El panorama político argentino está dominado hoy por la profundización del conflicto entre el Gobierno nacional y los fondos buitre, cuyas consecuencias en el corto plazo amenazan rediseñar el escenario y proyectarse hacia el terreno electoral.
Cuando en los sectores empresarios cunde cierto desconcierto ante el endurecimiento registrado en la actitud gubernamental, sus interlocutores gubernamentales explican que la naturaleza de la contienda adquirió ahora una dimensión que amerita la adopción de actitudes firmes y medidas contundentes.
En la visión de la Casa Rosada, estos fondos buitre han puesto en marcha un plan de acorralamiento económico y político de la Argentina, que puede incluso alcanzar ribetes desestabilizadores.
El insólito comunicado del fondo Aurelius, en el que da por clausuradas las negociaciones reservadas que venía manteniendo con un grupo de bancos internacionales para buscar una fórmula de transacción para solucionar el litigio fue interpretado como una virtual declaración de guerra. La advertencia acerca de que "lo peor aún está por venir" no es una simple bravuconada.
En ese sentido, la resolución de un juez de Nevada, que solicitó a un reconocido estudio jurídico-contable de Panamá que suministre información sobre 123 sociedades anónimas, supuestamente vinculadas al empresario patagónico Lázaro Báez sería la punta del iceberg de una ofensiva de vastos alcances.
El objetivo de los buitres sería reiterar en la Argentina una estrategia que ya se usó exitosamente en su prolongado conflicto con el Congo, cuando consiguieron identificar y congelar las cuentas bancarias secretas que tenían en el exterior algunos encumbrados funcionarios del país africano, lo que les permitió ejecutar una maniobra extorsiva que se coronó con el cobro del total de la suma reclamada.
Obviamente, la Argentina no es el Congo y el resultado ni por asomo será semejante, pero la maniobra está en desarrollo. Los considerandos de la resolución del magistrado de Nevada son realmente insólitos. El juez da por sentado el involucramiento de Néstor y de Cristina Kirchner en maniobras sospechadas de lavado de dinero, la condición de Báez de testaferro de ambos y, por consiguiente, la procedencia del embargo de las cuentas de esas sociedades para satisfacer a los acreedores de la Argentina.
Las implicancias políticas de esta virulenta campaña afectan el escenario doméstico. El Gobierno está convencido, y no le faltan por cierto argumentos, de que dichas acusaciones internacionales serían generosamente propaladas por los medios periodísticos opositores, con el fin de colocar al tema de la corrupción en el centro de la agenda pública.

JUEGO FUERTE

En este contexto, la decisión de Cristina Kirchner es jugar duramente. Con una ventaja: las encuestas indican que la firmeza exhibida ante los fondos buitre mejora la imagen presidencial. Esto ayuda a entender que el Gobierno haya resuelto impulsar una batería de iniciativas orientadas a demostrar inequívocamente que bajo ninguna circunstancia está dispuesto a dejarse extorsionar por los acreedores.
Si bien cada una de estas iniciativas reconoce una explicación puntual, existe un común denominador político entre el proyecto de modificación de la Ley de Abastecimiento, el allanamiento de la Afip contra el Hsbc (uno de los principales bancos del mundo) por una investigación de lavado de dinero, la aplicación de la legislación antiterrorista para el caso de la quiebra de la empresa gráfica estadounidense Donnelley y hasta la apertura de un amplio debate sobre la despenalización del consumo de marihuana, que colocaría a la Argentina en la senda inaugurada por el Uruguay y la desmarcaría de las recomendaciones de Washington. En todos estos casos, el Gobierno quiere mostrar su clara determinación de "no bajar las banderas".
Esto no implica en absoluto que la Argentina le declare la guerra al mundo. El anuncio de que se pagarán 3.000 millones de dólares a distintos acreedores externos con reservas del Banco Central ratifica las reiteradas afirmaciones de Cristina Kirchner acerca de que el país no es un "deudor serial", sino "un pagador serial", y que bajo ningún concepto pretende incumplir sus obligaciones internacionales.
Esta percepción predomina todavía en los mercados financieros. Si bien la aparente caída de las negociaciones privadas entre los bancos extranjeros y los fondos buitre agrega una cuota adicional de incertidumbre, la cotización del dólar, de las acciones argentinas y de los bonos de la deuda pública siguen sin sufrir variaciones acordes con la situación de default "parcial" o "selectivo" aplicada por las calificadoras internacionales de riesgo.
Más aun: la noticia de que el financista George Soros acaba de aumentar su participación accionaria en YPF revela que uno de los fondos de inversión más conocidos mundialmente por sus tendencias especulativas en relación a las fluctuaciones monetarias globales no vacila en aumentar su exposición de riesgo en la principal empresa argentina.

