Los juicios políticos, ¿están todos caídos?

OPINIÓN

1 de julio de 2013

Los juicios políticos, ¿están todos caídos?

POR EDUARDO LEDESMA

Una lectura de la Constitución desbarata parte importante de la fundamentación del proyecto de intervención al Poder Judicial de Corrientes. Los juicios políticos varados en la Legislatura estarían perimidos. Los vicios del sistema bajo la lupa de especialistas en este informe de El Litoral.

El pedido de intervención al Poder Judicial que sostiene en el Senado de la Nación el legislador correntino José María Roldán con el apoyo moral del kirchnerismo, estriba, en gran parte, en las denuncias que desde hace años soportan casi todos los jueces del Superior Tribunal de Justicia y el Fiscal General, a quienes se los acusa, básicamente, de violentar el principio de afianzar y garantizar eficazmente el servicio de justicia en Corrientes. Sin resolución inmediata a la vista, este trabajo intenta aportar la lectura de varios especialistas acerca de este momento que vive la Justicia, que está en jaque en Corrientes por la falta de definiciones políticas que den por terminado el pleito devenido en industria de los juicios políticos, y también bajo la lupa de la Nación que amenaza con la intervención del poder entre otras cosas porque sobrevuelan denuncias irresueltas. En definitiva, un esquema de presión múltiple que no tendría razón de ser si sólo se echara un vistazo a la Constitución de Corrientes, al menos como primera medida. Uno de los protagonistas, el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Carlos Rubín, considera que aún con sus limitaciones la Justicia funciona en la Provincia bajo aspectos de normalidad, por lo que los fundamentos que sostienen la acusación y pedido de intervención tienen más que ver, según le dijo en entrevista a El Litoral, con asuntos personales del denunciante y sus patrocinadores políticos que con efectivos descalabros del sistema que ameriten el remedio federal. En ese mismo andarivel se manifestó el gobernador Ricardo Colombi. El viernes, hablando por radio (con varias, de hecho), dijo que un senador y un candidato a gobernador fogonean el proceso intervencionista por asuntos pendientes con la Justicia. “No se puede permitir que la intervención de un poder de la democracia, como es el Poder Judicial, sea exclusivamente para beneficiar a dos personas”, remarcó el mandatario. No lo dijo, pero aludió a Roldán y a Carlos Espínola. Lo cierto es que más allá del chicaneo político, producto característico de un tiempo de campaña como el que se transita, en el Senado de la Nación, con alguna somnolencia en las últimas semanas, se tramita un pedido de intervención federal que podría evitarse, según surge de múltiples declaraciones que formuló el autor de la iniciativa, si en Corrientes se encuentran parámetros para encauzar lo que define como denegación o utilización política de la Justicia. También se mencionó en el último tiempo que una de las acciones que podrían poner coto a la intervención es la puesta en marcha de los mecanismos locales varados en la Legislatura, específicamente en la Cámara de Diputados, que desde hace años viene amontonando pedidos de juicio político sin que emita opinión conforme manda la Constitución de la Provincia. En este contexto, bien podría decirse que muchos de los actores de la política local o desconocen la normativa vigente o, aún conociéndola, la ignoran para generar este clima de incertidumbre del que después ellos mismos critican mostrándose ajenos. Varias fuentes consultadas por El Litoral para este trabajo coinciden, siguiendo el texto constitucional vigente, que la Cámara de Diputados incumple sus funciones y que por eso mismo, entre otros asuntos que se expondrán aquí, casi todos los pedidos de juicios políticos estarían perimidos o vuelto abstractos, como aquellos que aún se encuentran reservados en Secretaría pidiendo enjuiciar a magistrados que ya fueron condenados y separados de sus cargos por el Jurado de Enjuiciamiento, instituto creado con la reforma constitucional de 2007 para procesar a los magistrados, reservando a la Legislatura sus poderes de acusación y juzgamiento, entre otros, del titular del Ministerio Público Fiscal y de los ministros del Superior Tribunal. La denuncia del senador Roldán En los fundamentos de su pedido de intervención, el senador nacional José María Roldán, ex secretario general en el primer gobierno de Ricardo Colombi, denuncia que en el Poder Judicial correntino no se cumple con el mandato preambular de “afianzar la