Por Franco Mizrahi

La diputada libertaria Lourdes Arrieta ratificó este jueves en los tribunales federales de Lomas de Zamora la denuncia penal que compromete a sus compañeros de bancada por la visita que realizaron a genocidas en la cárcel de Ezeiza. La legisladora pidió custodia porque expresó temor y le fue otorgada. También fue tenida por querellante. En la denuncia, Arrieta incluyó los chats que intercambió en diversos grupos de Whatsapp con diputados de la Libertad Avanza, abogados, jueces y el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de un genocida condenado a cadena perpetua. De esos mensajes se desprende el plan que estaban tejiendo para intentar sacar de la cárcel a los represores condenados por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran Alfredo Astiz, Adolfo Donda, Antonio Pernías y Raúl Guglielminetti. En los chats se hizo circular un proyecto de decreto sobre el que se pide un estricto secreto.

El 23 de abril pasado, a las 9.50, el cura vinculado a Victoria Villarruel, Javier Olivera Ravasi, que aparece como uno de los organizadores de los proyectos para liberar genocidas y visitarlos en la cárcel, envió a uno de los grupos de chat que compartía con diputados libertarios, abogados y exjueces, llamado “Proyectos decret’”: “‎Proyecto dec regl sin mencion DDHH 23-4-24.docx (archivo adjunto)”. Un minuto después escribió otro mensaje, con una advertencia: “Por favor: NO REENVIAR. El secreto de este tema es el secreto...”.

Ese borrador de decreto, al que accedió El Destape y tiene 13 páginas y 3 artículos, especifica que “se fija en veinticinco años el plazo máximo que tendrá el Estado para arribar a una sentencia definitiva en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada a una persona”. Y se aclara: “El término regirá desde la fecha de comisión del ilícito o desde la mayoría de edad si la víctima fuere un menor, y su cómputo se suspenderá en caso que la Nación sufra la interrupción de la vida democrática mediante la ilegal deposición de las autoridades de sus tres Poderes. Vencido el plazo máximo fijado, operará la extinción de la acción penal (…)”. Es la llave con la que este grupo pretende abrir la celda de los genocidas. Los delitos durante el terrorismo de Estado ocurrieron entre 1976 y 1983 por lo que, si se aplicara esta lógica, el tiempo de prisión les habría caducado. Pero el “plazo razonable” no cuenta para crímenes de lesa humanidad.

El proyecto, que se pretende que firme el presidente Javier Milei, se cocinó en estos grupos de chats, en los encuentros con genocidas y en las reuniones que se realizaron en la sede de la Fundación San Elías, que comanda el mentado Olivera Ravasi, tal como se desprende de los mensajes que Arrieta presentó en la Justicia.

De los intercambios que llegaron a la Justicia también surge cómo se gestó la visita de diputados libertarios a genocidas en la cárcel de Ezeiza el 11 de julio y la complicidad que tuvieron los legisladores libertarios de parte del Servicio Penitenciario Federal (SPF) para poder pasearse por el penal sin inconvenientes. El SPF, por ejemplo, no los revisó al entrar a la cárcel y los dejó ingresar con sus teléfonos, algo que está prohibido. Hay chats que refieren a un rol activo en toda esta trama de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, de quien depende en última instancia el SPF. Otros chats exponen que existieron más visitas a genocidas, como en la cárcel de Campo de Mayo, donde se encuentran detenidos otros represores: “Cuando fuimos en marzo a Campo de Mayo con Beltrán nadie supo”, escribió la diputada libertaria Alida Ferreyra.

Tal como surgen de los mensajes, hubo diversas fotografías de la visitas a genocidas realizada el 11 de julio a Ezeiza. Los propios participantes de los grupos de chats mensuraron el riesgo político que podía implicar difundir esas imágenes. También se da cuenta de la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y de integrantes del Poder Ejecutivo para frenar el comunicado que los diputados libertarios querían sacar por su visita. Esto provocó críticas a sus jefes políticos.