DOBLAR LA APUESTA

El kirchnerismo puro y duro pretende capitalizar políticamente el cambio de situación. El acto del martes pasado en el Luna Park ratificó su intención de no ceder protagonismo.
La ausencia de los eventuales precandidatos presidenciales, desde el ministro del Interior, Florencio Randazzo hasta el gobernador entrerriano, Sergio Uribarri, pasando por el titular de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez y el ex canciller Jorge Taiana revelan que la prioridad no es el encumbramiento de una figura, sino la reivindicación de un proyecto más allá de que en ellos no cayó bien el alto perfil mostrado por figuras consideradas irritantes para la mayor parte de los argentinos como lo pueden ser Hebe Bonafini o el ex piquetero D’Elía, cuyas apariciones en primera fila y con alto protagonismo desdibujan cualquier movida.
Esta estrategia implica que no está en absoluto descartado un acuerdo con el gobernador bonaerense, Daniel Scioli. La cuestión es si Scioli asume o no la continuidad del proyecto que encarna hoy Cristina Kirchner. En ese caso, tendría que concretar un alineamiento político más explícito con la Casa Rosada, evitar algunos coqueteos dialoguistas y aceptar importantes condicionamientos en materia de candidaturas, especialmente acerca de la Vicepresidencia de la República y de la gobernación de Buenos Aires. "¿Qué tal la fórmula Daniel Scioli-Axel Kicillof, con Randazzo en la Provincia de Buenos Aires?", se interrogan en conspicuos cenáculos del kirchnerismo.
En el comando sciolista la visión es otra. Jugar con los tiempos, patear para adelante y esperar el momento en que el Gobernador pueda imponer las condiciones que antes que nada apuntarán a no perder un perfil propio que lo proyecte como un candidato con posibilidades de disputar un inevitable ballotage en el que la clave del éxito depende de mostrar cierta distancia con la Casa Rosada como forma de evitar el voto rechazo a la gestión.
El análisis de Scioli no parece equivocado. Para las Paso falta un año, que en política es muchísimo tiempo o muy poco, según cómo se lo mire. En estas circunstancias en las que hay tantos cabos sueltos, sin duda que podría coincidirse en que no es tiempo para decisiones. Hay que dejar que corra mucha más agua bajo el puente y de que el escenario se vaya moldeando por la natural interacción de sus actores, y el impacto que tendrán acontecimientos que se irán dando naturalmente.
Lo cierto es que este recorte del espacio de Scioli pone en una situación incómoda a sus potenciales aliados. Francisco De Narváez explora otras nuevas alternativas de alianzas para su tercera candidatura consecutiva a la Gobernación bonaerense, por la que batalló infructuosamente en 2007 y 2011. De Narváez retomó su diálogo con José Manuel De la Sota, con quien fue aliado en su aventura de 2013. Y sigue con atención los devaneos de Mauricio Macri, quien sigue sin encontrar una figura electoralmente atractiva en el primer Estado argentino.
Mientras esto ocurre en el oficialismo, la oposición continúa a la búsqueda de alianzas electorales. La discusión dentro del Frente Amplio Unen (FAU) sobre la posibilidad de un acuerdo con Macri colocó a la coalición al borde de la ruptura. La mayoría del radicalismo está dispuesta a un entendimiento con el PRO que le permitiría ganar la Gobernación de varias provincias, entre ellas Córdoba, Chaco, Santa Cruz y Mendoza.
No parece un hecho menor, en este contexto, que de la eventual alianza con Macri sólo se habla en Unen. En el PRO hay mutis absoluto más allá de los contactos que bajo cuerda desde hace tiempo mantienen con algunas contadas figuras del radicalismo lideradas por Aguad. El tiempo de Macri es otro. Apuesta a seguir trabajando por estos meses en la ratificación del espacio de centro derecha, y en la identidad de su propia oferta electoral.
Recién para fines del verano está prevista una apertura con el posible acuerdo que se daría con los radicales y con una Carrió remozada que, habiendo virado su discurso en 360 grados, asegura que no acordar con Macri es entregarle el Gobierno al peronismo, entendiendo por peronismo tanto la opción Massa como la opción Scioli.
Lo notable es que quien esto dice hace menos de un año decía lo contrario. Para ella el límite era Macri, al que calificaba de delincuente como a su padre. Por aquello de que la necesidad tiene cara de hereje y que en política hay realidades y prioridades, la líder de la Coalición Cívica viene dando sorprendentes clases de racionalidad y pragmatismo a las que no nos tenía acostumbrados.
El entorno de Sergio Massa advierte el sostenido descenso de la intención de voto del jefe del Frente Renovador y está preocupado por el estancamiento en la conquista de aliados en el interior. Para contrarrestar esa sensación, Massa insiste en la táctica de los golpes de efecto.
El último fue el lanzamiento público de su Escuela de Gobierno, que le sirvió para proyectar a su lado a la figura del ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien en el cierre de su discurso, como siempre cauteloso, cuasi proclamó la todavía no oficializada candidatura presidencial del ex Intendente de Tigre.