justicia”. También dice que el Superior Tribunal se constituyó en una “monarquía despótica” y recuerda que en 2009, cuando una intervención mandaba en su partido, la UCR, 8 comunas no votaron en el interior porque se proscribió el sello radical. Responsabiliza de ello al Superior Tribunal. Acusa al ministro Juan Carlos Codello de no excusarse en 2009 cuando debía analizar expedientes relacionados con su sobrino, el gobernador Ricardo Colombi. Pone en duda el orden de los votos del alto tribunal y las mayorías del Superior, conforme a una queja que lleva años en las primeras planas y páginas de un diario local. Dice también que el oficialismo político (sector en el que se encuentran sus ¿ex? correligionarios) bloquea las acciones de contralor institucional porque “puede más la obsecuencia y la complicidad que el funcionamiento de las instituciones republicanas”. Pone al tanto a los legisladores nacionales acerca de la amenaza del fiscal César Sotelo al presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani. De la “tortura” del mismo Sotelo a un ladrón que entró a robar a su casa. De la designación de un fiscal de instrucción sustituto sin poder hacerlo y de la traba que puso, de nuevo Sotelo, a la división del Ministerio Público Fiscal. Más adelante, el senador Roldán entra de lleno en el tema de la Legislatura: de los juicios políticos reservados en Secretaría. Hace mención a que un partido político, el Justicialista, del que ahora abreva doctrina, se expidió sobre la gravedad de los asuntos relacionados con la justicia. Habla de bloqueo de poder y de que “el Poder Ejecutivo de Corrientes ha convertido al Poder Judicial en una mera formalidad institucional”. Dice que el Gobierno impide la acción de la Justicia Federal en la causa que se le sigue por enriquecimiento ilícito al gobernador Colombi y que este fue el instigador de una persecución política a su primo Arturo y a otros funcionarios, entre ellos él: Roldán. En esa línea de ácida crítica al poder político local, el senador José María apunta contra la Cámara de Diputados, porque encontraron “en el mecanismo de reservado en Secretaría un buen ejemplo de la incapacidad local de efectuar el contralor institucional que prevé y dispone la Constitución Provincial”. Cada uno de los puntos mencionados en la fundamentación del proyecto intervencionista pueden discutirse. Hay algunos incluso sobre los que la Suprema Corte opinó y otros que constituyen apreciaciones personales o políticas más que elementos de prueba en la denuncia. Para este trabajo importa el punto referente al proceder legislativo ante la acumulación de denuncias contra jueces. Sucede que los juicios políticos, es decir, la cantidad de pedidos irresueltos, se han constituido en una suerte de estadística de ilícitos cometidos por los jueces, cuando en rigor no es así. Al respecto, el titular del STJ, Carlos Rubín, dijo lo siguiente en declaraciones radiales del miércoles 26: “Si hay muchos (pedidos de) juicio político pareciera que todos tienen razón y no debería ser así. (Los legisladores) deberían ver si tienen fundamentos o no”. La inacción en Diputados Tales acusaciones duermen el sueño de los justos en los cajones de la Legislatura, específicamente de la Cámara de Diputados, que desde hace bastante tiempo viene denegando su tarea, es decir, su decisión institucional de aceptar o rechazar los pedidos de juicio tal como ordena la Constitución. Y lo hacen en virtud de una maniobra urdida en la década del 90 por algunos personajes de la política y que sirve, queda demostrado, como herramienta de presión hacia los jueces. Fue tan lejos el ardid (nacido para defender del escarnio de la destitución a algunos jueces amigos del poder político) que ahora se le vuelve en contra a la propia Legislatura, pues al incurrir consuetudinariamente en este tipo de abusos de su poder, el pedido de intervención podría virar su dirección. Consultado al respecto, el presidente de ese cuerpo, Pedro Cassani, reconoció que poco es lo que puede hacerse cuando no existen las voluntades. “Y para avanzar con los juicios reservados se necesita algo más que mi decisión”, remarcó en contacto con El Litoral. Por ello mismo, hay quienes creen que habría que responsabilizar a la Legislatura en su conjunto de la actual incertidumbre judicial, pues al parecer no hay fundamento más fuerte que el estancamiento de juicios políticos, que no es justamente responsabilidad de los jueces, sino de la Legislatura. Esto es: que haya muchas denuncias no quiere decir que haya muchos