Por Claudio Scaletta

Con la indignación no alcanza. Existe una desconexión entre la clase dirigente y las consecuencias de sus actos. La culpa no es siempre de los otros. La decadencia ya lleva demasiado tiempo. Medio siglo es demasiado tiempo. La economía no crece, el producto per cápita cae tendencialmente. Las condiciones de vida se deterioran. La clase media se achica sin parar y se consolida un núcleo duro de pobreza estructural. Los científicos emigran por asfixia económica. La infraestructura energética y de transporte se deteriora sin parar. Los resultados de las pruebas educativas son decepcionantes. La salud pública, la única a la que accede la población de menores ingresos, permanece bajo ataque. Las jubilaciones se pauperizan, envejecer no es tiempo de alivio, sino de desgracia. La estructura productiva se descomplejiza. La deuda pública aumenta persistentemente. Los grados de libertad de la política económica desaparecen en el altar del poder de los acreedores. Y todos y cada uno de estos problemas fundamentales, esenciales para cualquier país, se mantienen mayormente ausentes de un debate público abiertamente conducido por unas pocas corporaciones. Los medios de comunicación ya no pertenecen a periodistas, sino a grupos empresarios. Su objetivo central es distraer, los momentos de seriedad se reservan para asociar la precaria estabilidad económica con la necesidad de destruir los restos del Estado, el gran objetivo, el enemigo que cobra impuestos.

En el camino parece darse la vida por ahorrar unos pocos pesos en el Presupuesto, mientras que sumar miles de millones de dólares de deuda nueva no le importa a nadie. Una escala de prioridades en el mejor de los casos “extraña”. El mismo Presidente que se jacta de llevar adelante el ajuste más grande de la historia declara suelto de cuerpo su “voluntad de pagar” los 16.000 millones de dólares inventados por un tribunal extranjero, otro dato “extraño”. Mientras tanto la población contempla siempre mansa. Solo desespera a la hora de votar cuando, impotente, patea el tablero sin advertir sobre quienes caerán los pedazos.

El nuevo fallo buitre, el último capítulo del neoimperialismo judicial, puso nuevamente en primer plano el patetismo de la clase dirigente local. En vez de unirse frente al enemigo común que intenta apropiarse de la principal empresa estratégica del país, el fallo se utiliza para la politiquería cortoplacista, para echar culpas, para enfatizar preferencias ideológicas sobre el rol del Estado. Puede que la población no elija a sus representantes en función de nuestros gustos, pero no se equivoca cuando su voto expresa un sentimiento anticasta. La identificación del rechazo a la casta, incluso antes que el problema de la inflación, fue el principal acierto electoral de Javier Milei. No importa que La Libertad Avanza se comporte hoy como una ultra casta. La población eligió a un outsider de la política porque, con razón, se hartó de su clase política.

Lamentablemente no alcanza con votar. El país sigue sin poder construir consensos básicos. El día que Mauricio Macri decidió pagarle a los fondos Buitre más dinero del que reclamaban, 18.000 millones de dólares cuando Kicillof como ministro de Economía ya había negociado 13.000 millones y se aspiraba a seguir reduciendo el número, sentó un peligroso precedente para el futuro. En adelante a ningún fondo buitre le importaría la resistencia de un gobierno que defendiera los intereses nacionales, siempre llegaría una nueva administración más permeable, más venal. Siempre llegaría un Milei con voluntad de pago.

Pero cuidado, no es una historia de buenos y malos. El grupo Petersen vendió el reclamo a YPF al fondo Burford en “sólo” 17 millones de euros, pero tomó la precaución de quedarse con el 30 por ciento de lo que se obtuviera al final del camino. Suponiendo 16.000 millones de dólares, podría quedarse con 4.800 millones. El “grupo Petersen” es el nombre empresario de fantasía de la familia Eskenazi, grupo financiero fundado por papá Enrique que nació al gran capital de la mano de la privatización del Banco de Santa Cruz. Tal el origen del “capital nacional” que Néstor Kirchner, en su página más oscura, hizo entrar por la ventana a YPF, “los expertos en mercados regulados” que en dos etapas se hicieron con un cuarto de las acciones de la compañía sin poner un solo peso, una ingeniería financiera inaccesible para la comprensión de los comunes mortales, pero convencional y habitual según algunos economistas, no solamente ortodoxos. Este fue el fracasado, desde la perspectiva del país y de YPF, paso previo a la reestatización.

Lo que se intenta destacar aquí no son los pormenores del fallo de la jueza Loretta Preska, la heredera del tristemente célebre juzgado buitre del extinto juez Thomas Griesa, pormenores que a esta altura el lector seguramente conocerá, sino poner en primer plano las potencialidades del desarrollo que quedaron en el camino o se demoraron y que no son atribuibles a la impericia o virtud de tal o cual gobierno, sino a la falta de políticas de Estado, esas que para cualquier proyecto de desarrollo deberían ser indiscutibles cualquiera sea la fuerza que gobierne.

YPF se reestatizó vía expropiación respetando todos los caminos constitucionales, es decir de la legislación local e internacional, porque en su etapa privada el país perdió el autoabastecimiento energético. No fue una razón ideológica, sino de racionalidad económica básica. El año de la recuperación del 51 por ciento de las acciones fue 2012. Es importante recordarlo hoy para advertir el efecto mariposa de las decisiones económicas. La privatización se tradujo en el virtual vaciamiento de la empresa por parte del capital español, que en la década del ’90 del siglo pasado disfrutó de la segunda conquista de América. La pérdida resultante del autoabastecimiento, es decir la reaparición del déficit energético, aceleró la reaparición del déficit de la cuenta corriente del balance de pagos. Para no devaluar el gobierno de entonces recurrió al cepo cambiario, lo que siguió es historia conocida. Pero la restricción externa fue un hecho y fue la razón del estancamiento económico iniciado en 2011 y que se proyecta hasta el presente. Tal el efecto de largo plazo de las malas decisiones económicas. De la misma manera, La Libertad Avanza disfruta en el presente de la buena decisión de la recuperación de la compañía, la que permitió el desarrollo de Vaca Muerta, que la española Repsol pretendía vender, y de los hidrocarburos no convencionales en general. Sin contar el bochornoso capítulo Eskenazi, el kirchnerismo se tomó 9 años para recuperar la empresa. Siempre más vale tarde.

Pero el balance más triste es que de las malas experiencias no se aprendió nada. La clase dirigente local, la más entrenada del planeta en desperdiciar oportunidades de desarrollo, cree que no será ella quien deba enfrentar el costo del nuevo fallo de la pata judicial del imperialismo. En paralelo, las clases medias no advierten que sus viajes baratos al exterior son posibles, por ahora, gracias a la recuperación de 2012, la que en el presente aporta los dólares del superávit energético que ayudan a sostener la sobrevaluación cambiaria. Y finalmente, tampoco se aprendió que no cerrar filas frente a los buitres del exterior y preferir la mezquindad política tiene efectos devastadores en el largo plazo, en este caso la potencial pérdida de la última empresa estratégica que le queda al Estado nacional para promover un sector dinámico por fuera de los intereses de corto plazo del capitalismo más rapaz.

Fuente: www.eldestapeweb.com