un servicio local y micro regional para convertirse en una "aduana" hacia mercados internacionales. El apetito de actores de peso por controlar esta llave comercial es lo que explicaría la urgencia de reordenar el tablero local, despejando a competidores imprevistos e incómodos antes de que el negocio cambie de liga.

El muro de los Dos Tercios 

El calendario marca una fecha límite: el 4 de marzo de 2026. Esa es la fecha exacta en la que vence la prórroga de 180 días corridos que el Concejo Municipal otorgó mediante la Ordenanza N° 0496-2025, luego de que el contrato original de Mafrilac S.A.P.E.M. (Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria) expirara el pasado 5 de septiembre.

Esta extensión de seis meses fue presentada como un plazo de "transición institucional" para definir el futuro de la planta. Sin embargo, cualquier decisión de fondo que el Gobierno Municipal pretenda tomar a partir de ahora —ya sea una nueva concesión, la reformulación del contrato social o un cambio de categoría— deberá pasar necesariamente por el Concejo Municipal. Allí, el oficialismo se enfrenta a un desafío matemático: necesitará dos tercios de los votos para avanzar. ¿Será este el lugar donde finalmente se exija la transparencia que faltó durante años, o será simplemente el sello de goma para un negocio que La Cruz, nuevamente, verá pasar de largo?

¿La visita del gobernador y los ministros de Seguridad y Producción este lunes debería leerse como un respaldo político a este nuevo esquema que se pretendería instalar?

Interrogantes que exigen respuestas y el riesgo de informar

La Cruz se encamina a un marzo caliente. Mientras tanto, quedan las preguntas planteadas:

• ¿Es el combate al abigeato un fin en sí mismo o un medio para despejar el camino a nuevos socios?
• ¿Se está aprovechando la falta de respaldo político de ciertos sectores para limpiar a actores incomodos?
• ¿Qué pesa más en la balanza: la seguridad rural o el control del futuro "frigorífico de exportación"?

Combatir el delito es una bandera que todos abrazamos. Pero si esa bandera se usa para tapar una vendetta o facilitar un negocio millonario para pocos, el daño a nuestra institucionalidad será mucho más difícil de reparar que cualquier alambrado cortado.

Finalmente, soy consciente de que plantear estos interrogantes me sitúa en una zona de alta vulnerabilidad. En un contexto donde el Estado podría estar usando a la justicia como herramienta de disciplinamiento, el destino de quien se atreve a señalar lo que se omite deliberadamente es incierto. Sin embargo, publicar estas líneas es un compromiso con nuestra comunidad. Si el costo de analizar la realidad de La Cruz es el señalamiento, será un precio que seguiremos pagando para que el destino de nuestro pueblo deje de decidirse en la oscuridad de una oficina y pase a ser una discusión pública y transparente.