31 de marzo de 2014
Con papeles en mano, el Gobierno espera un aval para no pagar deudas todo el año
Vence hoy el beneficio por el que la Provincia no pagó deudas durante tres meses. Pero avanzan en las exigencias impuestas para una nueva moratoria. Remiten información a la administración nacional referida a la ejecución presupuestaria, la cantidad de empleados públicos y trabajan con la Afip.
El Gobierno provincial espera que la Nación extienda la moratoria para no pagar deudas en lo que resta del año. Para eso alista la documentación que le permitiría extender el período de gracia que vence hoy. Otras 17 provincias aguardan el llamado nacional para avanzar en la firma de un nuevo convenio.
Desde la Casa Rosada local informaron que avanzan en el cumplimiento de los requisitos exigidos por los funcionarios de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, para rubricar un nuevo pacto que habilite a 18 jurisdicciones a no pagar deudas en lo que resta de 2014. Todas deben cumplir el artículo quinto del convenio que firmaron el 27 de diciembre, que entre otras cosas las obliga a remitir información sobre recaudación; gastos y la cantidad empleados.
Si bien desde la administración nacional no hubo información oficial respecto de extender la moratoria, ya se realizaron reuniones con funcionarios de cada provincia para avanzar con la medida.
No obstante, la convocatoria a los 18 gobernadores para rubricar el nuevo convenio se haría oficial la próxima semana, ya que la vigencia del contrato actual recién vence hoy.
De todos modos, el Gobierno nacional estaría habilitado a realizar descuentos de coparticipación desde mañana para cobrarse la deuda de las jurisdicciones, que en total alcanzan 11 mil millones. Corrientes, en tanto, es la provincia menos endeudada y debería pagar este año 350 millones.
Los 18 gobernadores que accedieron a la moratoria de 3 meses se comprometieron a suministrar información actualizada sobre la ejecución presupuestaria; la cantidad real de los empleados; identificar los complejos productivos estratégicos para fijar metas de exportación.
También debían dar cumplimiento a compromisos de cooperación mutua con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) y suministrar información atinente a tarifas de servicios públicos, incluídos el componente subsidios.
Al respecto, el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, manifestó que “estamos cumpliendo con todas las formalidades establecidas en el artículo 5º del convenio que vence el 31 de marzo que es el acuerdo de prórroga”.
“El acuerdo responsabilizaba a las jurisdicciones provinciales a acercar una serie de informaciones fiscal, financiera, y también algunas otras vinculadas al aspecto productivo y social que va a permitir contar con una base de datos y de información en tiempo real para que el Gobierno nacional articule mejor las políticas públicas”, agregó.
“Esto era un verdadero desafío porque trabajar en la conformación de estos datos y estas herramientas para construir políticas públicas me parece que es muy razonable, todas la jurisdicciones están cumpliendo, estamos trabajando en eso”, concluyó.
El gobernador Ricardo Colombi había amenazado con emitir cuasimonedas si la Nación no prorrogaba la moratoria todo el año.
Vaticinó, además, un panorama complicado para después de marzo si el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner no atendía los reclamos de las provincias.
Dijo también que eran varias las jurisdicciones que analizaban volver a los bonos después del primer trimestre. Sin embargo, no hubo un gobernador que confirmara sus dichos.
Durante su segunda gestión, Colombi accedió en 2010 a una histórica refinanciación de los pasivos provinciales que en ese entonces rondaban los 2 mil millones de pesos.
La administración provincial, junto a otras 17, gozó de los beneficios de no pagar pasivos por hasta 2013. Además de la quita de intereses que redujeron el stock de deuda a 1.700 millones de pesos.
Para acceder al beneficio, el Gobierno debió resignar la Asignaciones del Tesoro Nacional (ATN) que se le adeudaban.
También debieron renunciar a la posibilidad de judicializar cualquier reclamo por recursos a la Nación. En aquel entonces, Corrientes dejó sin efecto una presentación ante la Corte por casi 1.500 millones adeudados.
Ahora espera un nuevo beneficio.
Fuente:www.ellitoral.com.ar
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