De aprobarse, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación entrará en vigencia a partir de enero de 2016.
Sin realizarle modificaciones al texto aprobado en noviembre de 2013 por el Senado, el kirchnerismo en Diputados confía en aprobar esta norma en una sesión en la que la oposición ya adelantó que planteará objeciones reglamentarias sobre el tratamiento.
Desde el bloque del Frente para la Victoria ya descartaron la posibilidad de hacer lugar a esos reclamos; por lo que llegarán a la sesión con el quórum y los números para obtener la mayoría en las votaciones contabilizando sólo a los propios diputados y a los habituales aliados.
Así, para miércoles al mediodía, cuando se iniciará la sesión, en el bloque que preside Juliana Di Tullio aspiran a reunir entre 134 y 136 diputados, con lo que superarían los 129 que marcan el número necesario para iniciar una sesión.
Para alcanzar el quórum cuentan a los 118 diputados propios, a los 7 del Frente de Santiago del Estero, a los 3 de Nuevo Encuentro, 3 del Movimiento Popular Neuquino, 1 del PJ La Pampa, 2 de diferentes partidos provinciales Fueguinos; y la posible presencia de la ex aliada del piquetero Raúl Castells, Ramona Puchetta, y del sindicalista de la CGT de Hugo Moyano, Omar Plaini.
Esos mismos diputados serían los que horas después votarían a favor del proyecto, teniendo en cuenta que la oposición realizará las objeciones reglamentarias en el primer tramo de la reunión y luego decidirá si se retira de la sesión o si permanece hasta el final para votar en contra.
"No se puede tratar en la Cámara un proyecto sin dictamen de comisión, salvo sobre tablas con una mayoría especial. El proyecto está vigente, pero para ser tratado requiere un dictamen en el que hayan intervenido los actuales diputados de la Cámara y no otros anteriores que ya no pueden asesorar a la Cámara sobre qué cosa hacer", señalaron los diputados de la mayoría de los bloques opositores en una nota enviada a la Presidencia de la Cámara y anticipando lo que el miércoles plantearán en el recinto.
La nota fue impulsada por el radicalismo, el Pro, el Frente Renovador, el Frente Amplio Progresista, Unidad Popular y la Coalición Cívica; y no fue respaldada por los diputados peronistas opositores referenciados en el gobernador cordobés, José de la Sota, y en los líderes puntanos Rodríguez Saa.
Consultada por Télam sobre este planteo reglamentario, la secretaria parlamentaria del bloque del Frente para la Victoria, María Teresa García, calificó a quienes lo llevan adelante de tener actitudes "irresponsables y caprichosas".
"Que diputados cuyos partidos estuvieron representados en la comisión bicameral que elaboró el dictamen del proyecto digan que no pudieron estudiar el texto es de una irresponsabilidad muy grande", señaló la legisladora en un mensaje dirigido fundamentalmente a la UCR.
También dijo que "ya están encaprichados en que no van a tratar ningún proyecto; entonces cuando el FPV impulsa algún tema, en vez de ponerse a estudiar esa cuestión, agarran el reglamento y empiezan a buscar obstáculos. No les interesa discutir las cuestiones de fondo".
Para llegar a su aprobación legislativa, el proyecto, presentado en marzo de 2012 por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, fue objeto de audiencias públicas que se realizaron en más de 20 ciudades del país, previo a que la comisión bicameral emitiera el dictamen.
Además del dictamen de mayoría, que lleva la firma del Frente para la Victoria, existen otros cinco de minoría pertenecientes a la UCR, el PRO, Unidad Popular, el Frente Peronista y Compromiso Federal (sector de Rodríguez Saa)
El nuevo texto establece que los nacidos por las técnicas de reproducción humana asistida "son hijos de quien dio a luz y del hombre o de la mujer que también ha prestado su consentimiento previo, informado y libre con independencia de quién haya aportado los gametos".
En cuanto a cuestiones como la adopción, indica que el niño puede ser adoptado "por un matrimonio, una unión convivencial o por una sola persona"; y que "una adopción constituida en el extranjero debe ser reconocida en la Argentina cuando haya sido otorgada por los jueces del país del domicilio del adoptado".
También menciona que "el hijo matrimonial lleva el primer apellido de alguno de los cónyuges" y que "en caso de no haber acuerdo, se determina por sorteo realizado en el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas".
En cuanto a cuestiones matrimoniales se incluye la posibilidad de que los contrayentes opten por el régimen de separación de bienes antes de la realización del matrimonio; y se prevé que el divorcio se decreta judicialmente a petición de ambos o de uno solo de los cónyuges.
La nueva normativa menciona a las "uniones convivenciales" como "la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo".
Las temáticas sobre fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios; delegación de la protección del embrión en una ley especial, la eliminación de la gestación por sustitución, de la fecundación post-mortem y de la función social de la propiedad, se regularán con legislación complementaria.