Toda la documentación original que produjeron las juntas de comandantes de la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1983, fue encontrada, de manera fortuita, en un subsuelo del Edificio Cóndor, sede la Fuerza Aérea. El material, contenido en 1500 biblioratos, fue presentado ayer por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto a representantes de organismos de Derechos Humanos y la plana mayor de las tres fuerzas armadas. Esos papeles, un verdadero muestrario del plan orquestado y sangriento del terrorismo de Estado, tienen una importancia histórica pero sobre todo judicial. Dan cuenta, por ejemplo, del seguimiento pormenorizado que Jorge Videla, Eduardo Massera y Ramón Agosti realizaron de la fraguada venta de las acciones de la secuestrada familia de David Graiver a los diarios Clarín, La Nación y La Razón para la apropiación de Papel Prensa, un caso que hoy es parte de una investigación judicial que incluye delitos de lesa humanidad.
Rossi reconoció que el hallazgo fue obra de la casualidad y el azar. Y es que la escena del descubrimiento hizo recordar a las viejas series televisivas en blanco y negro. En este caso, un grupo de empleados de maestranza buscaba en un sótano oscuro y húmedo, una habitación donde depositar los materiales de trabajo. De repente, en una sala de ese subsuelo les llamó la atención las existencia de dos cajas fuertes, una importante estantería de tres metros de largo por dos de alto, y un armario. Es allí donde estaban acomodadas (¿ocultas?) desde tal vez hace 30 años, esas 1500 carpetas de tapa negra y otros tantos libros y publicaciones, que guardaban la memoria histórica de los responsables del genocidio. 
La novedad subió rápidamente por el escalafón aeronáutico hasta llegar al jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Mario Luis Callejo, quien le informó al ministro Rossi sobre el descubrimiento. La conducta del jefe de la aviación fue destacada por Rossi al considerar que se inscribe en la nueva etapa que viven las fuerzas armadas desde 2003 y que está relacionada con la integración de los militares a la vida de la sociedad civil y la democracia. "Me siento muy satisfecho por esta actitud", remarcó el ministro.
El día del descubrimiento, el jueves de la semana pasada, Rossi ordenó que la dirección de Derechos Humanos del Ministerio y el departamento legal hicieran un trabajo exhaustivo con toda la documentación y su resguardo en un lugar seguro que comenzó ese mismo jueves y todavía continuaba ayer. No es para menos. Por primera vez se accede a todas las actas de las juntas militares, desde la primera hasta la última, en 1983.
Sin duda que la venta de Papel Prensa representó para la primera Junta Militar un tema central de lo que ellos denominaron el "período fundacional" del denominado proceso de reorganización nacional que, según consta en un acta, planeaban extender más allá de 1990 para completarse con una "nueva república" en los albores del 2000. 
"En el caso de Papel Prensa-Caso Graiver fueron encontradas trece actas originales de la Junta Militar donde se realiza un seguimiento exhaustivo del tema, doce de ellas están fechadas entre el 15 de septiembre de 1976 y el 1 de diciembre de 1977, lo que demuestra que el tema era de discusión permanente en la Junta", afirmó Rossi durante su exposición en la sede del Ministerio de Defensa. Todo este material, en buena parte desconocido, será entregado a la justicia, sobre todo al juez de instrucción del fuero Federal Julián Ercolini, a quien la Secretaría de Derechos Humanos le pidió que cite a indagatoria, entre otros, a Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto, del Grupo Clarín; a Bartolomé Luis Mitre, de La Nación; y al ex ministro de Economía (ya fallecido) de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz. En una de las actas, la número 19,  que corresponde al 6 de abril de 1977, los jerarcas militares utilizan el término "arrestados" y no secuestrados, como sucedía en realidad, para referirse a los familiares de David Graiver y el caso Papel Prensa. Por esos días, la familia Graiver, tal como lo relató la viuda del banquero, Lidia Papaleo, entregaron las acciones de la fábrica de papel para diario luego de interminables sesiones de tortura. 
Entre esas actas se encuentra también la número 14, de la cual había una sola copia en manos de la justicia, donde queda establecido que la Junta Militar autoriza la transferencia del 51% de las acciones de Papel Prensa SA a los diarios Clarín, La Nación y La Razón. "El acta 14 tiene dos anexos –precisó Rossi–. El anexo 1 donde le dice a los tres adquirientes del paquete del 51% que el 49% tenían que dividirlo entre los diarios del interior, y el anexo 2, que suprime esa obligación (por pedido de los tres diarios), lo que deriva en que ese 49% termina quedando en manos del Estado." Es más, Rossi afirmó que a través del seguimiento que hacen Videla, Massera y Agosti en las actas al caso de la papelera "queda perfectamente establecida que la detención de la familia Graiver tenía que ver directamente, estaba relacionada, con la venta de Papel Prensa".
Burócratas, además de genocidas, aquellos militares dejaron un libro donde están sistematizadas las actas por temas y fechas de tratamiento lo que, de alguna manera, agiliza el trabajo de los investigadores. Entre ese material, encontrado entre humedad y materia fecal de roedores, la minuta correspondiente al acta número 20 destaca la necesidad de resolver lo actuado en el caso Papel Prensa para "evitar que el 'Grupo Graiver' cobre las sumas por las acciones vendidas", y resalta que "no se debe demorar el proyecto". 
El otro punto que preocupaba a los jerarcas genocidas fue el de los desaparecidos. En varias de las actas figuran con esta denominación las personas que se había "devorado" la dictadura. Claro, las denuncias internacionales que complicaban las relaciones con países democráticos, llevaron a un debate dentro de la Junta sobre la forma en que debían ser llamados. En un primer momento decidieron llamarlos personas "con averiguación de paradero", pero no contentos con ello, el 8 de agosto de 1979, durante la reunión que generó el Acta 106, la Junta Militar analizó junto a los representantes de la denominada CAL (Comisión Asesora Legislativa) la redacción de un decreto-ley donde se habilite la figura de "presunción de fallecimiento" para los desaparecidos, que finalmente no prosperó (ver pág. 4).
Entre el material expuesto, Rossi detalló la existencia de "listas negras" donde se señalaban como "peligrosos" a 331 artistas, intelectuales y periodistas (ver pág 5). Cada nombre llevaba la calificación que iba de F1 a F4. Esto demostraba el grado "peligrosidad" de los integrantes de la lista. La categorización preveía ir habilitando de a poco la reincorporación a sus trabajos de los menos peligrosos pero todo debió apurarse con el proceso electoral de 1983.
El ministro también hizo referencia a la existencia de un libro de la mesa de entrada de la Rosada donde consta, entre otras miles, una solicitud presentada por Hebe de Bonafini cuando, como otras tantas Madres de Plaza de Mayo, peregrinaba por la justicia, la Iglesia y el Estado en busca de sus hijos detenidos-desaparecidos. Todo ha quedado guardado en estos documentos que representan una porción importante de la memoria, contribuyen a la verdad y ahora puede formar parte sustancial de la justicia. «