Fin de gobierno

En el corriente año se llama a lecciones para elegir un nuevo gobierno y ello genera obviamente incertidumbre sobre el presente y el futuro inmediato, situación que aprovechan los especuladores para presionar sobre el precio del dólar, dado que es la moneda de referencia para el atesoramiento y la fuga de capitales, en un país que ha sido devastado por la deuda externa en tres oportunidades en los últimos 47 años.

La deuda externa generada durante la última dictadura

En gran parte, esta deuda fue estatizada por los seguros de cambio generados en los 49 días en los que estuvo Domingo Felipe Cavallo como presidente del BCRA tras la guerra de Malvinas y continuados por su sucesor, Julio González del Solar, mediante canje de los títulos de deuda privado por títulos del Estado nacional. De esa manera, las grandes empresas deudoras pagaban su deuda en pesos al Estado y la Nación Argentina colocaba títulos de deuda en divisas a los acreedores (reales o ficticios).

La deuda externa, además de ser una hipoteca impagable para el pueblo argentino, fue una brutal transferencia de recursos a favor de la minoría beneficiada por la sangrienta dictadura militar y los también más que pagados bancos acreedores.

Cuando asumió la presidencia de la República Argentina Raúl Alfonsín, la deuda externa rondaba los 43.600 millones de dólares, su primer ministro de Economía, el Dr. Bernardo Grinspun, impulsó, por un lado, la investigación del origen de la deuda y, por el otro, un acuerdo de los países deudores de la región para montar una estrategia común, quienes se encontraron en la ciudad de Cartagena y de Mar del Plata en el año 1984.

Sin embargo, el 19 de febrero de 1985 se le pide la renuncia al Dr. Grinspun para que asuma Juan Vital Sourrouille. El día anterior, el ministro Grinspun había echado a los gritos de su oficina al representante del FMI, Joaquín Ferrán.

En 1985, el Estado seguía técnicamente en default, ya que solo pagaba los servicios de la deuda en forma parcial, dado que los ingresos del fisco eran menos de la mitad de los intereses que esta devengaba. El flujo de capital se había interrumpido con la guerra de las Malvinas en 1982, con lo que la deuda seguía creciendo por la acumulación de los intereses impagos. Solo se podían refinanciar los vencimientos y el pago parcial de intereses con la autorización del FMI; esa es la razón por la que se instrumentó el llamado Plan Austral, que fue un plan de ajuste, que buscaba reducir el consumo y el nivel de actividad interno, para disminuir las importaciones y apuntalar las exportaciones.

El Plan Austral significó una fuerte devaluación inicial, con control de salarios y de precios y un cambio de moneda (pesos por austral). Y el 1 de julio de 1985 mediante los comunicados A-695, A-696 y A-697 del BCRA se reemplazaron títulos de deuda externa heredados de la dictadura militar (firmados por Dagnino Pastore; Domingo Cavallo, Jorge Wehbe y González del Solar, funcionarios elegidos por Reynaldo Bignone y los jefes de las tres fuerzas armadas), por “Obligaciones de Banco Central de la República Argentina”, reconocido en el libro El manejo de la Deuda Externa en condiciones de crisis de balanza de pagos, firmado por José Luis Machinea y Fernando Sommer [1] , donde dicen textualmente:

“La reducción de los pasivos externos del sector privado derivó, en la práctica, en la nacionalización de gran parte de esa deuda externa. La deuda externa del sector público, que era del 53 % de la deuda total en 1980, se incrementó a 83 % en diciembre de 1985”.

Paralelamente, significó la licuación de la deuda externa privada a través de la aceptación de títulos de deuda externa como pago de redescuentos, on lending y avales caídos [2] , de esa manera la deuda externa privada se va transformando en pública, que, según sea la cotización del título público, implica la transferencia de deuda en contra del Estado nacional.

El 6 de febrero de 1989, el presidente del BCRA, José Luis Machinea, reconoció que había vilipendiado las reservas internacionales en los pagos y no contaba con un solo dólar más, lo que provocó la hiper-devaluación (de australes 17,62 a 650 cuando asumió Menem la presidencia de la República el 9 de julio de 1989, luego siguió a 10.000 el 1 de abril de 1991 —Plan de Convertibilidad—) y con ello la híper inflación, siendo esta de 3.079,5 por ciento para ese año 1989 y de 2.314 % en el año 1990, medidos por el IPC (Índice de Precios al Consumidor) del INDEC.

