Viernes 30 de Octubre de 2020

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9 de mayo de 2014

Con voto dividido, se aprobó declarar obras de utilidad pública y pago obligatorio

Amparado en la mayoría propia, el oficialismo avanzó con la aprobación del proyecto que habilita el cobro de trabajos sin cierre de obra y a ejecutarse en 2014. La oposición tildó la iniciativa de “estafa”, “avasallamiento” y aseveró que se busca “meterle la mano en el bolsillo” de los vecinos. El FPV desmintió cada afirmación.

En una sesión de fuertes acusaciones, se aprobó anoche la declaración de utilidad pública y pago obligatorio de una larga lista de obras  municipales en ejecución (sin cierre de obra) y a concretarse en lo que resta del año.  El paso siguiente será la notificación por parte del Departamento Ejecutivo comunal a los vecinos que tendrán que abonar por los trabajos realizados o a realizarse al frente de su vivienda, y no sólo por el asfalto. La sesión comenzó antes de lo habitual (19,11) y por acuerdo parlamentario resolvieron iniciar el debate con el tema más relevante del orden del día, y por pedido del concejal Justo Estoup (FPV) se procedió a votar la iniciativa de manera nominal. Los 11 concejales del FPV acompañaron la declaración de utilidad pública de las obras municipales y los 7 del interbloque de Encuentro por Corrientes (incluso el monobloque nuevista) rechazó el proyecto. Igualmente antes de votar, la mayoría hizo uso de la palabra y expuso sus argumentos. Incluso el presidente del cuerpo, Ataliva Laprovitta, bajó al recinto para defender  la propuesta oficialista y resaltó el “salto cualitativo” que se dio gracias a la importante cantidad de obras realizadas desde el 2010. “Creo que es justo y equitativo”,  consideró el edil, además de señalar que se trataba de una “posibilidad histórica” para poder avanzar con nuevas obras. El  edil de la Coalición Cívica- ARI se opuso a la iniciativa porque consideró que “saltean ilegalmente la norma de contribución de mejoras, con el objetivo evidente de recaudar como sea”, y en  ese mismo sentido, resaltó que “pretenden cobrar ilegalmente obras que se hicieron años atrás y que nunca le notificaron al vecino que debería pagar, violando la seguridad y previsibilidad jurídica de los contribuyentes y que podrían tener graves consecuencias en la Justicia”. El concejal del Partido Popular, Juan José López Desimoni, fundamentó de manera exhaustiva su postura y aseguró que este debate estaba viciado de yerros, y apuntó a la desnaturalización jurídica que se hacía de la tasa de contribución por mejoras, “se mezclan los conceptos y la utilidad pública que debe ser una excepción, quieren aplicarla  como una regla general para todas las obras”, aseveró. Sostuvo que se busca “meter la mano en el bolsillo” de los vecinos y que no se garatiza la mínima certeza sobre el costo de las obras, plazos y metodología de cobro. También consideró que se trataba de una “burla” y  una “estafa” con miras a un cobro compulsivo. El oficialista Agustín Payes respondió a sus pares y los acusó de faltar a la verdad, “Todo lo que reclaman figura en el anexo de esta ordenanza”, señaló para además aclarar que se trata de un primer paso, “el DEM tendrá que dar el resto de los pasos que indica la ordenanza”, entre la que se encuentra notificar a los vecinos y la tasación de la propiedad para verificar que su valor se haya elevado tras la obra pública. Indicó además que las polémicas obras ejecutadas durante la gestión de Camau Espínola no estaban dentro de la lista que serán cobradas. El  concejal Gabriel Romero  se preguntó respecto a si todos los vecinos tienen la capacidad de contribución para afrontar el pago de esta tasa, y consideró que para el oficialismo “la utilidad  pública es pasar a cobrar sin consultar a ninguno de los vecinos”, fustigó. Lo cierto  es que se aprobó y ahora queda en manos del Departamento Ejecutivo.     Fuente:www.ellitoral.com.ar

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