El paro de transporte pú­blico de pasajeros cumple tres días en la ciudad. La medida de fuerza impulsa­da por la UTA-Corrientes continúa, excepto el servi­cio de la empresa Turismo Miramar, que incluye las líneas 110 y 101, las que co­menzaron a circular en la siesta del viernes. Empero, el resto de las unidades de las otras líneas de colec­tivos pertenecientes a la empresa Ersa y San Loren­zo no salieron de los gal­pones tras el impedimento del sindicato de la UTA por la falta de acuerdo ante el pedido salarial que recla­maban. 

En medio del tira y afloja entre los empresarios y la entidad gremial, desde la Cámara de Empresarios del Transporte Unidos de Co­rrientes (Cetuc) consideran que "la medida de fuerza ya trasciende el reclamo sala­rial". Y avanzan en el diálo­go con la Municipalidad de la Ciudad para buscar una salida de emergencia ante la medida de fuerza que -hasta ahora- promete ser por tiempo indeterminado. 

Pero en medio de la emer­gencia vial y del transporte en la ciudad, la Comuna capitalina podría aplicar alguna de las medidas con­templadas en la emergencia para garantizar el servicio de colectivos en la ciudad, considerando que miles de usuarios se ven perjudica­dos desde hace tres días sin el servicio esencial para ir a sus lugares de trabajo y sor­tean diferentes dificultades para llegar a destino. Sin olvidar que tienen la tarifa del boleto más cara de la región, ya que desde hace dos semanas el valor es de $690. 

En este contexto, el vo­cero de la Cetuc, Gustavo Larrea, dijo que están ha­blando con el Municipio capitalino para "buscar una alternativa en la emergen­cia del transporte dictada recientemente y ver qué tipo de solución se puede encontrar para que la gen­te tenga un servicio que le permita hacer sus tareas habituales", señaló Larrea en declaraciones radiales.

En esta línea, vale con­signar que la Emergencia Vial y del transporte en la ciudad, declarada recien­temente en el Concejo De­liberante, habilita al Muni­cipio capitalino a la toma de medidas necesarias de carácter administrativo, fi­nanciero y de gestión, para asegurar la movilidad y se­guridad vial de los ciudada­nos ante la falta del servicio esencial como es el trans­porte público de pasajeros en la ciudad.

La Resolución 1092, de fecha 27 de febrero de 2024, en uno de sus artículos fa­culta al Ejecutivo Municipal a arbitrar todas las medidas indispensables para garan­tizar la continuidad de la prestación del servicio pú­blico de transporte urbano de pasajeros, en el caso de constatarse una cobertura menor al 75 %. La Emergen­cia se declaró en contexto de la quita de subsidios del Gobierno nacional y de la permanente actualización de los precios del combus­tible y de los salarios de la UTA, con el propósito de garantizar la movilidad de los usuarios.

El objetivo de estas polí­ticas públicas municipales es "garantizar la prestación de los servicios públicos esenciales, asegurando las condiciones de universali­dad, accesibilidad, regula­ridad, continuidad, calidad, eficiencia, transparencia, equidad y control social, concibiéndolos como un derecho humano, propen­der a la descentralización de los servicios municipa­les y mejorar la calidad de atención a los vecinos".

Ante el reclamo de los transportistas y el esfuerzo que la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes reali­za para aportar al funciona­miento del servicio, el vier­nes el intendente Eduardo Tassano fue contundente y dijo: "Llegamos al límite. No vamos a hipotecar el Municipio por esta situa­ción".

DENUNCIA 

El vocero de la Cetuc comentó que el viernes realizaron un esfuerzo para sacar las unidades y que puedan volver a circular por las calles de la ciudad, e inclusive ha­bía trabajadores (chofe­res) que querían volver a prestar servicio, pero que esto se vio impedido por los representantes loca­les de la UTA y los chofe­res que estaban frente al predio bloqueando la salida de los colectivos. "Estamos ante una situación que ya trasciende la cuestión sala­rial y esto va más allá. Tene­mos un bloqueo que impide que salgan los colectivos y que constituye un delito", denunció Larrea.

Luego agregó que "hay acciones con ciertas vio­lencias y hasta amenazas. Inclusive hay conductores que ingresaron al predio. Ante esto se hizo la denun­cia penal correspondiente", reveló.

También comentó que "el sector empresarial les ofre­ció a los trabajadores de Ersa y San Lorenzo un ade­lanto de 60.000 pesos al salario básico". Pero la pro­puesta fue rechazada por parte de la UTA-Corrientes y por lo tanto continuará el paro del transporte público que se inició el viernes úl­timo. 

Fuente: www.nortecorrientes.com