UN TEMA NO MENOR PASA POR LA FECHA DE ELECCIONES

Hay distritos como la Provincia de Buenos Aires y otros siete que votan sí o sí el mismo día de las nacionales, un tema que lejos está de ser menor por el efecto arrastre de la boleta presidencial.
Hay otros que por su constitución, como Corrientes, Córdoba, el Chaco, o Santiago del Estero no pueden coincidir con las nacionales. Son ocho sobre 24.
Un tercer lote de distritos quedan librados a la decisión de sus gobernadores, algunos de ellos escucharon y otros no la indicación de la Casa Rosada que hasta ahora no ha fijado posición, quizás porque ni siquiera haya llegado el momento de definir una estrategia por falta de elementos que son fundamentales para el análisis y la decisión.
Algunas cosas son claras. Una de ellas, que la elección no se definiría en primera vuelta. Otra, que salvo un imponderable los dos finalistas surgirían del primer pelotón que integran en un virtual empate técnico Massa, Macri y Scioli. Otra que Unen en su actual composición no cotiza en bolsa. No ha logrado solucionar el agujero que representa la falta de candidato en Provincia de Buenos Aires y aparece no sólo lejos, sino sin capacidad de achicar la brecha entre los tres que van adelante. Es claro que su situación dista de estar consolidada. Tarde o temprano los radicales y Carrió darán el portazo. Quizás no sea en el corto plazo, porque previo a ello buscarán algo más que un guiño de Mauricio Macri antes de cruzar el Rubicón, y para Macri el tiempo de las alianzas viene después. Por ahora prefiere seguir corriendo solo, para ratificar un liderazgo que  meses atrás no se veía.
 
¿Y EN LA CAPITAL?

