Una medida extrema que no agota sus alcances aún y que puede derivar en una situación todavía más tensa que la que se vivió ayer en la sede del Centro de Jubilados dio por terminada la gestión de la doctora María de las Mercedes Solís de Zambrano al frente de la institución con sede en capital, en 18 lugares del interior y con más de 15 mil afiliados en toda la provincia.
Todo sucedió ayer a la tarde, cuando se dio a conocer una disposición de la Inspección General de Personas Jurídicas que, al encontrar irregularidades en algunos procedimientos internos del Centro, nombró en el cargo de interventora a María Elsa Díaz de Ferreyra, quien presidirá, según se dispone, una Comisión Especial Normalizadora para reencauzar la situación de zozobra actual en la que se encuentra el Centro de Jubilados según Personas Jurídicas.
Ello a raíz de la última aprobación de la memoria y los balances, pero hay quien cree que tiene que ver también con la situación que impidió, por distintos motivos, la realización de elecciones.
Mientras tanto, Díaz de Ferreyra estará acompañada por Arturo Ignacio Matta y Alicia Raquel Artieda en la conducción que deberá dar continuidad institucional a la “empresa” de los jubilados y pensionados de Corrientes.
Según Personas Jurídicas, ha sido tan “irregular como ineficaz” el último congreso extraordinario del Centro de Jubilados y Pensionados” por ello mismo dictó la suspensión provisional “de las funciones de los órganos societarios”. La intervención ahora debe convocar a un nuevo congreso para evaluar el último ejercicio financiero. 
Hasta entrada la tarde, tanto Díaz de Ferreyra como Solís de Zambrano permanecían en el edificio de la calle La Rioja sin poder zanjar la situación, protagonizando acusaciones mutuas. 
Para la “saliente” titular del Centro, que estaba a punto de terminar su actual mandato y a punto de reasumir en otro, “el argumento de intervención es traído de los pelos”, por lo cual anunció que recurrirá a la Justicia.
“Yo no voy a dejar de custodiar los bienes de la entidad. Yo soy responsable. No sé quienes son estas personas… esto es un atropello que no se condice con un estado de derecho… hemos hecho una denuncia penal por lo que tendrá que venir un fiscal para desalojar si lo quieren hacer”.
Zambrano dijo además que “nosotros no nos damos por notificados de semejante barbaridad, no sabemos el porqué. Lo menos que tenemos que tener es una notificación de alguna actuación previa. Tenemos que ejercer el derecho de defensa que supuestamente tenemos”, dijo, dando por impropia la manera en que los delegados normalizadores se hicieron presentes y quisieron tomar posesión de los cargos.
“A nosotros nos llega a las 4 y media de la tarde una banda acá y no dicen que son las nuevas autoridades y debemos irnos… yo tengo que defender un patrimonio, hay documentación, valores, cómo voy a entregar a cualquiera todo esto”.
Ferreyra dijo que todas las formalidades se cumplieron, que las notificaciones llegaron y que el resto es parte de una escenificación montada por la presidenta saliente que, no obstante, se atrincheró en el lugar hasta que llegó, ya en la noche, el titular de Personas Jurídicas, doctor Juan Carlos Noya, quien se hizo presente en el lugar para constatar el cumplimiento de su resolución. Afuera del edificio aguardaban varios patrulleros y agentes de la Policía.
La solución temporal del asunto se logró luego de que ante escribano público se sellaran varias oficinas y las instalaciones del Centro se pusieran a resguardo de las nuevas autoridades y de agentes de la Policía.
De paso, y antes de irse a su casa, al menos por la noche, Zambrano deslizó “que desde hace mucho tiempo están queriendo entrar acá ayudado por un sector del Gobierno, eso es de público conocimiento. Buscaron la forma, pero esta no lo es y creo que hay Justicia en Corrientes todavía, así que acudiremos a ella para que las cosas vuelvan a su cauce normal”. Hoy seguirá la historia.