En el decreto Nº 1.351 publicado en el Boletín Oficial Nº 27.194 con fecha del pasado 1 de setiembre de 2016, el interventor del Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico), Bernar­do Rodríguez, aplicó una mejora sustancial en sus haberes.

Los referentes sindicales de la Asociación de Traba­jadores del Estado (ATE) calcularon las mejoras en $3.500 por funcionario. Es extensiva desde la inter­vención, subintervención y demás funcionarios (ver aparte)

Como indica la fecha del decreto en cuestión, la me­dida se dio en pleno recla­mo del arco sindical, por aumentos salariales para todos los empleados esta­tales.

El decreto Nº 1.351 mo­dificó y amplió el artículo 1º del decreto 214 de fecha 21/2/2014, el que quedó redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º: desíg­nase en el cargo de inter­ventor del Invico, al con­tador público, Rodríguez, Bernardo Eugenio, DNI Nº 20.086.634, quien percibirá por la tarea encomendada una remuneración equiva­lente a la clase 1030, esta­blecida por el decreto Nº 101 de fecha 21 de diciem­bre de 2001 y sus modifica­torias”.

Además de las sustancia­les mejoras en los haberes, otra medida contenida en el decreto Nº 1.352, publi­cada en el mismo Boletín Oficial, designó en el cargo de subinterventor del Invico a Veglia, Julio César, DNI Nº 18.295.891, quien percibirá por la ta­rea encomendada una remuneración equiva­lente a la clase 1031, esta­blecida por el decreto Nº 101 de fecha 21 de diciem­bre de 2001 y sus modifica­torias.

Lo objetado en la autoa­signación de mejoras sala­riales para los funcionarios es que se basa en otro de­creto de diciembre de 2001, por el cual la actual admi­nistración provincial creó una serie de cargos políti­cos y los diseminó en todos los estamentos. Por fuera de la ley 4.067 del empleo pú­blico y de otro norma que regula las remuneraciones estatales. s

Un decreto bajo la lupa de lo jurídico

El decreto Nº 101/01 de fecha 21 de diciembre de 2001 estableció una nueva escala de remuneraciones, sin que el mismo sea elevado para consideración y tratamien­to por parte del Poder Legislativo, para las autoridades superiores.

El artículo primero, además de prever una nueva es­cala de remuneraciones, creó nuevos cargos: el de con­sejero: principal, superior, ayudante y auxiliar, contra­dictorio de los procedimientos establecidos en las leyes especiales y decretos reglamentarios, los cuales regulan los actos u operaciones de los que se deriven transfor­maciones o variaciones en la hacienda pública. El decre­to de inicios de la década pasada siempre fue observado ante los posibles delitos: “De defraudación y fraude a la administración pública previsto y reprimido en los ar­tículos 173º inc. 7 y 174º inc. 5”. El mencionado decre­to 101/01 significó, a lo largo de todos estos años, una considerable diferencia a favor en las remuneraciones de todas las personas que se vieron beneficiadas por el mismo; discriminatorio respecto de aquellos cuya de­signación no fue encuadrada en dicha norma.s

Fuente:www.nortecorrientes.com