ilícitos. El problema es que quien debe definirlos desiste de hacerlo incumpliendo incluso la propia Constitución sobre la que juran y amagan respetar cuando asumen sus funciones. Juicios caídos Según la Constitución de Corrientes, la vieja y la nueva que rige desde 2007, porque este asunto no fue modificado por la última Convención Constituyente, todos los juicios políticos que duermen en la Legislatura en realidad estarían perimidos, salvo los últimos que hicieron ingresar los miembros del Tribunal Oral Penal de Paso de los Libres, que viven en virtud de su novedad. Ingresaron a la Legislatura el 7 de junio y desde el 12 de junio están en el limbo, es decir, en Secretaría, pero en tiempo todavía de ser revisados, más allá de que la Cámara de Diputados ya tuvo que haber analizado la cuestión. El resto de los expedientes sólo junta polvo. Esto sería así por lo que sigue: La Constitución provincial, en su artículo 98 establece que “El fallo del Senado (en caso de juicio político) debe darse dentro del período de sesiones en que se hubiere iniciado el juicio, prorrogándose si fuese necesario hasta terminarlo. En ningún caso podrá durar más de ciento veinte (120) días, quedando absuelto el acusado si no recayese resolución dentro de este término. Este se computará en días corridos, desde el momento en que la Cámara de Diputados ejerza la atribución del artículo 132, inciso 6”. Este artículo e inciso dicen lo siguiente: Artículo 132: “La acusación de funcionarios sujetos a juicio político será presentada a la Cámara de Diputados, en la que se observarán las siguientes reglas, que la Legislatura podrá ampliar por medio de una ley reglamentaria, pero sin alterarlas o restringirlas: Inciso 2): “Presentada que fuere (la denuncia), la Cámara decidirá por votación nominal y a simple mayoría de votos, si los cargos que aquella contiene importan falta o delito que dé lugar a juicio político. Si la decisión es en sentido negativo, la acusación quedará de hecho desestimada, y si fuera en sentido afirmativo pasará a la Comisión. Inciso 6): “La Cámara decidirá si se acepta o no el dictamen de la Comisión de investigación, necesitando para aceptarlo dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, cuando el dictamen fuese favorable a la acusación". Interpretación académica Una parte de la biblioteca, consultada por El Litoral para esta nota, sostiene que el plazo de 120 días se activa una vez que Diputados, cumpliendo con su función, da entrada al proyecto porque lo considera válido y lo manda a la Comisión de Juicio Político. Esta comisión, a su vez, tiene tiempos establecidos para emitir dictamen. Se trata de un mecanismo que funciona sin problemas porque su andar está casi reglamentado en la propia Constitución. En esta corriente podría inscribirse al constitucionalista Mario Midón, quien fue consultado al respecto. Otra parte de la biblioteca hace una interpretación más literal y dice que los tiempos corren desde cuando se registra el ingreso en la Legislatura, por lo cual todos, menos los pedidos de los jueces de Libres y unos pocos más (Ver infografía en ésta página) estarían caídos, muertos por inanición. Porque llevan no meses sino años esperando que los diputados los pasen a comisión o los rechacen in límine, tal cual se establece en la norma madre. Y hay un antecedente: el de la jueza que llevó el resonado caso llamado "El crimen de Santa Ana", en los albores de la década del 90. (Ver recuadro en página 7). En esta línea se inscriben varios jueces provinciales que pidieron reserva por razones obvias. Un tercer sector consultado también para este trabajo, entiende que los plazos para los juicios políticos corren desde que la Legislatura habilita el punto de partida del proceso investigativo, pero también entiende que la Legislatura, en este caso la Cámara de Diputados, está incumpliendo sus mandatos que son dos: o rechaza in límine los pedidos o los pasa a la comisión. La reserva en secretaría no existe como estadío constitucional ni administrativo. Es una falla del sistema que bien puede traducirse en incumplimiento de sus deberes por parte de los legisladores. Más aún, según esta fuente, la Constitución es clara cuando dice que “en ningún caso” los juicios durarán más de 120 días. Ni hablar de los juicios que pasan de un período a otro y de otro elemento que, al entender de dos constitucionalistas consultados, es también fundamental para entender el contexto “político” en el que se desarrollan estos planteos. No se tiene noticia, dicen, de que ningún denunciante