Por Sebastián Premici

El costo de la canasta de servicios públicos – luz, gas, agua y transporte – tuvo un incremento del 156% entre diciembre de 2023 y marzo de este año, en particular para los usuarios del AMBA. La eliminación arbitraria de los subsidios a las tarifas impactó tanto en los segmentos de mayores consumos como en los hogares de ingresos bajos. Y este fue solo el comienzo, ya que para abril el Gobierno anunció nuevas subas tarifarias.

En promedio, la tarifa de luz tendrá un incremento del 185% para los usuarios de bajos ingresos a partir de abril, un alza superior que para los usuarios con mayores consumos; y en el caso de las boletas de gas, el incremento promedio rondará en un 193% para el mismo segmento. Con estos guarismos, el costo de los servicios pesará cada vez más en los (magros) ingresos de los trabajadores y trabajadoras.

En paralelo, la administración de Milei redujo subsidios pero también incrementó de manera exponencial la deuda flotante con Enarsa y el Plan Gas. Hasta el 20 de marzo tampoco se habían registrado transferencias hacia la empresa mayorista de energía eléctrica (CAMMESA), artilugio contable a partir del cual Luis Caputo, ministro de Economía, buscar conseguir el superávit primario.  

Tarifazos

La canasta de servicios públicos del AMBA incluye el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público. De acuerdo al análisis realizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP -UBA-Conicet), su costo total pasó de los 29.487 pesos en diciembre 2023 a un promedio de 75.429 pesos para marzo de este año, un incremento del 156%.

“En la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante fue para el transporte con un aumento del 410% respecto a diciembre de 2023, mientras que la energía eléctrica aumentó 99% y el gas 24%. En este último caso, al no haber aumentos en el cuadro tarifario, corresponde exclusivamente a las diferencias mensuales en las cantidades consumidas”, puede leerse en el último informe del IIEP.

Con estos valores, un trabajador pasó de gastar un 6% de su salario a un 11% para cubrir la canasta de servicios públicos. Este fue solo el comienzo de los tarifazos en la era Milei. A partir de abril, con nuevos incrementos ya autorizados por el Gobierno nacional, los asalariados deberán destinar cada vez más de sus ingresos para cubrir sus necesidades energéticas y de transporte.

Según la consultora Economía & Energía, en el caso de la luz eléctrica, las facturas promedio mensuales se incrementarán en un 183% para los usuarios residenciales de ingresos altos (de $10.467 a $29,637), mientras que para los de ingresos bajos será del 185% ($3.970 a $11.313) y para los de ingresos medios, del 177% ($5.518 a $15.260).

En el caso de las boletas de gas, el salto promedio de las tarifas será del 214%. Para los usuarios de menores ingreso, el alza fue estipulada en torno al 193%.

Subsidios a la baja

El Gobierno nacional redujo de manera drástica los subsidios a la energía y el transporte, de ahí los incrementos exponenciales en cada uno de los servicios. Durante el tercer mes del año, las principales transferencias económicas a los sectores Agua, Energía y Transporte registraron un alza interanual del 13,8% en relación al mismo período del año pasado. Por lo tanto, la caída real de estas transferencias – una vez deflactada la inflación del mes – fue del 70%. El desagregado de recortes fue el siguiente: para el caso del agua, la quita de subsidios llegó al 100%; en energía, del 75% y en transporte, del 50%.

En el acumulado de los primeros tres meses del año, las transferencias devengadas de Energía Argentina S.A. (ENARSA) aumentaron, apenas, un 25,6% interanual. Es decir, una caía real – luego de tener en cuenta la inflación del período – del 67,3%. A su vez, las transferencias a CAMMESA, disminuyen un 37,5% en términos nominales aunque la merma real fue del 89%.

“Las transferencias por el Plan Gas.Ar (incentivos a la producción de gas natural) se redujeron 35,8% interanual y un 82,9% en términos reales”, analizaron desde el IIEP -UBA-Conicet.

Artilugio contable

En lo que va de marzo, tampoco se registraron transferencias hacia CAMMESA. La situación es doblemente compleja. Las distribuidoras, alegando un retraso tarifario, dejaron de pagar la cuenta de la energía que le compraban a la mayorista; mientras que el ministro Caputo, para conseguir el tan mentado superávit fiscal, frenó toda transferencia hacia CAMMESA. De esta manera, se aumentó la deuda con las generadoras y transportistas.

“Con datos al día 20 de marzo se observa una contribución a aumentar deuda flotante del Estado Nacional en $ 141.458 millones en términos nominales para el año 2024 explicado por devengamientos por encima de los pagos”, agregó el IIEP. De este total, la deuda flotante con Enarsa llega a los 87.700 millones de pesos, en relación al Plan Gas llega a los 11.400 millones mientras que la categoría “otros” fue de 42.000 millones de pesos.

Fuente: www.eldestapeweb.com