Tras el fracaso del oficialismo en Diputados, distintas especulaciones comenzaron a circular sobre el futuro de la Ley Ómnibus. Una de las que más fuerza tomó tiene que ver con la posibilidad de someter el proyecto a la voluntad popular a través de un plebiscito. Sin embargo, Javier Milei terminó descartando esa propuesta.

La idea de insistir con la Ley “Bases” a través de una consulta popular había sido mencionada esta semana por el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien señaló: “El Presidente lo planteó en su momento. Él lo dijo exactamente en estas circunstancias: ‘Si no me aprueban las leyes que necesito, iré a una consulta popular’. Son temas que todavía no están específicamente preparados, pero que sí es una herramienta constitucional que existe y que el Presidente verá si la utiliza. También es un elemento que tiene para generar una presión popular sobre en qué país queremos vivir”.

Pese a las especulaciones, altas fuentes del Gobierno confirmaron que finalmente no habrá plebiscito por la Ley Ómnibus. La decisión la tomó el propio Milei desde Israel, donde se encuentra de gira, tras evaluar al detalle las ventajas y los costos de la alternativa.

Fue una noche de furia en la madrugada del miércoles en Tel Aviv. El primer mandatario siguió el desarrollo del debate en Diputados a la distancia y prácticamente no durmió. Estuvo en contacto con sus colaboradores en la Argentina y se dedicó, junto a Santiago Caputo, a armar el discurso de ataque a los “traidores” de los bloques aliados. Finalmente, tomó una decisión sobre el futuro de la Ley Ómnibus.

“Ya hubo un plebiscito y sacamos el 56 por ciento”, le dijo el libertario a su mesa chica, haciendo alusión al resultado del balotaje. Según Milei, no tendría sentido intentar revalidar el apoyo popular conseguido hace tres meses: teme que, aun imponiéndose su propuesta, el porcentaje de votos positivos que consiga sea menor al del 19 de noviembre, erosionando su poder.

Lo cierto es que avanzar con una consulta popular hubiera traido más riesgos, tanto económicos como logísticos, políticos y legales. Y ni siquiera sería suficiente para saltear al Congreso: el Artículo 40 de la Constitución Nacional advierte que todo plebiscito convocado por el Presidente tiene un resultado no vinculante, es decir, que el resultado debería ser validado por los legisladores.

Además, un presidente solo puede convocar a consultas sobre temas de su propia competencia. Entonces, por ejemplo, no podría usarla para impulsar una reforma impositiva o modificar el código penal. Si se excede en la consulta, podría enfrentar demandas por inconstitucionalidad y la Justicia se la podría frenar.

En este contexto, la única alternativa del primer mandatario parecer ser sentarse a negociar con más flexibilidad o avanzar con un paquete de decretos.

Fuente: Todo Noticias.