Goya: El grito de Alal que el ajuste no puede silenciar
A cinco meses del cierre de la textil Alal, el conflicto en Goya entra en una fase de máxima tensión. Con 260 trabajadores despedidos que aún no han percibido un solo peso de sus indemnizaciones, la lucha se traslada ahora a los grandes escenarios oficiales. Mientras la política inaugura obras y se prepara para la fiesta, cientos de familias correntinas denuncian el abandono y la falta de respuestas de una firma que cerró sus puertas dejando un tendal de desocupados en una economía que ya no ofrece red de contención.
La situación de los ex operarios de Alal es desesperante. Sin empleo y con las indemnizaciones adeudadas, el grupo ha decidido profundizar las medidas de fuerza. Ayer, aprovecharon la inauguración de las defensas costeras para visibilizar su reclamo ante la presencia de funcionarios provinciales. La estrategia es clara: si no hay soluciones, no habrá paz para los actos oficiales.
EL SURUBÍ BAJO LA SOMBRA DEL CONFLICTO
La protesta amenaza con escalar durante el evento más importante de la provincia: la Fiesta Nacional del Surubí. Los trabajadores evalúan intervenir durante la largada de lanchas el próximo sábado, buscando que el país entero vea que en la Corrientes de la "estabilidad", hay familias que no tienen para comer.
El reclamo no es solo por dinero; es por dignidad. Apelan a la empatía de una comunidad que ve cómo se apaga uno de los motores industriales de la región mientras el sector político mira para otro lado.
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A pesar del ruidoso anuncio de mantener los precios fijos por 45 días, la petrolera estatal YPF aplicó un nuevo incremento en sus estaciones de servicio de la ciudad de Corrientes. El acuerdo, que debía regir hasta mediados de mayo, se desmoronó antes de cumplir el primer mes de vigencia. Con esta suba, YPF no solo rompe su compromiso público, sino que deja de ser la opción más económica del mercado local, obligando a los conductores correntinos a buscar refugio en otras banderas que —por ahora— mantienen sus valores.
Bajo la consigna de una "recomposición salarial urgente", los trabajadores de la sanidad nucleados en ATSA se manifiestan hoy frente al Hospital Escuela de Corrientes. La protesta desnuda la crisis estructural del sector: aumentos que en el bolsillo representan apenas $7.600, falta de pases a planta y una precarización laboral que se sostiene en el tiempo. Mientras el Gobierno provincial habla de equilibrio fiscal, los profesionales que cuidan la vida de los correntinos denuncian que sus ingresos no alcanzan para cubrir la canasta básica. ¿Es la salud una prioridad o el hilo más delgado del ajuste?
Mientras las publicaciones oficiales intentan instalar una "baja" en los índices de pobreza —utilizando datos del INDEC que contrastan brutalmente con la realidad de los barrios—, la crisis social en Corrientes Capital y el Interior desnuda una verdad inobjetable: la demanda en los comedores se ha duplicado. Bajo un manto de "solidaridad" ciudadana, se intenta suavizar el impacto de un modelo de ajuste que, en localidades como La Cruz, ha llegado al extremo de cerrar comedores municipales y desmantelar secretarías de salud pública. ¿Son datos reales o es una operación de maquillaje frente a la tragedia social?
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