La campaña por la sucesión de Mauricio Macri en la Jefatura de Gobierno porteña ya está en marcha. Era previsible: la definición del cronograma electoral de la ciudad constituye en la práctica una herramienta clave en la pulseada por el máximo sillón del distrito y está estrechamente vinculada a la pelea mayor por la Presidencia. Los plazos legales para determinar fechas y condiciones de la elección local aceleraron los tiempos de la acción electoral, al tiempo que dividieron a las fuerzas políticas de la ciudad en la enorme disyuntiva de unificar o no los comicios porteños con los nacionales de octubre de 2015.
Por su condición de principal autoridad política de la ciudad, Mauricio Macri cuenta con una ventaja crucial para fijar las fechas y las reglas de juego de la elección local, una decisión que estará signada por las urgencias que le impone su ambición de suceder a Cristina Fernández en la Casa Rosada.
Pero deberá aclarar rápido sus ideas: el próximo jueves 28 vence el plazo para reglamentar la ley que permitirá la instrumentación de las Paso en las próximas elecciones del distrito.
Esa definición, junto con la reglamentación de la normativa de boleta única, comenzará a establecer algunas certezas sobre las condiciones que dominarán la disputa por la Jefatura de Gobierno porteña.
El mayor interrogante se relaciona con el debate sobre el desdoblamiento o la unificación de los comicios locales con los nacionales. Dentro del mismo macrismo las opiniones están divididas entre quienes alientan la conveniencia de una u otra opción, discusión que se extiende al resto de los partidos con pretensiones de arrebatarle al PRO el control político del distrito.
Puertas adentro del kirchnerismo, la posición de la mayor parte de la dirigencia parece inclinarse en favor de la unificación, convencidos de que la boleta nacional podría resolver las dificultades para conformar una oferta electoral atractiva en el territorio porteño.
Las últimas tertulias partidarias hicieron más que evidente esa posición, y hasta marcaron cierta disposición del entramado K de garantizar los votos que requiere el macrismo para sancionar en la Legislatura la convocatoria a comicios unificados.
Resulta bastante razonable la postura de la tropa K, que no cuenta con un candidato único y seductor para el complejo electorado porteño, y entiende que la unión de los comicios locales con los nacionales podría ser la mejor solución frente a una derrota que prevén como muy posible en el distrito.
La perspectiva de las agrupaciones más progresistas del combo Unen, aquellas que se oponen en forma absoluta a cualquier entendimiento político con el PRO en el distrito, se inscribe en la vereda de enfrente, confiados en que sólo la alternativa del desdoblamiento ofrecerá al sector chances más efectivas para dar primero la pelea local y, a la par, fortalecer en segunda instancia su capacidad de negociación de una fórmula presidencial conjunta con otras fuerzas políticas.
Desde esa interpretación, es posible analizar el apresurado lanzamiento de esta semana del espacio propio de la alianza de centroizquierda en el distrito.