El borrador del decreto para liberar genocidas

El padre Olivera Ravasi, vinculado a la vicepresidenta Victoria Villarruel, fue uno de los que llevó la voz cantante en los distintos grupos de Whatsapp y motorizó el mentado proyecto de decreto con el que se pretende lograr la liberación de los represores. Realizó encuentros en la fundación que preside y sumó integrantes a los distintos grupos de chat que consideraba podían aportar ideas para su causa. Su padre es el genocida Jorge Olivera, condenado a cadena perpetua en distintas causas. El Tribunal Oral en lo Criminal  Federal de San Juan, por ejemplo, lo condenó en 2013 a prisión perpetua por considerarlo responsable de más de 40 secuestros, la aplicación de tormentos en más de 50 hechos y homicidios doblemente agravados. Entre esos casos se le adjudica la desaparición de la modelo franco argentina Marie Anne Erize, a quien Olivera se jactaba de haber violado mientras estaba en cautiverio.

El grupo “Proyectos decret”, en el que el cura y abogado difundió el borrador del decreto, fue creado el 20 de marzo pasado, 4 días antes del 48º aniversario del Golpe de Estado, por la abogada María Laura Olea, quien junto a Ricardo Saint Jean –hijo del genocida Ibérico Sain Jean y también participante de los grupos de chat- fue quien pidió a la Cámara Federal de Casación Penal nuevas reglas para que los genocidas pudieran acceder a prisiones domiciliarias, maniobra que no salió como esperaba.

La diputada Arrieta, que presentó la denuncia y que según ella solo participó de la visita a Ezeiza, fue sumada a este grupo el 9 de abril por el padre Olivera Ravasi. Al día siguiente, 10 de abril, se coordinó realizar “la segunda (y esperamos) última reunión” para cerrar el decreto a favor de los genocidas, según escribió Olivera Ravasi. El lugar fijado: la sede de la Fundación Elías que preside el cura, ubicada en la calle Montevideo 871, CABA. Ya se había realizado una reunión previa allí, el 14 de marzo. Para ese encuentro se había creado el grupo de Whatsapp "Comida informal con Padre Javier x milit", en el que participó hasta la diputada Lilia Lemoine. La convocatoria para ese mitín no tuvo eufemismos. Fue: “Reunión informal y reservada por tema proyecto milit”.

A finales de abril, en un mensaje que envió en esos chats con libertarios, abogados y exjueces, Olivera Ravasi dijo tener el proyecto de decreto listo: “Buenas y santas, soy el padre Javier Olivera Ravasi. Algunos me conocen otros no. Les mandó muy cortito este video para comentarles que está prácticamente terminado el proyecto que venimos conversando hace algunos meses. Por favor léanlo. Si Dios quiere en un par de semanas nos juntamos para terminar de cocinar lo último”. Se trata del documento de Word titulado “‎Proyecto dec regl sin mencion DDHH 23-4-24.docx (archivo adjunto)”. Tal como consta en un chat del 23 de abril pasado, el cura pidió no reenviarlo: “El secreto de este tema es el secreto...”, resaltó.

Para terminar de pulir ese trabajo se intentó realizar una reunión más “de trabajo”.

Al día siguiente de la difusión del documento, el 24 de abril, la diputada libertaria Alida Ferreyra, que fue una de las integrantes de la comitiva que visitó a genocidas en Ezeiza, dijo que quería ir al mitin “pero parece que nos meten sesión de la ley Bases”. Efectivamente, en esos días se trató la Ley Bases, que terminó siendo aprobada en el Congreso, lo que motivó el festejo de algunos de los integrantes del grupo. La reunión no pudo concretarse.

Por eso, el 7 de mayo, el cura Olivera Ravasi volvió a insistir para que el grupo se reúna y así cerrar el proyecto de decreto que estuvieron trabajando para liberar genocidas. “Buenos días y perdón por molestar con este tema de nuevo. En primer lugar, ¡felicitaciones por lo de la Ley Bases! Los molesto porque nos haría falta una última reunión para terminar de definir este proyecto por el tema de los ancianos militares encarcelados. Sé que algunos no han podido ir a las anteriores, pero creo que es necesario que intenten hacerlo al menos a esta. La idea es hacerla el miércoles 15/5 a las 19 hs, en Montevideo 871, CABA. Les pido, de ser posible, que me respondan para armar todo y ver contar con uds. Dios los bendiga mucho a uds. y a sus flias. Padre Javier”, escribió. Esta vez Alida Ferreyra respondió que estaría presente. Y su colega de banca Beltrán Benedit agregó: “Estoy!! Si algunos no pueden, proponer (sic). Esa gente espera!!”. Pero la reunión se volvió a posponer.

