Este lunes el Juez de Garantías de Goya, Darío Ortíz , hizo lugar a la incompetencia planteada por el Ministerio Público Fiscal de Corrientes. Lo hizo en virtud a lo que dispone el Código Procesal de la provincia y el Código Procesal de la Nación. Además solicitó la inmediata remisión del legajo al Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo , y puso también de forma inmediata a disposición los seis detenidos y los elementos secuestrados hasta el momento en la causa de Loan Peña. 

La Justicia federal de Corrientes trabajará junto a las tres fuerzas federales de seguridad y contará con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) a cargo de la fiscal federal Alejandra Mángano y del fiscal general Marcelo Colombo. "Los avances del caso irán siendo comunicados a través del portal oficial del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Ello a fin de no comprometer la investigación en esta etapa", señaló a radiodos.com.ar el Fiscal Federal de Goya, Marino de De Guzmán . 

Cristina Pozzer Penzo

El 3 de octubre de 2018 comenzó a funcionar en Goya el cuarto Juzgado Federal de Primera Instancia en Corrientes. Su titular, Cristina Pozzer Penzo, asumió con 39 años, después de ser designada en 2014 para ese cargo. En la misma jurisdicción arrancó a funcionar la oficina del Ministerio Público Federal que está a cargo del fiscal Mariano de Guzmán y una oficina del Ministerio de la Defensa a cargo de Rosana Marini.

Pozzer Penzo nació en Santa Lucía, Corrientes, en enero de 1979. En 1995 obtuvo el título de Bachiller con Orientación Docente, como así también los diplomas de profesora de Piano, Teoría y Solfeo y Danzas Clásicas en el Conservatorio Fracassi. 

En 2002 se recibió de Abogada y Escribana Pública Nacional en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), en la que también culminó cursos de posgrado. En 2004 rindió y aprobó el concurso público abierto en el escalafón administrativo del Poder Judicial de Corrientes. Ingresó ese año como escribiente en el Juzgado de Instrucción y Correccional Nº3 de Goya.

En 2007, juró ante el Superior Tribunal de Justicia como juez de Instrucción, Correccional Nº1, con asiento en Paso de los Libres. Para el 11 de febrero de 2016 asumió como juez subrogante del Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres, cargo que cumplió hasta diciembre del 2018.

La jurisdicción alcanza a unos 200 mil habitantes de los departamentos de Goya, Esquina, Lavalle, Bella Vista y San Roque. "Corrientes es una provincia fronteriza en toda su extensión estamos intercomunicados por río, aire y terrestre con los delitos transnacionales", manifestó Pozzer Penzo. 

"Los delitos que ocurren con mayor intensidad son de narcotráfico, después trata de personas y los de orden económico", precisó hace unas semanas. "Tenemos todas las herramientas de comunicación y tecnología disponibles para poder actuar  a nivel nacional e internacional", detalló. 

"En materia de lucha contra la trata tiene buenos y comprobados antecedentes", comentó a radiodos.com.ar el titular de La Alameda, Gustavo Vera, organización que lucha contra la trata de personas en Argentina. 

Antecedente en la la lucha contra la trata de personas 

El Tribunal Oral Federal de Corrientes condenó en 2023 a una organización que explotó sexualmente a 36 mujeres en situación de vulnerabilidad en tres prostíbulos ubicados en la ciudad correntina de Paso de los Libres bajo la "protección" y "blindaje judicial" del exfiscal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, imputado en el caso.

La causa fue develada tras una investigación realizada por la juez federal, Cristina Pozer Penzzo, quien subrogaba en 2016 en la ciudad de Paso de los Libres y ligó al exfiscal Benito Pont por encubrimiento de la organización criminal. La magistrada encontró pruebas que ligaban al exfiscal con el negocio de la prostitución local. El exfiscal federal, Benito Pont, acusado de encubrir a la banda criminal, ni siquiera llegó a esta instancia por un estado de salud terminal.

Los hechos habrían ocurrido al menos desde el 17 de junio de 2010 hasta el 10 de enero del 2016 en el caso de "Roxi" y el "Hotel Momentos". Respecto de este último, las acciones se habrían reiniciado luego del 10 de enero (fecha de la primera clausura) hasta el 27 de marzo de 2016 y, nuevamente, con posterioridad a esa intervención y hasta el 16 de mayo de 2016.

Qué es la trata de personas y cuáles son las penas

El Código Penal contempla en su artículo 146 el delito de sustracción de menores. Este dice que se reprimirá con pena de hasta 15 años a todo aquel que sustrajere a un menor del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, como así también si lo retiene o lo oculta.

El artículo 145 bis indica que el que captare, transportare o trasladare, dentro del país o desde o hacia el exterior, acogiere o recibiere personas mayores de dieciocho años de edad, cuando mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier otro medio de intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una situación de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre la víctima, con fines de explotación, será reprimido con prisión de tres (3) a seis (6) años.

La trata de personas implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países. La trata de persona es un delito, sin importar si hay consentimiento o no de la víctima.

Este delito constituye una de las más graves violaciones a los derechos humanos, ya que su finalidad es la obtención de una ganancia a costa de considerar a las personas como mercancías, afectando su dignidad, integridad y libertad. En el país, casi el 36% de las personas rescatadas son víctimas de situaciones de explotación laboral. En virtud de lo complejo del delito y su magnitud, en el año 2002 la Argentina ratificó el "Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de personas, especialmente de mujeres y niños", que complementa la "Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional", también conocido como Protocolo de Palermo. Posteriormente, en abril del año 2008, asumió el compromiso de combatir el delito promulgando la Ley Nº 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, modificada luego por la Ley Nº 26.842/12.

La trata de personas con fines de explotación laboral o sexual es un delito. Denunciala llamando a la línea 134.  

Fuente: www.radiodos.com.ar