La puesta en escena, pensada originalmente para lanzar a la carrera a los precandidatos locales del combo y celebrar el primer año del triunfo electoral del espacio en la ciudad, terminó al borde del escándalo con Elisa Carrió abandonando abruptamente el acto en medio del discurso crítico de Fernando "Pino" Solanas ante la alternativa de un pacto electoral con Macri.
La situación mostró en toda su plenitud la profunda brecha que divide aguas dentro de la fuerza, una fractura que va mucho más allá de la posición partidaria respecto a las reglas de juego de la elección porteño y que sacude de lleno la propia razón de ser del espacio Unen.
Contrariamente a la apuesta de Solanas, Hermes Binner y otros actores que interpretan al combo en los términos de una construcción fundamentalmente alternativa a todas las variantes del PJ y al propio macrismo, Carrió, secundada por sectores del radicalismo se inscribe como la abanderada de todos los esfuerzos por avanzar en un armado electoral amplio y poderoso para disputar la Presidencia, proyecto que tiene a Macri como depositario de las mayores esperanzas de la Diputada.
La dinámica interna del combo queda así subsumida en un problema casi irresoluble que plantea serios interrogantes sobre la supervivencia del espacio tal como fue concebido apenas un año atrás.
El Jefe de Gobierno porteño es muy consciente de ese escenario, un dato clave en su definición sobre la alternativa local que resultaría más efectiva para potenciar sus planes en la arena nacional.
No oculta que dentro de su partido subsisten posiciones encontradas en esa disyuntiva. Por una parte, los sectores que pregonan la conveniencia de unificar los comicios consideran que llevar a Macri en la misma boleta de la oferta porteña garantizaría el triunfo partidario, cualquiera sea el candidato a la Jefatura de Gobierno de la ciudad.
Entre esos grupos se inscriben sobre todo las agrupaciones que alientan la postulación del actual jefe de gabinete de la ciudad, Horacio Rodríguez Larreta. Esa posición es respaldada, además, por Emilio Monzó, uno de los principales asesores de Macri en la campaña presidencial y especial promotor de la alternativa de llevar a la senadora, Gabriela Michetti como número dos de la fórmula nacional.
Si finalmente ese escenario prospera, Rodríguez Larreta debería lidiar con los proyectos de Diego Santilli y Cristian Ritondo en la definición de la candidatura del PRO, pero evitaría el principal dolor de cabeza que representa para su postulación las ambiciones locales de Michetti.
Justamente la Senadora es la cabecilla de los planteos en favor de mantener la lógica del desdoblamiento electoral. Supone que en ese escenario corre con todas las ventajas y hasta ofrece la posibilidad de cerrar una dupla con el economista Martín Losteau, el precandidato de Unen con mejor imagen entre los porteños.
Michetti y quienes respaldan su posición sostienen que un triunfo porteño previo a las Primarias nacionales de agosto colocaría a Macri en una posición inmejorable en la pulsada presidencial, algo que no podrían mostrar sus principales contendientes en esa batalla.