El 21 de mayo, Olivera Ravasi organizó un Zoom titulado “Reunión con Dipus por Decreto reglamentario tema prisión militares”. La intención era presentar en el grupo de chat el texto del decreto.

Las fotografías con genocidas y el rol del SPF

“No subiría fotos con presos”, dijo el diputado Guillermo Montenegro en el grupo de chat “Visita”, donde los diputados libertarios intercambiaron ideas sobre cómo evadir el escándalo que estalló cuando se hizo pública su visita a genocidas en la cárcel de Ezeiza. “Para empezar ponemos en riesgo a la gente del servicio. No se puede tomar fotos”, recordó. En su mensaje deja en claro dos cosas: que tuvieron connivencia del SPF porque se sacaron fotografías con los genocidas y hasta ingresaron al penal sin ser revisados; y que tenían plena conciencia de que estaban realizando algo prohibido.

“Teníamos fotos con el personal del servicio penitenciario” agregó la diputada Alida Ferreyra por si faltase alguna duda del apoyo interno con el que contaron. “Fotos con ellos no podemos publicar”, aclaró en el grupo.

En su denuncia penal, la diputada Arrieta apuntó contra el director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, el inspector general Fernando Martínez, y el director del Complejo penitenciario de Ezeiza. En última instancia ellos están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, que es el que tiene la supervisión del SPF.

La connivencia de Bullrich

El 11 de marzo pasado, a las 11.08, el cura Javier Olivera Ravasi escribió en uno de los grupos Whastapp que creó para organizar las visitas a genocidas en pos de lograr su libertad: “El Dip Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión a visitar los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo/Ezeiza/Marcos Paz se les facilite el ingreso sin inconvenientes. Ya está hablado. Quienes quieran ir, por favor coordinar por privado con Beltrán”. Así se desprende de la denuncia que presentó Arrieta. Para los nuevos que habían ingresado al grupo recientemente, repitió el mensaje el 13 de marzo. Al día siguiente, Beltran Benedit respondió: “No se olviden de enviarme foto DNI para gestionar ingreso penales . La idea es 1º Campo de mayo tipo 10 hs y luego Ezeiza. Nos esperan”. La visita se estaba coordinando para el día siguiente.

En julio, luego de que estallara el escándalo, Bullrich justificaría la visita a Astiz y otros represores: “Yo estoy a cargo del sistema (penitenciario federal). No quiero evaluar a qué preso podes ir a ver y a qué preso no podés ir a ver. A mi me parece que lo que estamos viviendo en la Argentina es una obstrucción de libertad. Si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido porque ese detenido formó parte de lo que ellos consideran un momento trágico de la Argentina, bueno, lo puede ir a ver”.

El rol de una magistrada en actividad, un exjuez de Casación y abogados de genocidas

Entre quienes participaron activamente de los chats se encuentra un exjuez de la Cámara Federal de Casación, la máxima instancia penal del país: Eduardo Riggi, quien estuvo en el cargo hasta principios de 2023. En uno de los chats, Riggi criticó al Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, quien llegó al cargo por Macri luego del desplazamiento de Alejandra Gils Carbó: “Su antiguo jefe y amigo Alfredo Bisordi se avergonzaría de este discípulo”, escribió el excamarista. Bisordi fue un juez de Casación que desde la propia magistratura defendió a represores. Riggi también criticó a la Corte cuando Ricardo Saint Jean dijo “tenemos que hacer que nos escuche la Corte”. “’Momias sagradas’, más un montonero, y a la espera de un corrupto desvergonzado, salvo Rosenkrantz”, respondió Riggi, como para reducir las expectativas de lograr la liberación de genocidas en el Alto Tribunal.