La negociación de la deuda externa Argentina 1985-1988 significó el pago de intereses de la deuda por la totalidad del superávit comercial del periodo (por 8.500 millones de dólares) y, sin embargo, la deuda externa pública creció de 43.600 a 63.200 millones de dólares.

El Presidente Alfonsín, que aceptó toda la deuda heredada de la dictadura, fue echado por los mismos que se beneficiaron. Fue Héctor Magnetto quien le dijo, ante el pedido de que lo dejen cumplir el mandato: “Usted no se da cuenta que ya estorba”.

La crisis del año 2001

La historia volvió a repetirse como un calco en el año 2001, el final del modelo de paridad cambiaria del peso con el dólar y la convertibilidad de nuestra moneda, de la apertura sin freno de la economía, con recesión y tasa de desocupación abierta del 22 %, que terminó en saqueos, 39 muertos, la caída del gobierno, cinco Presidentes en 12 días de caos y la mayor moratoria de una deuda soberana de casi 100.000 millones de dólares. El día 19 de diciembre de 2001 renuncia el ministro Domingo Cavallo y el 20 renuncia el Presidente De la Rua.

Los estertores de la convertibilidad presentan una división impulsada por los capitales extranjeros que querían la dolarización (pensemos en las empresas privatizadas con mercado cautivo y en general todos los que prestan y/o venden bienes y servicios al mercado argentino y los acreedores que quieren cobrar en divisas) y, enfrentados, los grandes grupos económicos locales (incluyendo los grandes terratenientes y acopiadores) y algunos conglomerados extranjeros que quieren salir de la convertibilidad del peso mediante una devaluación del signo monetario que ocasiona pérdidas al capital invertido y beneficia al poder económico, ya que sus recursos invertidos en el exterior y los ingresos corrientes de su saldo comercial están dolarizados.

Había estado López Murphy como ministro de Economía exactamente 15 días, y ya era Patricia Bullrich ministra de Trabajo, quienes ejecutaron un fuerte ajuste del sector público, anularon becas y pensiones, recortaron los programas sanitarios, anunciaron un recorte del 5 % del presupuesto para la educación y un proyecto de ley para privatizar el Banco Nación Argentina, redujeron las indemnizaciones por despidos, recortaron los salarios públicos, las jubilaciones y pensiones, asignaciones familiares y seguros de desempleo en un 13 %.

Lo reemplazó Domingo Cavallo, quien realizó un mega-canje de los títulos de la deuda externa el 4 de julio de 2001, para postergar los vencimientos por tres años para las que vencían antes del 31 de diciembre de 2010. A cambio, los intereses de la deuda fueron aumentados del 7 % anual a tasas del 16 y 18 % anual en dólares. Antes del mega-canje, la Argentina debía pagar en el período 2001-2031, por los vencimientos de su deuda, un valor que alcanzaba los 60.500 millones de dólares. Luego del mega-canje, ese valor se incrementaría en un 63 % y llegaría a los 98.400 millones de dólares, más los intereses. Obviamente, fueron denunciados y procesados todos sus partícipes, que la Justicia argentina, una vez más, dejó en la nada.

Así como Domingo Cavallo viajó expresamente a los Estados Unidos para afirmar que los créditos que le daban a la Argentina de 1989 no iban a ser reconocidos por el nuevo gobierno, en noviembre de 2001 la subdirectora del FMI, Anne Osborn Krueger, anunció que la Argentina no recibiría más recursos. Al no contar con reservas internacionales en el BCRA, esto provocó el pánico bancario. El 2 de diciembre, Cavallo anunció la drástica decisión: el “Corralito”. El propio ministro informó la medida por televisión y se encargó de explicarla: por semana no se podría retirar más de 250 pesos de las cuentas en los bancos (una suma insignificante), lo que desencadenó una ola de protestas hasta terminar en las aciagas jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.

La deuda generada por el menemismo, al principio pagada vendiendo a precio vil las empresas públicas, y después, la llegada de la Alianza continuando el mismo modelo, pero sin activos para vender, terminó de la peor forma.