PANORAMA PROVINCIAL

En el ámbito de la política local, todas las miradas están puestas en cómo se termina armando el escenario nacional, considerando además que las elecciones provinciales de 2015 son previas a las Paso y que en Corrientes no se eligen gobernador e intendentes.
Aun así, resulta clara la importancia no sólo del resultado en votos, sino también de la cosecha que en materia de legisladores tenga el peronismo y el radicalismo, resueltos ambos a cerrar sus listas lo máximo posible para incorporar diputados y senadores marca líquida. Un imperativo éste que en el caso del oficialismo, resulta fundamental por la relación de fuerzas para el último tramo del período gubernamental y el primero del gobierno que le suceda, sea que le corresponda seguir gobernando o pasar a ser oposición.
Aun cuando gane Ricardo, apunta a condicionar la futura gestión con una tropa propia de legisladores, y si se diera la posibilidad de terminar perdiendo, constituirse en jefe de la oposición desde el control de una importante cantidad de senadores y diputados.
No hay 2017 sin 2015, es la convicción que existe tanto en el peronismo como en el radicalismo, estando claramente insinuada una interna que aunque sórdida divide las aguas dentro del ucerreísmo que no se resigna a que el timón del Gobierno sea cedido por Colombi a un tercero, más allá de que conviven de manera traumática tres o cuatro potenciales candidatos que a la hora de la verdad dependerán en gran medida de la bendición del actual Gobernador.
Colombi en esto se muestra como un avezado jugador de póker. Amaga a la derecha, pero bien podría tirar a la izquierda. Pisar la pelota, amasarla y esperar antes de definir dentro de las distintas opciones que la pueda ofrecer una coyuntura aún lejana.
En los últimos meses ha repetido que en 2017 se va a su casa. Ha confesado una y otra vez estar cansado y no soslaya que, así como el kirchnerismo vive el inevitable fin de ciclo, producto del desgaste de una década, sin sucesores naturales también el radicalismo gobernante aparece con un escenario de agotamiento, sin candidatos puestos y con las dificultades propias que muestra la realidad a la hora de repetir alianzas que en este último turno electoral le permitieron ganar por muy poco la Gobernación.
En el medio está la posibilidad cierta de que cualquiera de los tres candidatos principales a la Presidencia apele al único Gobernador que tiene el radicalismo. El perfil del mandatario correntino se acomoda a las necesidades, tanto de Macri como de Massa y de Scioli, y de hecho no extraña que, fiel a su condición de jugador de varias mesas, Ricardo haya puesto una ficha con Massa a través de "Perucho" Cassani, otra ficha con Scioli a través del vicegobernador, Gustavo Canteros, y una tercera ficha con Macri, esta vez con Pedro Braillard Poccard.
De las tres opciones sólo Mauricio Macri ha marcado la cancha en términos claros. El apoyo del Jefe de Gobierno porteño en las elecciones provinciales sólo se daría con el sector que antes se comprometa públicamente a acompañar la boleta que lleva como candidato a Presidente a Macri.
En el campamento sciolista la situación respecto a Corrientes no es distinta a la que se refiere a otros distritos. El Gobernador de Buenos Aires no ha definido las coordenadas de la acción provincia por provincia, quizás porque antes debe resolver los términos de la relación, siempre traumática, con la Presidenta.
Entra aquí a jugar la definición de las formas de construcción del poder de Scioli. Tiene provincias que como Buenos Aires votan con las nacionales, en tanto que hay otras, más de la mitad, que lo hacen con anterioridad.
En este marco y en relación con los distritos que gobierna el PJ, Scioli apunta a lograr el acompañamiento de los jefes territoriales más allá de que estos hacen un delicado equilibrio con un manejo de tiempos propios, que apuntan a prolongar las decisiones para que decante más una realidad que sigue siendo confusa.
En el radicalismo correntino son tres o cuatro los jugadores con ganas de salir a la cancha. Algunos con más audacia que otros ocupan terreno, asumen roles e incluso comienzan a anudar acuerdos con dirigentes del Interior, sin soslayar que un paso en falso que den - bajo la atenta y desconfiada mirada de Ricardo- podría hacerlos retroceder -como en el juego de la oca- varios casilleros.

