Dos de las críticas más fuertemente escuchadas en los últimos tiempos eran la falta de inversión y la minimización del problema del dólar ilegal, insisto, problema de índole puramente política y no económica. Entonces, cuando el gobierno nacional toma una medida que, por un lado, reconoce e interviene sobre la circulación ilegal de dólares, y, por otro, estimula la inversión privada, también se la critica. Del mismo modo que se criticaba la fuga de capitales y luego se criticó el control de cambios. O se decía que se ignoraba la inflación, y luego se condenó el control de precios. Esta actitud de la oposición confirma, una vez más, su vocación puramente destructiva, su intención destituyente; y expresa, en última instancia, lo que el senador radical Ernesto Sanz dijera con todas las letras: "Ojalá que todo vaya mal hasta octubre." Y, con una oposición política y económica que sólo busca destruir para destituir, no hay diálogo posible. 
Otra de las críticas señala que la Argentina, al perdonar a quienes no declararon sus tenencias de divisas, se acerca a ser un nuevo paraíso fiscal. Falso. En términos institucionales, con su legislación y firma de tratados, y con la creación y fortalecimiento de organismos públicos actuantes tanto en el ámbito nacional como en el internacional, nuestro país es uno de los más conspicuos cumplidores de la normativa internacional. En términos políticos, somos principales denunciantes de los paraísos fiscales ante los organismos internacionales, demandantes de información que tales paraísos se niegan a dar, y proponentes de reformas al sistema financiero internacional. Y en términos económicos, de lo que se trata con las últimas medidas no es de aplaudir o alentar la evasión, sino de, precisamente, hacer salir aquellos recursos ociosos obrantes en el sistema de paraísos fiscales, para su ingreso en el sistema formal de nuestra economía. Si bien es cierto que no se los condena por la evasión hacia atrás –y eso fastidia–, también es cierto que se los obliga a declarar esos recursos, y de allí en adelante, tomar nota del incremento patrimonial que suponen y hacerlos tributar en tal carácter.         
Mientras que, para la oposición destituyente, la medida adoptada utiliza los incentivos de inversión –CEDIN y BAADEN– como excusa para el blanqueo, desde la lógica de la heterodoxia económica del gobierno, el blanqueo es una herramienta para estimular la inversión. 
Párrafo aparte merece la ofensiva desenfrenada de denuncias de corrupción, de modo de reforzar un clima de pesimismo y desconfianza tendiente al fracaso de las medidas. La oposición destituyente no piensa realmente que las cosas van mal. Sino que "necesita" que vayan mal. Y, para ello, al igual que ocurre con el dólar ilegal cuya disparada es política y no técnico-contable, el arrecio de denuncias de corrupción responde a otra "decisión política" del establishment, congruente con aquella, y no a una investigación exhaustiva. Ocurre lo mismo que en el campo económico ocurriera en otras épocas con las placas rojas y el desenfreno del riesgo país, en el sentido de que se trataba de sendas operaciones políticas, como prolegómenos de un golpe. Las actuales –y viejas a la vez– denuncias contra Lázaro Báez, tienen antecedentes en la operación mediática desatada contra el vicepresidente, y antes con las denuncias de una embajada paralela en Venezuela, y antes con Skanska, y así sucesivamente. Ríos de tinta corrieron también, entre los años 1988 y 1989, para presentar como corrupción de gobierno una operación comercial que se recuerda como "los pollos de Mazzorín", cuando su verdadero objetivo –finalmente logrado– era destituir al presidente. La diferencia es la enorme fortaleza política de este gobierno, comparada con aquel. En aquel momento bastó con una sola denuncia. En el presente, si a la primera denuncia el gobierno hubiera caído, con una sola hubiera bastado. Tanto el poder mediático como los grupos económicos extorsivos, saben que se trata de una controversia de largo aliento en el tiempo, debido a la fortaleza de Cristina Fernández de Kirchner y de su gobierno. 
Más allá de sus diferencias de contexto, ambos procesos –aquel de finales de los ochenta y el actual– tienen en común esta caracterización política de la destitución como objetivo. Lo que es increíble es que, quienes dicen honrar al gobierno de aquel presidente radical, sean hoy mentores de semejante –y tan evidente– operación desestabilizadora. 
Finalmente, que un gobierno haya desacoplado a nuestra economía de la debacle financiera internacional, negándose al ALCA, es un cambio de paradigma.
Que, aun sin haber formalizado la denuncia política de ilegitimidad de la deuda externa, el gobierno haya obtenido una quita fundamental de capital e intereses y un significativo estiramiento de los vencimientos, equiparables a lo que se hubiera obtenido con la denuncia de ilegitimidad, es un cambio de paradigma.
Que, en oposición a la mentada "independencia" de los Bancos Centrales del neoliberalismo, nuestro Banco Central se haya convertido en un orientador fundamental del crédito hacia los sectores productivos, es un cambio de paradigma.
Que, ante la caída de la economía internacional, las políticas oficiales hayan mantenido los niveles de empleo, es un cambio de paradigma. 
Que, ante las restricciones externas, el gobierno recurra a iniciativas heterodoxas, en lugar de endeudarse, vender activos, abrirse al capital financiero o devaluar, es un profundo cambio de paradigma.
Que, ante la impresionante presión interna por la devaluación, y la no menos impresionante presión externa en favor de los fondos-buitre, el gobierno, a diferencia de sus antecesores, no defeccione y persista en la toma de decisiones creativas, anticíclicas y soberanas, constituye un cambio de paradigma tan importante, que sigue mereciendo toda nuestra iniciativa para esclarecer, y toda nuestra militancia en su defensa.