La eliminación del Fon­do Federal Solidario, popu­larmente conocido como Fondo Sojero y que estaba destinado a la realización de obras de infraestructu­ra, implicará un duro golpe a los municipios, aunque la Provincia también sentirá el impacto. De aquí hasta fines de 2019 representan más de $1.600 millones.
Este año quedaba por co­brar $340 millones y de ese total $102 millones le co­rrespondían a los munici­pios, distribución por goteo automático diario. El plan extraordinario de compen­sación que anunció el vier­nes el gobernador Gustavo Valdés, estipula una inver­sión global de $65 millones, es decir el 63,7% de lo que esperaban los intendente; el resto (el 36,3%) quedará en el limbo del ajuste ordenado por Mauricio Macri. 
En 2019 la Provincia per­derá el 100% de los recur­sos del Fondo Sojero y no hay oferta de compensación para los municipios corren­tinos. El plan de Valdés llega solamente a diciembre.
Entre lo que queda de 2018 y 2019, la Provincia perderá en total $1.640 mi­llones por la eliminación del Fondo Sojero. El 30% de esos recursos les correspon­día a los municipios, ahora ya no existe el Programa. 
Se le suman $1.300 millones de pérdidas por el Impuesto al Che­que (que se dejó de coparticipar, con el aval de los gobernadores cuando firmaron el Pacto Fiscal), de los cuales $250 millones les correspondían a los 72 municipios.
Por lo pronto, la com­pensación del Fondo Soje­ro supone un alivio que no obstante tiene condiciones específicas, en principio es para obras iniciadas o con ejecución definidas, lo hará la Provincia y no el Munici­pio que pierde protagonismo (puede tener significancia electoral). Y los intendentes renuncian a reclamos.

La eliminación del Fondo Sojero generó un efecto po­lítico adverso en casi todo el país, que complicó la ne­gociación que venía man­teniendo la Nación con las provincias para acordar la redacción del Presupuesto nacional 2019. 
No obstante, Corrien­tes es la primera provincia que avanza con un acuerdo con los jefes comunales. El acuerdo rubricado el vier­nes deja en claro que los municipios deberán pre­sentar los proyectos ante el Ministerio de Coordinación y Planificación para su no objeción y pueden abarcar obras nuevas, continuación de las ya existentes y refac­ciones, como también obras contempladas en Conve­nios de Cooperación.
Los municipios deberán estar al día con las rendicio­nes del Fondo Federal Soli­dario y el Fondo Especial de la ley 6.311, y tener aproba­do el Acuerdo Provincial de Responsabilidad Fiscal.
Desde Hacienda de la Provincia también especi­ficaron que los municipios se comprometen a no ini­ciar reclamos administra­tivos y/o judiciales por la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 756/2018. 
En cuanto a las comunas de Mercedes e Itatí, fueron las únicas dos que no se ad­hirieron a esta especie de compensación que quiere realizar el Gobierno provin­cial (ver aparte). 
Con respecto a de dónde proviene el fondo para com­pensar la pérdida, la Provin­cia no ha especificado. 
En consecuencia, desde la semana pasada la Nación estudiaba la posibilidad de compensar la pérdida mi­llonaria por la desaparición del Fondo Federal Solidario, con fondos de la Anses.
Según publica un matu­tino porteño, la idea que se explora implicaría aumen­tar un punto porcentual el crédito del 6% del Fondo de Garantía de Sustentabi­lidad (FGS) de la Anses que recibirán las provincias el próximo año. Se trata de unos 9.000 millones de pe­sos que irían destinados a obras de infraestructura en los municipios. 
Fuentes del Gobierno provincial admitieron que ésa fue una de las alter­nativas conversadas entre ministros provinciales y funcionarios naciona­les. Sin embargo, fueron cautos y advirtieron que por ahora es sólo una de las ideas esbozadas en la mesa de discusión. 
Vale aclarar que la com­pensación que recibirán las comunas es sólo para lo que resta del año. De esta manera, la Provincia financiará a los muni­cipios que se adhieran, obras que contribuyan a la mejora de la infraes­tructura sanitaria, edu­cativa, hospitalaria, de vivienda o vial en ámbitos urbanos o rurales, hasta el importe correspondiente a la pérdida neta de recursos originada por la aplicación de los decretos Nº 756 y Nº 767/18, para el período fis­cal 2018. Siempre y cuando las obras a realizarse en los municipios sean presen­tadas formalmente como proyectos.s

Fuente:www.nortecorrientes.com