¿Y LA CAPITAL?

El radicalismo, está claro que peleará por recuperar la Intendencia del primer distrito electoral de la Provincia. En esta disputa no son muchos los jugadores que puedan estar en condiciones de anotarse.
Entre ellos, el diputado nacional, Gustavo Valdez, que no descarta terminar siendo el delfín de Ricardo para la Gobernación, pero que tampoco ve con desagrado un desafío que le permita hacer pie en Capital.
Eduardo Tassano tampoco reniega de sus ambiciones de volver a probar suerte.
La disyuntiva también está planteada en el justicialismo.
En el caso de que Fabián Ríos termine anotándose en la carrera para competir internamente por la candidatura a la Gobernación, su sucesión abre un abanico de interrogantes.
De hecho, la última elección ha sido muy pareja y descontada está la importancia que tiene, como en toda elección provincial, la boleta del candidato a la Gobernación.
El justicialismo tiene por delante cuestiones centrales a resolver en el marco de una estrategia que le permita conformar una alianza de poder que se proyecte hacia 2017, pasando indemne la prueba electoral de 2015.
En este contexto, el desafío es postergar definiciones que el tiempo y las circunstancias contribuirán a resolver de la forma más racional.
De lo que se trata es de contener a todo el peronismo en una elección de medio tiempo que estará fuertemente incidida por la puja de los candidatos nacionales, lo cual obligará a jugar con la inteligencia necesaria como para evitar que las elecciones presidenciales terminen perjudicando el piso electoral logrado en la última elección.
Dos son las internas que tiene por delante el justicialismo. Una de los cargos partidarios; otra, la de cargos electivos provinciales. Luego de ambas vienen las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso), que con reglas distintas, mucho tienen que ver con los candidatos presidenciales que son, en definitiva quienes irán al tope de las boletas.
En este marco, una realidad asoma clara. Las elecciones provinciales se darán antes que el vencimiento de los mandatos de las actuales autoridades, con lo cual las decisiones políticas relevantes, entre ellas las alianzas competerán a la actual composición del partido más allá de que pareciera haber un criterio definido en cuanto a que el formato de las alianzas se acomodará a la circunstancia de que en este turno electoral no se elegirán gobernador e intendentes, lo cual conlleva a que no sea necesario apelar a votos que sí suelen ser válidos en el caso una elección en la que está en juego la posibilidad de pasar o no a la segunda vuelta.
Hay situaciones complicadas en algunos distritos; caso Goya o Santa Rosa. Y está la siempre latente puja política abierta en Mercedes, donde el oficialismo intentará -si puede- crear problemas al actual Intendente para lo cual espera un fallo confirmatorio del Superior Tribunal respecto a la condena que, aunque no ponga en juego la libertad del Jefe comunal, podría tornar operativa una disposición constitucional que hasta ahora, a siete años de la reforma nunca se ha aplicado.
Cierto es que el radicalismo podría llegar a tener número suficiente en Mercedes, que no lo tiene en Goya, para generar un colapso institucional. Pero también es cierto que el análisis de una decisión de esta naturaleza deja mucha tela para cortar en la relación costos-beneficios.
Las encuestas que se conocen al día de hoy respecto a Goya como a Mercedes dejan el interrogante de cómo deben ser leídas y proyectadas para adelante. No son decisiones fáciles ni para el oficialismo, ni para la oposición, sea la provincial o la comunal, que de hecho están cruzadas. Dependerá mucho del discurso que se plantee y de cómo la opinión pública evalúe los cursos de acción que se sigan.
Un ajedrez complejo en el que hay mucho para perder o para ganar, y poco margen de error.
Lo que queda en claro es que nuevamente la Justicia queda en el medio, con todos los faroles sobre las decisiones que del Superior Tribunal emanen.

LA PELEA DEL 1%  

La Corte provincial tiene otro tema complejo a resolver. Complicado quizás no por la naturaleza de la cuestión a decidir, sino por el juego de intereses y presiones que sobre los supremos puedan darse desde un sector u otro.
La posibilidad de que mientras se resuelva la cuestión de fondo se dicte una cautelar está planteada. Tampoco se descarta el mecanismo ya utilizado por este Superior como por la propia Corte Suprema de convocar al Gobernador y a los intendentes reclamantes a una audiencia de conciliación que apunte a acercar posiciones.
En el medio queda el ver cómo el Tribunal se integra. Hoy por hoy están en funciones cuatro ministros titulares. Falta uno, en función a la vacante que dejó la salida de Carlos Rubín.
En este contexto hay una fuerte expectativa que no se limita sólo al contenido y dirección del fallo en la cuestión de fondo, la posibilidad de que se acoja o no la cautelar o se llame a audiencia de conciliación. También está en el tapete, y vaya si lo está, el mecanismo bajo el cual el Superior Tribunal resuelva su integración, la circulación de la causa y el orden de votación, así como la oportunidad de la convocatoria o no de un subrogante, y si el Presidente vota o no entre los tres primeros.
En definitiva, una prueba de fuego que pondrá en el transparente las cuestiones de forma que pasan a ser de fondo en la medida en que, a pesar de tiempo transcurrido, en el Superior Tribunal sigue primando hasta ahora la discrecionalidad a la hora de decisiones que hacen a las necesarias garantías de los justiciables.
La falta de una regulación reglamentaria por parte de Superior a través de acordadas, hace que cada vez que el Tribunal debe expedirse se plantee el inconveniente que genera la falta de normas de cumplimiento inexorable que den certeza al procedimiento a seguir.
Los casos de Cemborain y de la discusión en torno al 1 por ciento vuelven a poner al Tribunal, y particularmente a su Presidente, en la necesidad de disipar esta clase de dudas que, así como están planteadas, no contribuyen a la calidad institucional de la Provincia.