Deuda externa de Cambiemos

La deuda externa argentina se incrementó en el gobierno 2016-2019 en más de 100.000 millones de dólares. La deuda con el FMI fue tomada sin cumplir con los mandatos constitucionales que exige que sea previamente autorizada por el Congreso de la Nación y, cuando se aceptó el crédito, no se cumplió con esa autorización, incluso violentando el propio estatuto del “Fondo”, que en su artículo 6, inciso “a”, dice que no se le puede prestar a un país en fuga de capitales y fue lo que hicieron, es más, fue lo que propiciaron para endeudar a la Argentina.

Con fecha 21 de mayo de 2020, el BCRA publicó el Informe «Mercado de cambios deuda y formación de activos externos, 2015-2019” y demuestra que de la deuda tomada por la gestión de Cambiemos, la “fuga de capitales” del período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 alcanzó los 86.200 millones de dólares. Aumentaron la deuda y prácticamente el 85 % de esta no se invirtió en el país y se convirtió en activos financieros de residentes argentinos en el exterior.

Es más, ese Informe sostiene que, en total, 6.693.605 personas físicas y 85.279 personas jurídicas compraron los 86.200 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos, pero los 100 mayores adquirieron 24.679 millones de dólares. Ninguna de las 100 empresas de la lista de los que compraron 24.679 millones de dólares, puede demostrar en sus estados contables de dónde detrajeron los recursos para poder comprar la cantidad de dólares que realizaron entre los años 2016-2019, lo que supone delito de evasión fiscal y fuga de capitales para los compradores e incumplimiento de las leyes, incluida la de “lavado de activos” para los bancos que les vendieron esos dólares del BCRA y no tomaron los recaudos del origen de los fondos. Y lo mismo pasa con las 100 primeras personas que compraron 822,6 millones de dólares en ese lapso y no lo declararon o lo hicieron muy parcialmente ante la AFIP.

Pero la situación es distinta esta vez. En primer lugar, la Argentina gracias a sus recursos naturales es el tercer exportador de soja y el décimo en alimentos del mundo. Rosario es el principal puerto del comercio exterior de granos y derivados del planeta. En el año 2023 disminuye fuertemente la importación de combustible, en el 2024 se alcanza el autoabastecimiento y en el 2025 se es un exportador neto. Se exportan 100.000 barriles de petróleo por día y en los próximos 3 ó 4 años se exportarán 500.000 barriles/día desde la Argentina.

En segundo lugar, la Argentina tiene, en lo que va del siglo XXI, un superávit comercial acumulado de 271.192 millones de dólares. En los años 2019, 2020 y 2021 las exportaciones superaron a las importaciones en 15.000 millones de dólares por año. Y en el 2022, el superávit fue de 7.000 millones por el fuerte crecimiento de las importaciones, más para cubrirse de una posible devaluación que por el crecimiento económico, logrando ese año la mayor exportación de nuestra historia: 88.500 millones de dólares, que seguramente será superado en el corriente año 2023.

Tercero, pese al buen desempeño comercial, las reservas internacionales de libre disponibilidad fueron solamente de 7.325 millones de dólares en el año 2022 (superando la meta exigida por el FMI). El problema reside en que, en solo dos meses del año 2023, el BCRA dilapidó 3.500 millones de dólares, tornando incierta la meta de reservas netas de 7.825 millones de dólares para el 31 de marzo 2023 en que comienza el ingreso de la cosecha gruesa.

Para corregirlo, sí debe poner la lupa en cómo funciona el BCRA y por qué vende la cantidad de dólares a tipo oficial que vende y, a la vez, por qué no hace cumplir la ley 19.359, Régimen Penal Cambiario de 1971, que en su artículo 29 dice: “El Banco Central de la República Argentina deberá: (…) b) Dictar las normas reglamentarias del régimen de cambios y ejercer la fiscalización que su cumplimiento exija”.

Por último, el gobierno tiene varias cartas a jugar como la utilización de los swaps (pases) con China, extender el mismo acuerdo de pases con Brasil y hasta emplear los REPO [3] para sumar dólares a las reservas.

En síntesis

La no investigación de la deuda y el pago de esta con reservas internacionales del BCRA que nos pertenecen a todos es la causa de la corrida cambiaria. El gobierno todavía está a tiempo de apoyar el proyecto del senador Parrilli de investigación de la deuda [4] y, con los recursos logrados por la multa, pagar al FMI y que de esa manera sean los beneficiados del endeudamiento lo que la paguen y no el pueblo argentino.

Fuente: www.elcohetealaluna.com