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17 de mayo de 2014

Escándalo Oscar Aguad: ediles evalúan acciones por la prescripción

Con el repudio unáni­me al dictamen de la Cor­te Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), por la prescripción de la causa judicial contra el ex inter­ventor federal de la Comu­na capitalina Oscar Aguad (UCR), por la toma y des­tino de un crédito de 60 millones de dólares cuan­do ocupaba el cargo entre 1999 y 2000, el bloque kirchnerista del Concejo Deliberante de la capital provincial evalúa una se­rie de acciones para evitar que el fallo del máximo órgano judicial del país se diluya en el tiempo. Agus­tín Payes, del Frente para la Victoria (FpV), conside­ró que “la sociedad nece­sita conocer al culpable de esta deuda, y de quien fue protagonista del gobierno intervencionista de aque­llos años. Es un delito que cometió y que deben co­nocer no sólo los correnti­nos, sino los cordobeses y el país”.

Repudiaron por unanimidad el fallo de la Corte Suprema. Estudian expo­ner ellos mismos el caso ante diputa­dos nacionales.
16 de Mayo, 2014

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En el inicio de la sesión del pasado jueves se abor­dó el tema que tuvo, in­cluso después de hacerse público, su correlato en la Cámara baja del Congre­so de la Nación. Allí la di­putada nacional del (FpV) Araceli Ferreyra pidió jui­cio político para Aguad, quien es diputado nacional -reelecto el año pasado- en representación de la UCR de Córdoba. 

Para el concejal Payes se podría hacer una serie de acciones. “Irnos a la Capital Federal e informar a los le­gisladores nacionales sobre el accionar de este dirigente político que ahora es legis­lador”, dijo el funcionario. En idéntica línea coincidió su par de la oposición Gabriel Romero (Libres del Sur): “Debemos te­ner acciones superadoras a estas situaciones que representan un pasado traumático para Corrien­tes”, manifestó. El edil que integra la alianza oficialista a nivel provin­cial y que es opositora en el Concejo, calificó a la última intervención federal como una “dictadura militar”.

El vicepresidente prime­ro del deliberativo, Omar Molina (FpV), aportó ade­más del repudio, su indig­nación sobre la prescrip­ción de la causa judicial. “Los correntinos debemos soportar discursos de mo­ralidad y ética en los me­dios de todo el país...”

Molina, al igual que el res­to de los concejales, un día después de la aprobación del proyecto de repudio a la prescripción de la causa ju­dicial retomó el planteo que está sin dilucidar desde el año 2000 cuando se denun­ció penalmente la maniobra. “Aún sigue sin explicar los destinos de los 60 millones de dólares que solicitó en calidad de préstamo”. 

Otro de los opositores, Hugo Calvano, de la Coali­ción Cívica (ARI), remarcó la “necesidad de que conoz­can los correntinos no sólo en qué se utilizó ese dine­ro, sino quién lo otorgó. En base a qué se lo liberó desde el Banco Nación, es decir el origen de todo esto”. 

En lo jurídico legal, quie­nes participaron de la pri­mera etapa de la denuncia penal contra Aguad, como el letrado Ricardo Maldonado, también fue duro en la ca­lificación de lo dictaminado por la Corte nacional. “No esperaba esta resolución porque si se confirmaba que continuaba la acción pe­nal se iban a proponer más pruebas y nuevos peritajes. Fue un fallo irrazonable”, sostuvo ayer en varios me­dios de comunicación co­rrentinos. 
Para la próxima semana los diputados nacionales de Corrientes Araceli Ferreyra y Fernando Marcópulos, ambos del (FpV), insistirán en la cuestión de privilegio para avanzar con un juicio político al legislador cordo­bés. En esta semana que fi­naliza, algunos de sus pares de Córdoba anticiparon que se sumarán a las solicitudes. 

En ese marco fue la dipu­tada Ferreyra quien deslizó otras aristas con respecto al dictamen de la Corte na­cional y puntualizó el lugar que ocupa como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura el ex interven­tor federal en la provincia a inicios de la década pasada. “Se está discutiendo en ese ámbito el presupuesto que manejará el Poder Judicial. No sé, me da que pensar”, señaló.

  Fuente:www.hoycorrientes.com

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