El gobierno de Javier Milei decidió seguir con la misma receta que había implementado la administración de Alberto Fernández y estableció, por medio de un DNU, un nuevo período de emergencia energética en el marco del Caputazo. El decreto le allana el camino para prorrogar las intervenciones de los organismos de control y poner tropa propia al frente del Ente Nacional Regulador de la Electricidad ( ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).

Los nuevos de los organismos de control, que llegarán antes de fin de año, tendrán como primera tarea acelerar los trámites administrativos y las audiencias públicas para aprobar los aumentos tarifarios y la reducción de subsidios en los servicios de luz y gas que entrarán a correr a partir del 1° de febrero.

Esos ajustes serán de “carácter transitorio” y antes de diciembre de 2024 deberán estar cerradas y aprobadas las nuevas Revisiones Tarifarias Integrales (RTI), que contendrán los planes de inversiones, los cuadros tarifarios y las tasas de rentabilidad de las compañías eléctricas y gasíferas privadas por un plazo de cinco años.

Los futuros interventores serán designados por la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes tendrán un plazo de 180 días para iniciar la normalización del directorio del Enargas. En el caso del ENRE, subraya el decreto, deberá “revisar, reconducir, confirmar o anular” el concurso de selección de autoridades que abierto a mediados de este año la extitular del área, la massista salteña Flavia Royón, quien podría sumarse al gabinete de Milei como subsecretaría de Minería.

Mientras que en el Enargas, el exvocal del ente y exsubsecretario de Hidrocarburos de la gestión macrista Carlos Casares es el nombre que trascendió para remplazar a Osvaldo Pitrau; para el ENRE aún no se conoce quien será el encargado de sustituir al interventor massista saliente, Walter Martello.

Decreto y estado de emergencia

Con el DNU 55/23, la administración libertaria declaró el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2024 sobre los sectores de generación, transporte y distribución de energía eléctrica y de transporte y distribución en el servicio de gas natural.

Fundamentó esa decisión en “la ausencia de un esquema tarifario que brinde señales para un consumo eficiente y racional de energía para los distintos segmentos y tipos de usuario” y en que “la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de gas y energía eléctrica exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación”.

El DNU habilitó a Rodríguez Chirillo para que elabore un programa “con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua de los servicios en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.

Audiencia gasífera

El Enargas ya convocó a audiencia pública para el 8 de enero a fin de tratar, de manera virtual, los aumentos transitorios que soliciten las distribuidoras y transportadoras; y un nuevo mecanismo de actualización mensual de sus ingresos específicos que forman parte de las facturas hogareñas.

Metrogas, Naturgy, Camuzzi Gas del Sur, Camuzzi Gas Pampeana, GasNor, Gas Cuyana, Gas del Centro, Litoral Gas y GasNea y las transportadoras TGN y TGS tienen plazo hasta el viernes, para presentar los nuevos cuadros tarifarios de transición que quieren implementar durante el próximo año y el detalle de los aumentos requeridos para cada categoría de los usuarios hogareños.

El último aumento que recibieron las operadoras gasíferas se registró en abril, cuando fueron autorizadas a aplicar una suba que osciló entre el 110% y 130%.

La convocatoria del Enargas dejó sin aclarar dos cuestiones significativas: el nuevo precio del gas en boca de pozo, denominado técnicamente Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST); y la escala de recorte de subsidios que regirán para los consumos hogareños a partir del próximo año.

Durante la administración de Alberto Fernández, cada vez que se actualizaron las tarifas gasíferas se realizaron dos audiencias públicas separadas. Una, convocada por la Secretaría de Energía para informar y tratar el valor del PIST y los precios del gas subsidiados para cada segmento de usuarios; y otra, a cargo del Enargas para exponer y analizar los ajustes solicitados por las distribuidoras y transportadoras de gas para actualizar sus ingresos específicos.

Consultores energéticos consultados por Letra P advirtieron que el Gobierno debería dar a conocer cuanto antes cuál es el nuevo precio del gas y los porcentajes de reducción de subsidios que se mantendrán para los usuarios residenciales.

Según el último informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, ningún segmento de los usuarios residenciales está abonando una tarifa que cubra la totalidad del precio del gas natural. En promedio, la cobertura del costo de abastecimiento del gas llega al 47% en los hogares N1, mientras que en los N2 alcanza solo al 14% y en los N3 al 18%.

Fuente: www.letrap.com.ar