haya instado a la Cámara algún tratamiento a los expedientes, como ocurre ahora con los jueces de Libres. No se conoce que ningún denunciado se haya puesto nervioso ante el asunto de la denuncia y está demostrado además que los legisladores no tienen ningún apuro, por lo que la gravedad de la cosa (el supuesto bloqueo en la prestación del servicio de la justicia) sería relativa. “Pero para mi -concluyó uno de los entrevistados-, en ningún caso es en ningún caso”. En este esquema podría anotarse el profesor Carlos María Vargas Gómez, también consultado ampliamente, aunque no en el sentido acotado que aquí se transcribe. Los plazos y los números Al poner plazos, la Constitución está delimitando el tratamiento de los asuntos de conflicto. Y la denuncia contra un juez es lo suficientemente grave para atenderlo inmediatamente, por el simple hecho de que un ciudadano debería tener todas las garantías cuando está litigando o siendo juzgado. Y no es lo mismo hacerlo ante un juez impoluto que ante otro denunciado por los siglos de los siglos pero sin condena. La idea o el espíritu del convencional fue evitar justamente lo que se hace en Corrientes en los últimos años. Que siempre haya una espada de Damocles sobre la cabeza, la espalda e incluso el bolsillo de los jueces. Pues los legisladores lo que hacen al no hacer nada es ejercer un poder de presión fortísimo sobre los magistrados, a los que condicionan a la hora en que estos se aprestan a escribir sus fallos. Es, más o menos, lo que hace el Congreso Nacional, que quiere intervenir la Justicia por cuestiones que no resuelve la Legislatura. Empieza un proceso, lo frena, y lo mantiene en situación de expectativa. Y esa incertidumbre corroe el caracú de los judiciales correntinos que ya pasaron por varios de estos “saneamientos”. Para ser precisos. En la actualidad, a los más de 20 juicios políticos que están pendientes de tratamiento y que corresponden todos a denuncias contra el Superior Tribunal de Justicia y el ministerio Público Fiscal, es decir que son posteriores a la reforma de la Constitución de 2007 (que creó el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento para los jueces inferiores), hay que sumar otros tantos que todavía permanecen en Secretaria y que son anteriores a la reforma. Como nunca se depuró ese padrón, es decir, nunca se expidió la Cámara de Diputados sobre pedidos de juicios políticos que datan, algunos, de 2005, hoy todavía se puede ver en Secretaría una petición contra el juez Humberto De Biase Echevarría (Exp. 3186, en veremos desde el 24 de abril de 2006), quién fue destituido el 16 de octubre de 2012 por el Jury de Enjuiciamiento en lo que fue el tercer juicio político desde la constitución del organismo. De Biase era juez en lo Civil y Comercial de Santo Tomé. Y este es sólo un ejemplo. Para revisar El senador Roldán reconoce que el proyecto de intervención es una última instancia, necesaria cuando todas las otras no funcionan como es debido. “No sin dolor”, pide entonces que un poder político federal se meta en una cuestión jurisdiccional. Es el sistema: un poder controla a otro. El asunto es que en varias de las cuestiones que manifiesta como fundamento para su pedido de intervención, existen otro tipo de mecanismos que no se activaron. En otros la misma Corte ya ha intervenido, por caso en el asunto claramente “grave” de la división del Ministerio Público Fiscal previsto en la Constitución del año 2007. En el mismo proyecto critica el procedimiento de la Legislatura, por el uso y abuso del “reservado en Secretaría” que no se corresponde con ningún instituto constitucional vigente, razón por la cual el senador o actúa con premura y se queda corto, o preserva el sistema del que es parte o apunta sólo a la Justicia que lo está investigando. Y esto porque muchas de las falencias de las que habla, lejos de ser de responsabilidad exclusiva de la Justicia, más bien se sostienen por la irresponsabilidad de la Legislatura en tanto poder de control y de denuncia también en este caso. Lo cierto es que no hay voluntad. De hecho, en las últimas semanas y debido a la espuma que genera este tema, se habrían producido contactos entre la Legislatura y el Gobierno para resolver acerca de qué hacer con la cuestión. No hubo acuerdo. En el Gobierno prefieren esperar. Y en la Legislatura ya se sabe. Dicen sí, que en los últimos años fue una legisladora la que, de cuando en cuando y en soledad, tanteaba las condiciones para avanzar con el asunto, sin respuestas, claro. Fuente:www.ellitoral.com.ar