Las notificaciones, que llegaron a las oficinas de Romero Feris pero también a las de sus abogados defensores e incluso a las oficinas de los organismos públicos que deben velar por el cumplimiento de su inhabilitación política de por vida, plantean un escenario de reclusión en el que no aparece ninguna posibilidad de dilación, según dijeron a este diario fuentes cercanas a la causa.
Romero Feris debería ir a prisión y hacerlo antes del lunes presentándose espontáneamente. De no hacerlo, sería la fuerza pública que disponga la Justicia la que debería ir a buscarlo a su casa para ponerlo tras las rejas. Todo ello como parte de un proceso que no puede demorarse más, según se escudan desde la Justicia, sector siempre atacado por Romero Feris, al que endilga movimientos acompasados con los humores políticos, que últimamente, dicho sea de paso, no son los mejores para con el ex hombre fuerte del Partido Nuevo.
Las causas por las que se habrían librado las notificaciones y la “invitación” a volver al calabozo, donde ya estuvo hace unos años, se relacionan con los fallos adversos que obtuvo Tato Romero Feris por las causas de “Abuso de autoridad”, “Bonos” y “Fondo de pavimentación”.
El fallo de la causa por “Abuso de autoridad” en 2001 condenó al ex gobernador a 3 años y 6 meses de prisión, así como inhabilitación para ocupar cargos públicos por 7 años y fue definido por los jueces mendocinos Eduardo Orozco, Oscar Balmes y Estascio Cremaschi.
En la causa “Bonos”, de 2002, y que se inició por administración infiel entre otras figuras penales emparentadas con la corrupción, la Cámara en lo Criminal 2 lo sentenció a 7 años de prisión, inhabilitación perpetua y a la devolución de 8 millones de pesos en los que fue valuada la maniobra investigada y que perjudicó a la Municipalidad de Corrientes.
En tanto que en el caso conocido como “Fondo de pavimentación”, en 2005 el ex intendente fue sentenciado a 5 años de prisión y a la devolución de unos 400 mil pesos por el tribunal presidido por Elisa Morilla de Sanserri, Eduardo Panseri y Cinthia Godoy Prats.
No ingresa en el cálculo el fallo más reciente que confirmó hechos de corrupción en el paso de las manos de Tato por el erario público: el de la denominada causa “Santa Catalina”, por peculado comprobado en la utilización de facturas apócrifas en la rendición de gastos para la construcción de refugios para damnificados por las inundaciones.
Según la calculadora judicial, en total Tato Romero cumplió en prisión 3 años y 37 días, entre otras dependencias, en el Escuadrón Corrientes de la Gendarmería Nacional. Ahora le esperan no menos de 7 años, aunque pronto estaría en condiciones de acogerse al beneficio de la prisión domiciliaria por cuestiones de edad.
No resulta casual en este contexto (y aprovechando que la medida judicial no fue comunicada a los medios), que el Partido Nuevo haya emitido un comunicado político: el lanzamiento de la candidatura a gobernador de Tato, claraboya por donde haría caer su relato de persecución política, más allá de que desde hace tiempo está borrado de los padrones electorales por estas cuestiones pendientes con la Justicia.
No obstante ello, el Panu hizo saber ayer que “prepara el lanzamiento de la candidatura de Tato a gobernador”.
“En los próximos días el Partido Nuevo reunirá a sus cuerpos orgánicos para definir el lanzamiento de la candidatura del ex gobernador y líder del Panu, Raúl ‘Tato’ Romero Feris a la gobernación de Corrientes, para las elecciones de 2017. La decisión está en marcha y es parte de los objetivos políticos del Panu, de encabezar una fórmula que suceda a más de una década y media de gobiernos radicales”.
“Para ello se mantienen conversaciones con referentes justicialistas, autonomistas, liberales, radicales y de distintos partidos que coinciden en la figura de ‘Tato’ Romero Feris para encabezar un frente que se muestre como alternativa al colombismo”.
Por lo pronto, a más tardar el lunes debería presentarse la jueza Teresa Zacarías, quien tiene que disponer de su lugar de detención que, en principio, salvo mejor criterio, sería la Unidad Penal 1.