Los colectiveros volvieron al paro nocturno, consecuencia: anoche no hubo transporte público de pasajeros. La medida ya lleva más de una semana y amenaza con prolongarse porque no hay visos de solución, pese a las gestiones (oficiales y oficiosas) y las manifestaciones de com­promiso y preocupación de autoridades, empresarios y gremialistas. Por ahora, el único sector que no tiene participación (ni siquiera expresión) es la de los usua­rios. No se escucha la voz de los que padecen estoica­mente el destrato del sistema que, curiosamente, los necesita, aunque los ignora, y peor aún, los castiga im­piadosamente. Más allá del interés periodístico de al­gunos medios y de la opinión, con más o menos peso mediático, de ciertos representantes sociales, ¿habrá alguien que pueda ejercer formalmente la defensa de los usuarios del transporte público y buscar remedio a esta situación?
Es en este momento donde se vuelve imprescindible la acción de las instituciones. Para estas instancias -se supone- fueron creados los Institutos con rango constitucional, como las Defen­sorías; es en este trance cuando el ciudadano mira hacia arriba a los gobernantes, a los jueces, a los legisladores y espera una señal de responsabilidad. Algo de empatía. 
Pasajeros sin servicios, sin voz ni representación. El cuadro es ciertamente más complejo de lo previsto, no sólo por la continuidad del conflicto que va camino irremediablemente a un brete que agravará profunda­mente la situación (y todos lo saben), sino porque no hay amparo para los usuarios. No lo tienen ahora que el problema apenas se inicia, menos habrá que esperar cuando el drama se desate con toda su magnitud.
No se trata de generar espanto, pero lo que viene puede ser todavía peor. Este diario lo anticipó en la edición del domingo, el traspaso desde la Nación a las provincias (y los municipios), de la obligación de los subsidios a la energía y el transporte público supo­ne una pesada mochila financiera, multimillonaria. Mientras la mayoría de los diarios, radios y canales -alimentados con la partitura oficial- se escandaliza­ban (y aún siguen) con la irrupción de la Prefectura de Paraguay en la Isla Apipé, NORTE de Corrientes informaba que la provincia de Corrientes tendrá que aprontar el año que viene más de $1.000 millones para atender la tarifa social de la luz y otros $500 millones para subsidiar el funcionamiento de los colectivos. Compromiso transferido por la Casa Rosada en el mar­co del ajuste fiscal.
En el caso específico del transporte público, incluso con este aporte millonario el negocio tendrá otro agu­jero porque el Gobierno central está decidido a erradicar el subsi­dio al precio del gasoil, beneficio extra que aún hoy gozan las em­presas concesionarias. A menos que las provincias o los munici­pios se hagan cargo también de subsidiar el combustible, allí ha­brá otro tema de controversia.
El problema es serio, hoy que no hay servicio nocturno, y será más serio todavía en unos me­ses cuando se corten los subsi­dios nacionales. La lógica obliga a definir prioridades, lo de Apipé es preocupante (y viene de larga data), pero no es ur­gente. Lo verdaderamente importante es ocuparse en devolverle el servicio completo, sin restricciones, a los usuarios, y de paso comenzar a revisar cómo se em­parchará el abismo financiero que está adelante.
“Hoy lo que ingresa no nos alcanza para cubrir cos­tos. Trabajamos para pagar sueldos”, dijo Javier Har­fuch, vocero del empresariado correntino. Justamente, por esta presunta sequía no pueden cumplir con un aumento pactado con la UTA y es lo que motiva el paro nocturno. El lunes, en Buenos Aires subieron el boleto a $13, aquí “vamos a tener que llevar a $40”, amenazó Harfuch. El intendente Tassano le dio la razón, antici­pó que habrá nueva tarifa desde enero, pero no dijo de cuánto será.