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EL TIEMPO EN LA CRUZ

22 de diciembre de 2016

Drogas: allanamientos, detenciones, testigos y conflicto de jurisdicciones

Policías santafesinos irrumpieron en Goya ayer a la madrugada y realizaron sendos operativos antinarcóticos sin aviso previo, según versión oficial local. Además, "levantaron" a 16 jovencitos en la Costanera de la Capital para testificar, algunos de ellos serían menores de edad. Los trasladaron hasta la vecina localidad. Familiares de los chicos realizaron denuncias por "privación ilegítima de la libertad".

La localidad de Goya vivió ayer un hecho sin precedentes que derivó en presuntas detenciones ilegales, dos jefes policiales de Santa Fe demorados y un fuerte conflicto de jurisdicciones.

Todo comenzó a la madrugada, cuando varias patrullas pertenecientes a la Policía de Santa Fe coparon la ciudad y realizaron al menos ocho allanamientos ordenados por un juez Federal de Rosario en una causa de drogas iniciada en 2015. También hubo allanamientos en la Capital correntina y en la localidad santafesina de Reconquista. El operativo, que tenía previsto varios allanamientos durante toda la jornada, se vio interrumpido cuando llamativamente la plana mayor de la Policía de Goya se presentó en el lugar para manifestar su descontento ante la falta de información por parte de sus pares santafesinos, a quienes les recriminaron que "en ningún momento habían recibido un comunicado oficial del operativo". Durante el procedimiento que la División de Prevención y Control de Drogas de la Policía de Santa Fe llevaba a cabo en un domicilio de calle Chile, entre Blas Lucioni y Piragini Niveyro, arribaron al lugar el juez de Instrucción, Carlos Balestra, y la secretaria, Miriam Amores; el 2° jefe de la Unidad Regional II, comisario mayor Hugo Valenzuela, como así también otros jefes policiales, como los comisarios Bordón y Romero, quienes dispusieron de un cerco con móviles y personal. Al mal humor y al descontento generalizado por el "silencioso" operativo, se sumó un fuerte cruce verbal entre jefes policiales correntinos con sus pares santafesinos, a quienes les recriminaban "la falta de notificación por cuestiones de jurisdicción".   CONFLICTO DE  JURISDICCIONES   Quien se refirió a la confusa situación que vivió la comunidad de Goya fue el ministro de Seguridad de la Provincia, Horacio Ortega. El funcionario admitió en conferencia de prensa que "los procedimientos de la Policía de Santa Fe no se ajustaron a convenios interprovinciales" y confirmó que fueron ordenados por un juez Federal rosarino. También habló el jefe de la Unidad Regional II, el comisario Héctor Montiel, quien calificó el procedimiento de la Policía santafesina como "atípico" y aseguró "no haber visto nada parecido en toda su carrera como policía". "No es que nos moleste que trabajen en Goya, pero lo que hicieron con los 16 chicos demorados en Capital es una cosa arbitraria e innecesaria. Es una total falta de respeto a las autoridades de Corrientes", expresó Montiel.   ESCÁNDALO  NACIONAL   El propio gobernador de Corrientes, Ricardo Colombi, que casualmente se encontraba en Goya por cuestiones de agenda, se ocupó de la delicada situación provocada por policías santafesinos e intercedió para la inmediata liberación de los 16 jóvenes que habían sido trasladados desde Capital en calidad de testigos. Según trascendió, el Gobernador se comunicó con el ministro de Seguridad de la vecina provincia, Sebastián Pullaro, a quien le expresó su malestar por lo ocurrido y le pidió la suspensión de los allanamientos. Asimismo, se supo que los 16 jóvenes que fueron llevados a Goya fueron trasladados de regreso a Capital y ya están con sus familias.   JEFES POLICIALES DETENIDOS   El fiscal Guillermo Barry, en tanto, se apersonó al allanamiento que se realizaba en el barrio Scófano de Goya y ordenó la suspensión del mismo. Además, desafectó a los testigos de los cinco allanamientos realizados y requirió la detención de los jefes del operativo, José Moyano y Claudio López, quienes fueron trasladados a la UR II para explicar cómo y porqué se realizaron los procedimientos que incluyeron el traslado de 16 jóvenes desde Capital en calidad de testigos. En horas de la noche, ambos efectivos recuperaron la libertad. "PRIVADOS DE  SU LIBERTAD"   De acuerdo a datos suministrados por fuentes judiciales, familiares de algunos de los 16 jóvenes que fueron detenidos y trasladados a Goya en carácter de "testigos" presentaron varias denuncias por "privación ilegítima de la libertad". Cabe recordar que la mayoría de los chicos trasladados ilegalmente fue demorada como delincuentes, mientras cenaban en diferentes locales de la Costanera correntina.   OPERATIVO CIUDADES HERMANAS Sobre el operativo que desató un escándalo a escala nacional, se supo que fue el resultado de un trabajo investigativo de 14 meses (se inició en octubre de 2015) que tuvo su corolario ayer cuando agentes de distintas dependencias especializadas de la Policía de la Provincia de Santa Fe ejecutaron 15 allanamientos de una operación antinarcóticos bautizada Ciudades Hermanas en las localidades de Goya, Corrientes y Reconquista, Santa Fe. Fuentes oficiales de la Policía santafesina confirmaron que durante el procedimiento fueron detenidas cuatro personas relacionadas de distinta manera con el narcotráfico y el secuestro de 40 kilogramos de marihuana, todo ello en la ciudad de Reconquista.
No habrían avisado del operativo Otra de las irregularidades detectadas en el procedimiento de la Policía de Santa Fe fue la falta de aviso previo a sus pares correntinos. Fuentes de la investigación confirmaron a EL LIBERTADOR que en la esfera de la Justicia Federal no se recibió a tiempo ningún exhorto anticipando el envío de fuerzas policiales a Corrientes para un operativo antinarcóticos. Las mismas fuentes indicaron que no está en cuestionamiento el operativo desplegado por las fuerzas santafesinas en Goya, lo que está en tela de discusión es la forma en que fueron llevados 16 chicos desde Corrientes a Goya como testigos, cuando podían haber tomado testigos en la ciudad de los allanamientos (Goya). Además, según lo que prevé el artículo 138 del Código Procesal Penal nacional, sólo son necesarios dos testigos para este tipo de operativos. Por su parte, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, aclaró que el operativo se hizo de acuerdo con la ley vigente y que él dispuso los allanamientos, puso en conocimiento al juez Federal de Corrientes, Soto Dávila, quien tiene jurisdicción en Goya, y envió a las tropas.  Dijo además que "no tiene por qué avisar de procedimientos a realizar ni al Gobernador, ni a ningún funcionario político, ni a otras fuerzas de seguridad, por razones obvias en busca de garantizar el sigilo".   Fuente:www.diarioellibertador.com.ar


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