Sin gran parte de los colectivos recorriendo las calles de esta ciudad, la jornada de ayer parecía de fin de semana, más que un jueves. Sin embargo, también fue un día de furia. Como siempre los principales perjudicados fueron los miles de pasajeros correntinos, que ayer se desayunaron con que un conflicto laboral, salarial y sindical impedía que ellos pudieran llegar a horario a sus trabajos, a realizar trámites o a la escuela. La medida de fuerza dispuesta por un grupo de choferes autoconvocados, que decidieron impedir la salida de los colectivos, hasta que el grupo Ersa no salde los montos adeudados y no blanquee al personal, expuso una fuerte interna y el hartazgo existente entre los trabajadores respecto a la conducción de la Unión Tranviarios Automotor de Corrientes, que reclaman que no los representa ni los defiende. La medida por tiempo indeterminado y por fuera de la decisión de la UTA local, derivó en una denuncia penal por parte de la empresa Ersa. “Entendemos que es una medida ilegal realizada por un grupo de personas que nunca se identificaron con un gremio sino como autoconvocados y que han obstruido el ingreso y el egreso de las unidades de la empresa, por lo que se decidió accionar los resortes legales y formular denuncias penales correspondientes”, dijo el gerente de la firma, Javier Harfuch. El directivo insistió en que se trata de “una situación totalmente ilegal e irregular” que los habilita “a tomar medidas disciplinarias con este personal”, es decir echar a los trabajadores conflictivos. Tras ser increpado y abucheado por los trabajadores que dice representar, Rubén Suárez se llamó a silencio, y el que salió a hablar ayer con los medios fue Omar Correa, secretario Adjunto de la UTA, que dijo: “Esta medida no tiene aval del sindicato, hay muchos compañeros que no querían hacer huelga pero trabaron la puerta y no pudieron salir”. Quien también salió a criticar la medida de fuerza adoptada por los trabajadores fue el subsecretario de Trabajo de la Provincia, Jorge Rivolta, quien dijo que la huelga “no está inscripta por un sindicato ni asociación legal, es decir no tiene un paraguas constitucional. No tiene que ver con el juicio del valor si el reclamo es válido o no. Pero la forma no es adecuada”, dijo. En tanto la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (Cnrt) que controla la prestación del servicio entre Corrientes y Resistencia aseguró ayer que no puede intervenir en el conflicto que paralizó a las unidades de Ersa porque es un asunto de los choferes y no de la empresa. Pasajeros del servicio se comunicaron con la delegación Corrientes del organismo nacional para saber qué medias tomarían por la cancelación del servicio que presta Ersa, una de las dos concesionarias. Pero sólo consiguieron como respuesta que no harían “nada” porque “son los choferes los que no prestan el servicio y no la empresa”. Mientras el conflicto se desarrollaba en el barrio Patono, en una zona periférica de la ciudad, y miles de correntinos se veían perjudicados por la falta de transporte, en el Concejo Deliberante en sólo siete minutos los concejales oficialistas aprobaban la primera lectura del expediente que contempla un pedido de incremento del boleto de colectivos, cercano al 80% de aumento del valor actual. Una vez más los pasajeros correntinos fueron, son y serán los principales perjudicados por un sistema monopólico del transporte, por un conflicto salarial, laboral y sindical, que repercute en un servicio deficiente para los que tienen que viajar todos los días en colectivo y por un grupo de ediles y funcionarios que parecen responder más a los reclamos de un sector empresario, en perjuicio de los correntinos.s