La represión marcó el fin de la crisis so­cial que había comenzado con el quiebre institucional. Tras las balas, los gases y los palazos, desembarcó la intervención federal encabezada por el radical Ramón Mestre que habría de anestesiar la historia. Pese a todo, el reclamo siguió adelante.

Ayer, el Ministerio de Justicia y Dere­chos Humanos de la Nación publicó en el diario Página/12 una carta en la que da a publicidad el acuerdo de solución amisto­sa “Ignacio Cardozo y otros”, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en forma conjunta con el Estado argentino y las víctimas.

Se trata de la vía de solución pacífica a la que arribaron la Nación y las personas que el 17 de diciembre de 1999 sufrieron una re­presión de parte de Gendarmería Nacional para lograr el desalojo del puente Belgrano.

En la carta, el Estado reconoce que tanto la Gendarmería como la Prefectura Naval Argentina “hicieron un uso desproporcio­nado de la fuerza contra trabajadores que protestaban por la falta de pago de sus sa­larios”. Y “en virtud del mencionado acuer­do, el Gobierno argentino deberá adoptar diversas medidas de reparación, las cuales son objeto de seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, admite el Estado en la publicación. Añade que “las medidas reparatorias no pecunia­rias incluyen la elaboración de la presente gacetilla de prensa de forma consensuada con los peticionarios con el fin de dar pu­blicidad al mencionado acuerdo, articular con las áreas correspondientes a los fines de impulsar la investigación penal para que se identifique y sancione a los autores ma­teriales e ideológicos de las muertes y le­siones, incluso a quienes ya han tenido su retiro efectivo”.

Con relación a la carta publicada, la re­presentante de organismos de Derechos Humanos de Corrientes, Hilda Presman, señaló que la misiva forma parte de los acuerdos pautados, pero que además se encuentra en etapa de integración un tri­bunal arbitral para la determinación de reparaciones pecuniarias. “Ese tribunal de­berá integrarse con un representante de la querella, que es el abogado Marcelo Parrilli, uno por el Estado nacional y otro que surja del consenso entre las partes, pero como desde 2015 no se registran avances en esa integración, el 18 de diciembre le pedimos por carta a la Cancillería que interceda por las víctimas y sus familiares para que se complete ese paso”, dijo Presman a Télam.

Además la dirigente acompañó a las víc­timas el 20 de diciembre pasado a una reu­nión con el juez Carlos Soto Dávila, quien tiene a su cargo la causa penal y quien jus­tamente en 1999 autorizó a las fuerzas a desalojar el Puente. s

Fuente:www.nortecorrientes.com