Riggi no fue el único “asesor” relacionado a la magistratura: el padre Olivera Ravasi afirmó que mantuvo un encuentro con la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura. El 5 de julio pasado, a las 9.05, el padre villarruelista escribió: “Yo me ofrezco a hacer de nexo con la vice-pte del Consejo de la Magistratura. Estuvo con nosotros en la primera reunión, para quienes la recuerdan”. Y agregó: “El Dr Riggi también la conoce mucho”. No dio el nombre pero la vicepresidenta del consejo es la jueza macrista Agustina Díaz Cordero. Ex asesora del ministro de Justicia del macrismo, Germán Garavano, Díaz Cordero fue nombrada jueza civil por Macri, en 2018. Ingresó al actual Consejo de la Magistratura por el estamento de los jueces. Hoy es vicepresidenta del órgano de selección y sanción de jueces que preside el cortesano Horacio Rosatti, uno de los firmantes del 2x1 a favor de genocidas.

También integraron el grupo de chat que se creó para idear un proyecto que permita liberar genocidas los doctores “Frola” y “Munilla”, a los que Olivera Ravasi presentó como “dos abogados especialistas en el tema”. El segundo es Enrique Munilla, quien fue abogado de Jaime Smart, ministro de Gobierno bonaerense entre 1976 y 1979, es decir, durante la dictadura cívico-militar. Según su CV, Mansilla “entre el 8 de abril de 1976 y el 1° de agosto de 1979, se desempeñó como Asesor del Ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y del Secretario de Prensa y Difusión de la Provincia de Buenos Aires”. En esa época, en plena dictadura, en la provincia de Buenos Aires funcionó el Circuito Camps, una red de una treintena de centros clandestinos de detención y tortura que funcionaron bajo la órbita de la Policía Bonaerense.

La polémica libertaria por el comunicado y las críticas al Ejecutivo

Una vez que estalló el escándalo por la visita a Ezeiza, los diputados libertarios que visitaron genocidas quisieron emitir un comunicado. El legislador Guillermo Montenegro hizo circular uno, que comenzaba así: “Visita a la Unidad 31 de Ezeiza: Exigimos Respeto a los derechos humanos. El día jueves un grupo de Diputados de la Nación, comprometidos con la defensa de los derechos humanos, realizamos una visita a la Unidad 31 de Ezeiza. Nuestro objetivo era evaluar la situación de los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad detenidos en dicho establecimiento. Durante el recorrido, observamos con preocupación condiciones alarmantes que representan una grave violación a los derechos humanos”.  

El 17 de julio, seis días después de la visita a los genocidas, Alida Ferreyra escribió: “Habrán visto las repercusiones. Elaboramos un comunicado los que fuimos el jueves y del ejecutivo no nos autorizan a publicar”. De acuerdo a la libertaria, la lectura política era “que la noticia mañana termina”.

En ese contexto uno de los participantes del grupo explicó la intervención del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, e incluso del Poder Ejecutivo para buscar hacer un control de daños sobre el escándalo: “Señores, me acaba de llamar Sharif Menem (asesor de Martín Menem) y me pidió que le pase a él primero el comunicado para que lo vea Martín y lo analicen con el Ejecutivo y por ahí lo modifiquen. Ahora vamos a ver”.

Guillermo Montenegro ratificó la intervención del Poder Ejecutivo en el escándalo: “Me pidieron del ejecutivo que no subamos el comunicado y no hablemos con la prensa. Los van a llamar a cada uno”.

El diputado libertario Beltrán Benedit se hizo eco de esta decisión del gobierno y criticó a sus jefes políticos: “Un Ejecutivo al que le tiembla el pulso para permitirnos sacar un comunicado donde hacemos nuestro trabajo de informarnos por denuncias de violaciones a los derechos humanos está muy lejos de sancionar el justo proyecto de ilegalidad de las prisiones”, se quejó. Pero 4 días después le envió a Arrieta las declaraciones de Patricia Bullrich en las que justificaba la visita a Astiz y otros represores y le escribió: “No estamos solos!! El Ejecutivo la tiene claro u las declaraciones de Patricia (sic) disciplinarán a todos los tontos de su bloque!! Dormí tranquila”.

Con la denuncia judicial de Arrieta, la interna libertaria se agudizó aún más y surgieron más detalles de cómo fue el complot para intentar liberar genocidas. Una maniobra con la que el gobierno de Milei-Villarruel coquetea desde que asumió.  

Fuente: www.eldestapeweb.com